LASILLAVACIA.COM,
Comenzando la semana, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le reclamó al Procurador Alejandro Ordóñez por el lento avance de los procesos contra los concejales de Bogotá vinculados al ‘cartel de la contratación’, en contraste con la rapidez con que falló la destitución de su exsecretario de Gobierno, Guillermo Asprilla. De esta manera, Petro insinuó que existe una ‘selectividad’ en los distintos ritmos del Procurador.
Como ya habíamos hecho en esta nota, La Silla Vacía revisó los tiempos de algunos procesos muy sonados que son competencia del Ministerio Público, para verificar si ha existido tal sesgo. Una conclusión de este ejercicio es que los casos donde están implicados conservadores, como el Procurador, tienden a ser menos expeditos o llaman menos la atención de Ordóñez que aquellos que involucran a personajes de izquierda o de posiciones manifiestamente progresistas, con algunas excepciones.
Este es el cronómetro del Procurador.
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GUILLERMO ASPRILLA
La historia empezó el 30 de mayo de 2012, cuando El Espectador publicó una nota en la que denunciaba cómo 15 años atrás Asprilla, en representación de habitantes cercanos del relleno sanitario Doña Juana, presentó una demanda contra del Distrito por un desastre ambiental que afectó a varias familias. Como el litigio persistía, dijo el diario, el ‘alfil de Petro’ estaría inhabilitado para ser funcionario distrital, y lo habría estado también entre septiembre y diciembre de 2011, cuando hizo parte del Concejo de Bogotá.
Mes y medio después de la denuncia, más exactamente el 16 de julio, la Procuraduría ya le estaba abriendo pliego de cargos. Además, por solicitud del Ministerio Público el Tribunal Administrativo de Cundinamarca adelantó un proceso por pérdida de investidura contra Asprilla, pero el 24 de septiembre el Tribunal determinó que el secretario de Gobierno no estaba inhabilitado para serlo (solo tres magistrados, de treinta, votaron en contra de esta decisión) .
Sin embargo, el Procurador insistió en que Asprilla sí estaba inhabilitado cuando fue concejal de Bogotá los últimos tres meses de 2011. Calificando su falta como “gravísima a título de dolo”, decidió destituirlo e inhabilitarlo por 12 años para ejercer cargos públicos el 18 de diciembre, desestimando la defensa del procesado, quien había dejado de ser, desde febrero de 2011, representante de los demandantes en el pleito contra el Distrito. El ente de control lo rebatió sosteniendo que el documento en que Asprilla cedía la representación no había sido notificado al Consejo de Estado.
El fallo fue confirmado por la Procuraduría el pasado 4 de abril de 2013.
Tiempo total: Desde que se dictó el pliego de cargos, hasta que se dio el fallo de destitución en primera instancia, pasaron cinco meses y dos días.
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CONCEJALES DE BOGOTÁ
Tras 1 año de investigaciones preliminares, el 7 de diciembre de 2012 la Procuraduría abrió investigación formal contra 10 concejales y 7 exconcejales por su participación en el ‘cartel de la contratación’ de Bogotá .
Como referentes temporales de los procesos por este escándalo, la Procuraduría había iniciado las investigaciones formales contra Moralesrussi,Germán Olano, Iván y Samuel Moreno entre enero y mayo de 2011.
En el caso de los concejales, el Ministerio Público se basa en los testimonios del excontratista Emilio Tapia, el exrepresentante a la Cámara Germán Olano y el exsubdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez.
El proceso disciplinario es por tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos en las secretarias de Salud, Movilidad y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB.
Los concejales señalados fueron: Andrés Camacho, Javier Palacio, Severo Correa, Orlando Parada (Partido de la U), Fernando López, Julio César Acosta (Cambio Radical), Jorge Durán, Jorge Salamanca (Partido Liberal), Antonio Sanguino(Partido Verde) y Omar Mejía (Partido Conservador).
Los exconcejales señalados son: Edgar Torrado,Hipólito Moreno (Partido de la U), Fernando Rojas, Wilson Duarte (Polo Democrático), Henry Castro (Cambio Radical), Rafael Escrucería (PIN) y José Juan Rodríguez (Partido Verde).
Tiempo transcurrido: Aunque tardó un año en pasar de investigación preliminar a investigación formal, desde ese momento hasta ahora han pasado cuatro meses y doce días.
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ALONSO SALAZAR
Cuando apenas restaban dos meses para concluir su período como alcalde de Medellín, el 25 de octubre de 2011 el Ministerio Público formuló pliego de cargos contra Alonso Salazar por indebida participación en política.
