Hay sobre la mesa del Congreso una propuesta que puede producir algo que parecería inédito en el clima político actual: una aprobación por consenso de todos los partidos con representación en el Parlamento. Después del terrible desgaste que representaron las derrotadas objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Gobierno y sus sectores aliados deberían utilizar esta oportunidad para demostrar que, pese a la polarización, sí hay puntos de encuentro en Colombia.
Nos referimos a una ley interpretativa, medida que es novedosa en el Congreso de la República, que busca tender puentes sobre uno de los puntos más álgidos entre quienes defendieron la ley estatutaria de la JEP y sus opositores: la extradición.
Elaborada por el senador liberal Luis Fernando Velasco, la norma pretende ser una ley “que expide el legislador para fijar con claridad el sentido de otra norma jurídica y con la que se establece el auténtico sentido normativo de la ley que se está interpretando”. En otras palabras, ante los temores y la insistencia en que existe un “orangután” en la estatutaria, por usar el término empleado por el presidente Iván Duque, este es un esfuerzo de aclarar términos para que no quede duda sobre que los narcotraficantes no pueden aprovechar la JEP para saltarse la extradición.
La aclaración, ya se sabe, no es necesaria. Tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como el articulado actual de la ley estatutaria son contundentes en que los narcotraficantes no están incluidos en las excepciones. Sin embargo, si la interpretación permite que se reduzca la tensión, es una medida que vale la pena apoyar.
El único artículo del proyecto propuesto establece que la expresión “otras personas”, del artículo 153 de la ley estatutaria, solo aplica para “personas naturales sometidas a la jurisdicción especial de paz, es decir, terceros, particulares o agentes del Estado, y miembros de la Fuerza Pública por conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.
Esta medida ya cuenta con el apoyo de la oposición, del liberalismo, de Cambio Radical y de la U. Incluso el partido FARC ha dicho estar dispuesto a respaldarla, entendiendo que se trata de una oportunidad única. La pelota está, entonces, en la cancha del Gobierno y sus partidos afines.
Esta semana, al ver la decisión de la Corte Constitucional que le pide sancionar la estatutaria, el presidente Duque dijo que seguirá “siempre defendiendo lo que creo debe ser el camino para que este país tenga una paz con legalidad y con justicia”. En otras ocasiones ha insistido en que su propósito es fortalecer el Acuerdo de Paz con una justicia que no genere impunidad ni permita el abuso por parte de narcotraficantes.
Esta es, presidente, la oportunidad. No solo puede incorporar una de sus principales preocupaciones que expresó con las objeciones, sino que está a la vista una rama de olivo para superar la polarización y mostrarle a Colombia que todos los partidos políticos sí pueden trabajar unidos cuando se trata de pactar sobre lo fundamental.
Si de esta coyuntura el resultado es una justicia transicional blindada, respetada por todas las fuerzas políticas y con una regulación que tranquiliza a las voces que más se han opuesto, Colombia habrá ganado mucho. No es momento de desperdiciar tal oportunidad.
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Reflexiones al tema pensiones
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