ELTIEMPO.COM, EDITORIAL 21 de Abril del 2013
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El ambiente político en Bogotá ha vuelto a agitarse. Nuevas revelaciones en torno al nefasto ‘carrusel’ de contratos que se activó en el gobierno pasado y esquilmó las arcas de la ciudad revivieron una ola de recriminaciones que, de no morigerarse, pondrá en serios aprietos la ya deteriorada relación entre Alcaldía y Concejo en momentos en que ambos deben asumir posiciones claras frente a proyectos determinantes para el futuro de la capital.
La indignación del alcalde Gustavo Petro es entendible. Las secuelas de la repartija que se dio entre contratistas, funcionarios y políticos las ha tenido que pagar la ciudadanía. E, incluso, la hiperbólica dimensión que él quiere darle al hecho puede llegar a ser comprensible, como aquella de que el saqueo pudo costar vidas humanas.
Es la misma indignación que sienten los ciudadanos, intensificada por la falta de celeridad de los procesos judiciales que permitan determinar el grado de responsabilidad de los involucrados y cerrar de una vez por todas este capítulo triste en la historia reciente de Bogotá.
Van a cumplirse dos años desde que los hermanos Moreno –Iván y Samuel– fueron privados de la libertad y aún no hay claridad sobre su situación. Aunque los principales contratistas involucrados en el escándalo han estado en la cárcel y han confesado, ninguno ha sido condenado; tampoco lo han sido los exfuncionarios que terminaron enredados en la componenda. De los políticos, solo el exrepresentante Olano está preso, mientras que, de una docena de concejales señalados de hacer parte del ‘carrusel’, apenas hay uno imputado.
Puede alegarse que la inestabilidad en la Fiscalía, las maniobras de ciertos abogados y la demora de los acuerdos con algunos inculpados han sido las causantes del actual estado de cosas.
Sin embargo, van tres años desde que EL TIEMPO, algunos concejales y el propio Petro expusieron los primeros indicios de lo que estaba sucediendo y no ha pasado mayor cosa.
Ahora que se conocen nuevos detalles del engranaje que permitió la conformación de un cartel de contratos que vulneró recursos en movilidad, salud y las principales empresas de servicios públicos, las recriminaciones están a la orden del día.
El Alcalde se ha ido lanza en ristre contra los concejales que, a su juicio, hicieron parte del cartel de corruptos y hoy quieren frenar su gobierno. Los acusa de haber aprobado la valorización que tantos dolores de cabeza está causando, de estar protegidos por instancias que debieron haberlos juzgado y de quererse volver una “mafiocracia”.
Esto ha enrarecido las discusiones sobre el futuro de la valorización y el cupo de endeudamiento que, por 4,3 billones de pesos, reclama Petro para más troncales, cables aéreos, vías, metro, etc., todas obras necesarias para la ciudad, pero, sobre todo, para blindarla de una posible contracción económica que termine por golpear seriamente el empleo. Ese es el trasfondo de los últimos tuits angustiosos del Alcalde.
Lo grave es que ambas iniciativas están hoy en una especie de limbo, obstruidas por el pulso político que libran los dos poderes de la capital antes que por su bienestar. Los cabildantes se sienten irrespetados y por eso van a su ritmo.
Es difícil construir consensos en medio de un ambiente tan caldeado. Con la desconfianza a flor de piel. Y, sin embargo, no hay otro camino, si no se quieren pagar los costos de una crisis más severa. El llamado es a conocer la verdad, por dura que parezca; criticar, exigir, pero sin dejar de lado que hay una urbe que construir.
...CON LA PLATA, CON LA JUSTICIA, CON LAS INSTITUCIONES Y CON LOS PROBLEMAS SIN RESPUESTA DE MILLONES DE COLOMBIANOS Y REGIONES TAMPOCO SE JUEGA. SE DEBE RESPETARLOS A ELLOS Y BUSCARLES SOLUCIÓN, Y NO ENCONTRAR CAMINOS CON BENEFICIOS PERSONALES SOLO PARA UNOS CUANTOS. CON ESTAS ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS, ES DIFÍCIL QUE EXISTA O SE LOGRE PAZ EN COLOMBIA EN EL CORTO PLAZO.
ResponderEliminarTampoco debiera el gobierno Nacional y Municipal, permitir que se juegue con la plata que representaba para la gran mayoria de los transportadores del servicio urbano de Cali, el único sustento para la subsistencia de sus familias, pues los operadores del MIO,estan actuando abusivamente al NO CANCELAR oportunamente, como se los prometieron al alcalde, los derechos por la cesión de los cupos y sus vehículos. Que bueno que algún periodista acogiera este tema.
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