Certificados de pagos de vigencias futuras y peajes respaldarán la seguridad del ahorro de los trabajadores.
Tener garantías para respaldar la inversión de los recursos es el escollo para poder aprovechar buena parte del ahorro de las pensiones de los colombianos (que llega a 126 billones de pesos) en el esfuerzo de sacar al país de su atraso en infraestructura.
En medio del rezago en infraestructura, en dos décadas de existencia de las administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFP) no se ha podido canalizar recursos para las grandes obras.
La razón, las AFP no se atreven a entregar los ahorros de los trabajadores a un sector aquejado por líos como incumplimientos en la entrega de obras, litigios de contratistas con el Estado, problemas prediales, ambientales o con comunidades.
De acuerdo con Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio de las administradoras privadas de fondos de pensiones y cesantías (AFP), “falta definir algunos aspectos, como las garantías y los plazos definitivos” para que los concesionarios de los grandes proyectos puedan emitir bonos que les permitan obtener recursos prestados.
Sin embargo, dice Montenegro, la base fundamental para estructurar bonos con el ahorro de los trabajadores debidamente protegido “ya está casi lista”.
El directivo señala que faltarían unos meses de trabajo, y el diseño definitivo de los bonos para invertir en infraestructura estaría listo en septiembre.
Así mismo sostiene que se saldría al mercado con estos papeles mínimo en dos años, cuando se haya terminado la primera fase de esos proyectos, pues sin esto es imposible que los fondos puedan aventurarse a invertir.
El Gobierno ha identificados los riesgos de esas obras, y sobre estos debe trabajar las garantías, que se ampararían con pólizas, por los certificados de pago de vigencias futuras y los ingresos obtenidos por los peajes.
Montenegro ha dicho que del total del ahorro para pensiones se podrían destinar unos 25 billones de pesos para financiar los proyectos.
El diseño de la operación de los bonos se trabaja en reuniones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con Asofondos. Sin embargo, este año ha habido solo una reunión, y luego un segundo encuentro se ha pospuesto varias veces, según fuentes cercanas al proceso.
En la estructuración de los bonos, que tendrían plazos de entre 25 y 30 años, se buscaría que las unidades funcionales (tramos de carretera en operación) de 50 millones de dólares sean independientes, para que ante un incumplimiento del constructor o eventos como un derrumbe no corra riesgo el ahorro pensional.
Según el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, “la idea general es que la fase de construcción se financie con préstamos bancarios, de máximo 7 a 10 años. Tan pronto se van entregando los tramos, se emitirán los bonos para refinanciar la deuda bancaria”.
PAQUETES DE PROYECTOS
Cuando se estructuren los bonos para vías, el Banco Mundial, el BID y la CAF armarán una empaquetadora de proyectos, que será un puente entre concesionarios y las AFP y otros inversionistas.
La empaquetadora compra los tramos terminados y emite los bonos que las entidades multilaterales tienen bajo capital.
En principio comprará más de US$ 1.000 millones, explica Víctor Traverso, representante de la CAF en Colombia.
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