EditorialLR
El Gobierno debe meter el proyecto de ley que reforma las pensiones antes de que las firmas calificadoras y la banca multilateral lo recomienden, tal como sucede en otros países
La segunda legislatura de este cuatrenio que comienza el próximo 20 de julio debe estar marcada, entre otras iniciativas no menos importantes, por el largo y arduo debate que le espera a la reforma pensional. Las tres últimas administraciones le han sacado literalmente el cuerpo a revisar el sistema pensional colombiano, no solo porque es una estructura joven en términos pensionales, sino porque en Colombia el debate laboral y pensional se ha politizado y son cientos los bulos que se han sembrado sobre la eficacia que representa la coexistencia de dos sistemas: uno público (heredado del desaparecido Seguro Social) y otro privado desarrollado por los fondos de pensiones, que dicho sea de paso han sido las entidades protagonistas del sistema financiero desde 1993, cuando se pusieron a andar.
No sobra volver a recordar que en Colombia existen dos regímenes que compiten abiertamente: el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (privado en las AFP) y el Régimen de Prima Media (público en Colpensiones). Si bien ambos sistemas difieren en todos sus aspectos financieros, administrativos y en los requisitos para acceder a la pensión y cálculo de prestaciones, no han tenido una competencia sana, pues sigue la desbandada de afiliados a los fondos privados que buscan lograr su pensión con el Estado, pues esta tiene unas ventajas superiores. El frenesí pensional ha llevado a que miles de tutelas pongan en jaque las pensiones ya sancionadas; muchas de las personas por encima de los 52 y 47 años, hombres y mujeres, respectivamente, que esperan su pensión en el régimen de prima media quieren pasarse para Colpensiones por múltiples razones, situación que ha desnudado una realidad fehaciente, y es que solamente unas 160.000 personas están pensionadas por las AFP, mientras que la cifra del fondo de pensiones pública supera 1.345.000 personas. Una realidad que no se puede tapar y que obliga al Gobierno a ponerle coto a la situación, pues las obligaciones del Estado para futuros pensionados pueden desbordar las finanzas públicas. El régimen público de pensiones paga cada año unos $40 billones para financiar a dos millones de personas; con el anexo que los subsidios que hacen fuerte el régimen público se dirigen a financiar las pensiones más altas, en detrimento de quienes menos devengan.
El sistema pensional chileno, sobre el cual se configuró el colombiano, ha entrado en zona de rediseño por razones similares y para garantizar un cambio de cultura pensional hacia un futuro en el que cada aportante es responsable de su jubilación, todos con menor o mayor éxito. El problema es que existe la noción extendida que el Estado es el responsable de decirle a sus ciudadanos con cuánto y a qué edad debe dejar de trabajar. No tardará el momento en que las firmas calificadoras de riesgo y la banca multilateral le pongan el mensaje de urgencia de rediseño que el sistema pensional requiere. Solo uno de cada cinco colombianos en edad de jubilación recibe una pensión, resultado de una cobertura muy baja, al tiempo que los subsidios deben llegar a los grupos poblacionales más necesitados. Es un hecho que en la próxima revisión de la nota crediticia de Colombia, que se producirá a finales del año, Moodys, Fitch o S&P podrían considerar una rebaja si no se produce una reforma laboral o la de las pensiones.
Reflexiones al tema pensiones
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