ELTIEMPO.COM,
RUDOLF HOMMES , 25 de Abril del 2013
Rudolf Hommes
En Colombia se ha puesto de moda que cada presidente intente cambiar la Constitución por lo menos una vez durante su período presidencial.
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La idea de extender el período presidencial a seis años y la manifiesta intención del presidente del Senado y otros oportunistas de la coalición de gobierno de emprender a la carrera una reforma constitucional para extender sus propios períodos y el del Presidente causó alarma. Pero esta no alcanzó a manifestarse, porque se anticipó el Presidente a posponer la discusión y eventual puesta en marcha de esa idea, y aclaró que cuando la propuso estaba pensando que si él fuera reelegido podría renunciar a los dos años para que de ahí en adelante se aplicara el período de seis años.
Afortunadamente se desmontó a tiempo de esa idea, porque varios congresistas están temerosos de que no los vuelvan a reelegir, entre ellos los que estaban más dispuestos a cambiar la Constitución a toda mecha. Si no los hubiera detenido Santos, el Congreso hubiera votado masivamente a favor de esa reforma con el beneplácito de los alcaldes y gobernadores y hubieran intentado darnos un golpe de Estado a los colombianos.
Esto no ha sido analizado a cabalidad, porque el Presidente desactivó la bomba a tiempo, pero han quedado inquietudes que no tienen por qué esperar hasta después de elecciones para ser discutidas y debatidas.
La primera de ellas es con cuánta facilidad se puede cambiar la Constitución. Esto no es conveniente desde ningún punto de vista. Auspicia una permanente inestabilidad jurídica y política que se traduce en mayor incertidumbre y en pérdida de oportunidades de inversión y de desarrollo económico. Las constituciones no deben cambiarse cada rato, pero en Colombia se ha puesto de moda que cada presidente intente hacerlo por lo menos una vez durante su período presidencial.
No menos inquietante es la disposición de los congresistas a no tener en cuenta sus conflictos de intereses y a votar normas que los favorecen limitando su misión legislativa. Ellos quieren crear leyes o cambiar la Constitución en su propio beneficio, como lo hubieran hecho para concederles a todos los que están en posiciones de poder dos años más en esa capacidad. Esto es claramente inadmisible. En buena hora la Corte tumbó una norma, aprobada por el Congreso, que les permitía a los congresistas votar sin tener en cuenta sus conflictos de intereses.
Ellos, que deberían estar impedidos para votar libremente a su favor, están debatiendo si los ministros pueden proponer proyectos de ley que afectan a grupos económicos para los cuales pudieron haber trabajado antes de ocupar sus cargos. Pretenden impedir que personas calificadas sean nombradas ministro o ministra.
Los únicos que tendrían acceso a esas posiciones serían los políticos que tendrían control directo de los recursos del sector público para hacer lo que hoy les impiden hacer los ministros que no se dejan manejar por ellos. Uno de ellos, refiriéndose a esa situación, dice que a veces está tentado de renunciar a ese cargo y denunciar tanta robadera. Sería mejor que la denunciara sin tener que renunciar.
Es evidente que a esa clase de políticos no se les puede conceder la libertad de cambiar la Constitución cada vez que se les antoja.
Queda por debatir si conviene o no ampliar después de elecciones el período presidencial a seis años y hacer lo mismo con los alcaldes y con los congresistas.
Si se piensa en seis años de Petro o de Roy Barreras, en que el alcalde de Cartagena casi acaba con esa ciudad en menos de cuatro años, o que los de las Farc estarían dichosos mamando gallo en La Habana otros dos o seis años, es mejor dejar así, no cambiar la Constitución y preservar los períodos de cuatro años, con reelección o sin esta, que minimizan el costo de equivocarnos.
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