Según el ente de control, Salazar había incurrido en una falta disciplinaria cuando, ese mismo mes, denunció públicamente que grupos al margen de la ley estaban constriñendo a los ciudadanos para votar por el entonces candidato a la Alcaldía de Medellín, Luis Pérez.
A los pocos meses, el 29 de febrero de 2012, la Procuraduría lo suspendió e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos, desestimando la defensa del exalcalde, según la cual su denuncia había tenido el objetivo expreso de proteger el patrimonio del Estado.
El ente de control aceptó que el constreñimiento denunciado por Salazar había existido, pero sostuvo la sanción argumentando que esas declaraciones eran participación en política pues el mandatario las conocía desde hacía tiempo y había optado por filtrarlas a los medios de comunicación específicamente al final de la campaña por la alcaldía, afectando el proceso electoral.
Tiempo total: desde la formulación de pliego de cargos hasta la sanción de la Procuraduría, pasaron 4 meses y 4 días.
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TIEMPO TRANSCURRIDO
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CONGRESISTAS DEL DNE
En noviembre de 2010, Juan Manuel Santos salió públicamente a declarar que la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) era “un gran foco de ilegalidad”. Por esa razón decidió intervenir la entidad, que de todas formas dependía del gobierno, y diez meses después firmó el decretoque ordenaba su liquidación.
¿En qué consistía el escándalo? De acuerdo con Santos, existían unas mafias que manejaban los bienes incautados y, falsificando la documentación, las entregaban a políticos, personas relacionadas con delincuentes, personas cercanas a los directivos de la entidad o a depositarios que resultaban ser testaferros del narcotraficante al que se le había incautado el bien.
La Procuraduría ha vinculado a este caso a dos exdirectores de la entidad. De un lado, el barón político de Nariño, el conservador Carlos Albornoz, a quien le formuló pliego de cargos el 11 de marzo de 2013. Esta decisión se dio cuatro años después de terminada su gestión al frente del DNE, que fue del 2006 al 2009.
Por otro lado, el ente de control también dictó pliego de cargos al director –también conservador- que sucedió a Albornoz y duró en el cargo alrededor de un año: Ómar Figueroa. Esto pasó el 17 de septiembre de 2010, y aunque trece meses después, el 10 de octubre de 2012, Figueroa fue absuelto, la semana siguiente el Procurador Ordóñez anunció que ese fallo iba a ser revisado. Pero no se conoce qué ha pasado con esa revisión hasta ahora.
Adicionalmente, por presunto tráfico de influencias al caso fueron vinculados 13 congresistas y excongresistas: 7 de ellos del Partido Conservador (Hernán Andrade, Luis Humberto Gómez, Miryam Alicia Paredes, Eduardo Enríquez Maya, Ómar Yepes Alzate, Óscar Fernando Bravo, Héctor José Ospina), 2 de Cambio Radical (Javier Enrique Cáceres, Miguel Pinedo Vidal), 2 del Partido Liberal (Enrique Rafael Caballero y Álvaro Ashton Giraldo), 1 del Partido de la U (Lucero Cortés Méndez ) y 1 de Colombia Democrática (Cristóbal Rufino Córdoba).
El 11 de marzo de 2011 el procurador Ordóñez ordenó la apertura de investigación preliminar en su contra, luego de que la Corte Suprema de Justicia compulsara copias por el caso. La última acción visible del Ministerio Público ocurrió en enero de 2012, cuando llamó a versión libre a los congresistas.
Tiempo transcurrido: aunque todavía no ha iniciado una investigación formal, desde la apertura de investigación preliminar han pasado dos años y un mes.
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JORGE IVÁN OSPINA
El 18 de febrero de 2011 la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el entonces alcalde de Calipor no haber asistido personalmente a las reuniones del Consejo Municipal de Política Social (COMPOS), en las sesiones del 16 de octubre, 30 de octubre y 13 de noviembre de 2008, y la del 10 de septiembre de 2009. El ente de control calificó entonces su falta como “gravísima a título de dolo”.
Diez meses después, el 13 de diciembre, se conoció el fallo en que se suspendía e inhabilitaba por seis meses a Ospina para el ejercicio de cargos públicos. En esta ocasión, la falta volvió a ser calificada como “gravísima”, aunque ya no a título de dolo sino con “culpa grave”. De todas formas, el alcalde de Cali tuvo que apartarse de su cargo un mes antes de que concluyera su período.
El fallo de sanción fue ratificado en segunda instancia el 11 de octubre de 2012.
Tiempo total: desde la formulación de pliego de cargos hasta la sanción de la Procuraduría, pasaron 9 meses y 25 días.
