El mal
diseño del Estado frente a los retos que enfrenta lo público es problema
mundial, pero en Latinoamérica lo inadecuado de lo público es el mayor freno
para el crecimiento económico y la mejor distribución del ingreso: los malos
usos de recursos escasos causan deficiente educación, infraestructura y orden
social.
En Colombia el asunto es catastrófico: los procesos para formación y
operación del legislador, la justicia, la administración, y los mecanismos para
asegurar que las actuaciones de las instituciones públicas atiendan sus
propósitos son muy deficientes: promueven la corrupción y el despilfarro; creer
que un gabinete probo resuelve los problemas es ingenuo. No se hacen los
diagramas de flujo para ilustrar de manera ordenada los procesos, y así
detectar los defectos de diseño para corregirlos.
El asunto
tiene raíces históricas. La primera democracia liberal se forjó en Estados
Unidos en 1787, producto de negociaciones entre partidarios de una unión
flexible entre estados independientes y partidarios de un sistema federal con
carácter coercitivo; se convino régimen presidencial no vitalicio y esclavitud
en los estados del sur. La invasión francesa a la península ibérica creó
oportunidad de aumentar la autonomía de las colonias españolas, y las
iniciativas finalmente resultaron en la independencia de países precarios con
régimen presidencial y bicameral.
En el caso de la Gran Colombia, que incluía a
Venezuela y Ecuador, la débil articulación entre las regiones desembocó en la
separación de 1830, y en sucesión de guerras civiles en Colombia en el siglo
19. El ordenamiento conservador bajo el principio de centralización política y
descentralización administrativa, establecido por la llamada Regeneración de
1886, sufrió serias modificaciones desde entonces, quizá la más importante en
1936, en la cual el Estado hizo el tránsito a liberal en sus criterios de
diseño. En 1968 se le impartió sabor tecnocrático y en 1986 se estableció la
elección popular de alcaldes.
En 1991
se improvisó una nueva Constitución, impulsada por el deseo de los
narcotraficantes de suprimir la extradición, pero los procesos públicos básicos
quedaron muy mal ordenados. Se han sucedido múltiples modificaciones de manera
irresponsable, y las altas cortes evidencian mal diseño y desmesura. El
Congreso ha evidenciado cómo un gobierno impúdico compra la aprobación de sus
iniciativas, y la disfuncionalidad ha demostrado que el régimen presidencial,
fundado en sofismas de separación de poderes, es inconveniente para estas
épocas complejas.
Sería
fácil y barato cambiar las cosas: se debería contratar un equipo
multidisciplinario de expertos en diseño institucional, de diversas partes del
mundo desarrollado, para estudiar la Constitución en forma ordenada, articulo
por artículo, frente a criterios básicos de diseño: legislador responsable,
partidos efectivos como vehículo único de financiación de campañas, justicia
independiente y efectiva, cúpula administrativa pluripersonal, autonomía regional,
respeto por los derechos individuales y monopolio efectivo del poder coercitivo
por el Estado. Las empresas y fundaciones podrían financiar el proceso, que
desembocaría en un esfuerzo comunicativo y pedagógico, cuyos resultados se
incorporarían a la propuesta, que se sometería a referendo como un todo. Así,
sin gran esfuerzo, se salvaría la Patria.
Reflexiones al tema pensiones
Twitter: @orregojj
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