El proyecto de ley anticorrupción que contemplaba, entre otras cosas, eliminar el beneficio de casa por cárcel para los funcionarios condenados, se hundió en el Congreso. A un día de que se acabara este período legislativo y tras una desafortunada seguidilla de hechos inadmisibles que rayan en lo absurdo, las dos cámaras no lograron conciliar el texto a tiempo.
La iniciativa había sido impulsada por la Fiscalía General de la Nación y contemplaba el aumento de penas para los actos de corrupción más comunes en la administración pública. También se planteaban inhabilidades en contratación para los condenados por delitos contra el patrimonio público y fuertes sanciones para los servidores públicos por el mal uso de información reservada.
Uno de los logros más grandes del proyecto habría sido la eliminación de la casa por cárcel para corruptos, ya que respondía a uno de los puntos de la consulta anticorrupción y, por ende, al reclamo de la ciudadanía para que quienes saquean los recursos públicos cumplan sanciones ejemplarizantes.
Después de superar múltiples obstáculos y pese a que la propuesta sí fue aprobada en Cámara y Senado, la falta del documento de conciliación, que no logró ser radicado a tiempo en medio de hechos confusos, omisiones y errores procedimentales, hirió la iniciativa de muerte a un día de que el Congreso saliera a vacaciones.
Ahora los involucrados coinciden en tirarse la pelota mutuamente y señalar al otro, cuando tuvieron dos años para demostrar su compromiso. Las palabras de la senadora Angélica Lozano al respecto, en entrevista con El Espectador, resumen la frustrante situación: “El hundimiento de este proyecto es el crimen perfecto, porque nunca sabremos determinar quién es el culpable”.
Aunque lo sucedido en el Congreso el miércoles fue vergonzoso, el proyecto ya había recorrido un camino tortuoso de dos años que lo condujo, previsiblemente, a su hundimiento en el último momento. La iniciativa fue radicada el 20 de julio de 2017 y tenía plazo hasta esta legislatura para ver la luz, pero, como denunciaron varios parlamentarios, nunca tuvo una buena acogida y fue víctima de dilaciones. Incluso, cuando llegó a la plenaria del Senado, más de 40 congresistas se declararon impedidos para votar, entre otras cosas, porque varios están siendo investigados o tienen familiares condenados por corrupción que están accediendo al beneficio de casa por cárcel.
Otro de los factores que torpedearon el trámite del paquete anticorrupción fue la congestión del Congreso en su primer año. Durante ese tiempo se priorizaron proyectos —algunos más urgentes que otros—como la ley de financiamiento, el Plan de Desarrollo y la ley TIC. Para rematar, la esteril discusión sobre las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaparó la agenda y terminó por agotar el tiempo de un Congreso saturado.
Cabe señalar también la responsabilidad del Gobierno, que lleva un año haciendo promesas y rasgándose las vestiduras por el tema de la corrupción, pero se demoró seis meses en darle mensaje de urgencia al proyecto, lo que le habría dado un trámite prioritario.
Ahora, el país debe asumir una nueva frustración en este tema y ver cómo los dirigentes políticos nos siguen fallando y reafirman con sus acciones un velado desdén por la lucha contra la corrupción.
Mientras los corruptos hacen fiesta, la ciudadanía debe seguir insistiendo y presionando por un cambio.
Mientras los corruptos hacen fiesta, la ciudadanía debe seguir insistiendo y presionando por un cambio.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
Reflexiones al tema pensiones
http://jujogol.blogspot.com.co/
http://jujogol.blogspot.com.co/
Twitter: @orregojj
No hay comentarios:
Publicar un comentario