TIEMPO TRANSCURRIDO
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PALACIOS DE FONSECON
La Silla Vacía denunció el 12 de agosto de 2009 que el entonces ministro de Interior, Fabio Valencia Cossio, estaba utilizando los recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia (Fonsecon) para construir no menos de cincuenta palacios municipales con fines políticos, específicamente para beneficiar a algunos congresistas que apoyaron la reelección de Álvaro Uribe.
La Silla encontró que de los congresistas beneficiados por los recursos de Fonsecon (que tradicionalmente se habían destinado para construir estaciones de policía, implementar líneas 1 2 3 e instalar alarmas comunitarias), seis habían tenido un papel crucial para que la reelección no se cayera: Hernán Andrade, Juan Manuel Corzo, Myriam Paredes, Eduardo Enríquez Maya y Pedrito Pereira, todos por esa época del Partido Conservador, y Odín Sánchez del Partido de la U.
Once días después de la denuncia, el entonces candidato presidencial por el Partido Liberal, Rafael Pardo, declaró públicamente en Popayán que el caso de los palacios era un fenómeno de corrupción mucho más grave que la ‘Yidispolítica’, y pidió una audiencia con el Procurador Ordóñez para entregarle más información sobre el caso.
Frente a las escandalosas denuncias, el Ministro Valencia Cossio solo las desestimó como “producto de la desinformación de la oposición”, aunque nunca aclaró, por ejemplo, por qué la entrega de palacios se había disparado durante los meses claves de la aprobación del referendo reeleccionista.
Al día de hoy la Procuraduría no ha abierto ninguna investigación disciplinaria por este caso.
Tiempo transcurrido: aquí el cronómetro del Procurador empieza a contar desde la denuncia de La Silla Vacía. Hasta ahora han transcurrido 3 años, 8 meses y 7 días.
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IVÁN MORENO ROJAS
La Procuraduría vinculó al entonces senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, y quien fuera alcalde de Bucaramanga, a una investigación preliminar el 25 de octubre de 2010 por el ‘cartel de la contratación’ de Bogotá. En concreto, por haber solicitado una comisión a los miembros del Grupo Nule a través del abogado Álvaro Dávila, a cambio de interceder a su favor en la adjudicación de tres contratos viales en Bogotá, entre los que estaba el de la fase III de Transmilenio.
Cuatro meses después, el primero de marzo de 2011, Alejandro Ordóñez le formuló pliego de cargos por el delito de concusión y calificó su falta como “gravísima a título de dolo”. Iván Moreno se había valido de su condición de senador y hermano del alcalde de Bogotá Samuel Moreno para exigir pagos ilegales. La destitución de Moreno en realidad siempre estuvo ‘cantada’, pues las pruebas que usó el Procurador eran las mismas que ya había usado para destituir al excontralor distritalMiguel Ángel Moralesrussi.
Acompañada de una inhabilidad por 20 años para ejercer cargos públicos, dicha destitución llegó el 20 de enero de 2012 en fallo de única instancia.
Tiempo total: Desde la formulación de pliego de cargos hasta el fallo de destitución, pasaron diez meses y diecinueve días.
TIEMPO TRANSCURRIDO
AÑOS
1
MESES
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HORAS
9
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ALTOS FUNCIONARIOS DE LA DIAN
El 13 de julio de 2011el Gobierno, en boca de Santos, denunció públicamente el desfalco a la DIAN . Aunque se identificaron varias prácticas de corrupción, el escándalo se centró en un grupo de 17 empleados de la entidad (entre abogados y contadores), dedicado a crear empresas de fachada para hacer el montaje de una venta de productos a una comercializadora internacional. Presentada como una exportación, las empresas cobraban a la DIAN por esta falsa transacción el beneficio tributario (devolución del IVA) que tienen los exportadores.
El desfalco habría empezado en 2004 y su monto se calculó en 400 mil millones pesos anuales. Se denunció que varios funcionarios estaban implicados en la omisión de algunos controles y verificaciones, permitiendo así el cobro de esos recursos. Al final Blanca Jazmín Becerra, una empleada que ganaba un sueldo menor a los 2 millones, fue señalada como el “cerebro” del desfalco en Bogotá y sentenciada a una pena de 26 años de cárcel.
En 2007, tanto la Procuraduría como la Fiscalía habían iniciado una investigación en contra del entonces jefe de impuestos de la Dian, el conservador Néstor Díaz, por un desfalco a la entidad calculado en el billón de pesos. Aunque salió bien librado del proceso, alcanzó a ser condenado William Salterén, esposo de una sobrina de la exesposa de Díaz, y uno de los investigados, el sobrino de Díaz Cosme Noel Mateus Silva, resultó muerto.
Néstor Díaz pasó a ser jefe de la Dian de 2009 a 2010, luego de haber estado vinculado a esa entidad por cerca de 30 años. Aunque algunos investigadores han señalado la posibilidad de revivir su caso, hoy en la Procuraduría no existe ni siquiera una investigación preliminar en su contra.
En julio de 2011, el mismo mes en que el gobierno Santos hizo estallar públicamente el escándalo, la Procuraduría formuló pliego de cargos no solo a Díaz, sino también a otro exdirector de la Dian, Óscar Franco, presuntamente por haber omitido recaudar impuestos equivalentes a 37 mil millones de pesos que debía el Grupo Nule. Sin embargo esa investigación fue archivada al mes siguiente, y Díaz y Franco resultaron absueltos por la Procuraduría de Ordóñez.
El Ministerio Público todavía no ha sancionado a ningún pez gordo del desfalco a la Dian. Este año, entre febrero y marzo, llamó a juicio disciplinario a seis funcionarios de la entidad, pero todos de rango medio.
Por otra parte, no se ha esclarecido la participación de un excongresista, supuestamente cercano a Díaz, quien según una denuncia de La FM, habría orquestado todo el fraude.
Tiempo transcurrido: aunque al día de hoy la Procuraduría no tiene abiertas investigaciones disciplinarias a ningún alto funcionario de la Dian, desde que estalló el escándalo de corrupción han transcurrido un año, nueve meses y seis días.
TIEMPO TOTAL
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MARÍA MULATA
En febrero de 2009, siendo alcaldesa de Cartagena, Judith del Carmen Pinedo Flórez vendió una porción de terreno, ubicada en el sector del Laguito en la capital de Bolívar, a la promotora inmobiliaria propietaria del Hotel Dann. La venta se hizo como parte del programa de ordenamiento de baldíos liderado por la Alcaldía.
Un año y tres meses después, el 21 de mayo de 2010, el Ministerio Público dio apertura a una investigación formal por estos hechos, argumentando que el terreno vendido incluía una zona playera que no era baldío sino un bien de uso público, es decir, no susceptible de comercialización.
Mientras avanzaba la investigación, María Mulata, como se conoce a Pinedo, terminó su período en la Alcaldía y empezó a trabajar como asesora de la Presidencia en temas de pobreza. Y el 3 de abril de este año que la Procuraduría emitió un fallo, suspendiéndola durante un año para el ejercicio de cargos públicos, calificando su falta como “gravísima a título de culpa grave”.
Aunque falta el fallo de segunda instancia, esta sanción bien podría interponerse en los planes del Partido Verde que le ofreció a María Mulata integrar su lista al Congreso, como contó La Silla Vacía.
Asimismo, el 22 de enero de 2012 la Procuraduría formuló pliego de cargos a Pinedo Flórez por otro caso: haber nombrado a tres funcionarios de su administración sin cumplir, presuntamente, los requisitos exigidos por la ley. Los tres funcionarios son el secretario de despacho de la Alcaldía, Luis Ernesto Araújo, la secretaria de Hacienda del municipio, Vivian Eljaiek Juan, y la gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social (Corvivienda), Mariana Mosquera Cuesta. Este proceso disciplinario todavía no se ha fallado.
Tiempo total: en el primer caso, desde que se inició la investigación disciplinaria hasta el fallo de suspensión, transcurrieron dos años, diez meses y 29 días.
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ANDRÉS FELIPE ARIAS
El 11 de octubre de 2010, la Procuraduría abrió pliego de cargos en contra del ex Ministro de Agricultura -conservador- por las irregularidades presentadas en el programa Agro Ingreso Seguro. Un día después el Ministerio Público confirmó que ya había notificado a Arias formalmente de la decisión, así como a Andrés Fernández, ex ministro de Agricultura, al ex gerente del Incoder, Rodolfo José Campos Soto, y ocho funcionarios más.
La investigación formal se justificó aduciendo el encuentro de fallas en la realización de estudios previos para la celebración de los convenios para la entrega de subsidios, así como en su ejecución. En el caso particular de Arias, se sumaron las posibles irregularidades en los gastos de administración y en los convenios de cooperación científica y tecnológica relacionados con los subsidios.
El 19 de julio de 2011, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos, una decisión que fue confirmada el 13 de diciembre de ese año en fallo de segunda instancia. Este fue un caso rápido y de alguna manera es una excepción a la regla de que los conservadores tienen más suerte con el Procurador.
Tiempo total: Desde que se dictó el pliego de cargos, hasta que fue destituido e inhabilitado, transcurrieron 9 meses y 8 días.
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