El panorama que dibuja el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, sobre la lucha contra la corrupción es desalentador. Según el funcionario, la ausencia de recursos, coordinación y capacidades de intervención tienen maniatada a la Contraloría, lo que favorece el desperdicio de los recursos de los colombianos. En el Congreso cursa una propuesta de acto legislativo que apunta a solucionar estos problemas; sin embargo, ¿existe la voluntad política de crear un control fiscal eficiente y que le sirva al país?
Según le dijo Córdoba a El Espectador, la idea es “romper con ese control posterior —entendido como póstumo— en el que llegamos a recoger las migajas que nos dejan los corruptos. Hoy en día el país tiene 890 elefantes blancos y no se vislumbra una solución real para terminarlos”. En caso de aprobarse los cambios propuestos, la Contraloría podría ejercer “un control preventivo, como lo hace la Procuraduría, que no sea vinculante, pero que a la vez pueda guiar al funcionario a tomar buenas decisiones. La Contraloría recupera el 0,4 % de lo que investiga, una cifra pírrica”.
Cada vez que se pone sobre la mesa modificar los poderes de uno de los entes de control, surge la duda de si no estamos desequilibrando las cargas y permitiendo que ciertos roles, si se politizan, puedan ejercer influencias indeseadas. La respuesta no es sencilla. En efecto, una Contraloría con más capacidad de intervención, si está dirigida por personas que traen consigo equipajes políticos, puede ser utilizada de manera negativa. Sin embargo, también es cierto que, si no tiene los dientes necesarios, no está cumpliendo el mandato constitucional de vigilar el uso de los recursos de los colombianos.
El contralor también está solicitando más recursos para modernizar las contralorías, sus procesos, y poder ampliar la planta de trabajadores capacitados. Eso, con el fin de evitar situaciones como la de “la Contraloría del Amazonas (que) tiene cinco funcionarios, no tiene un abogado ni un ingeniero civil, ¿cómo va a hacer la vigilancia de los proyectos si no tiene cómo? Lo mismo sucede con Guaviare o con Guainía. O la Contraloría de Sincelejo, que no tiene capacidad tampoco”. En total, Córdoba pide que se destinen alrededor de $1,2 billones (hoy reciben $570.000 millones), un 0,5 % del presupuesto nacional.
El país necesita tomar una decisión. Los hechos sobre la mesa son evidentes: el control fiscal que se ha venido ejerciendo está muy limitado por los recursos y las competencias. Los efectos se ven en el continuado despilfarro de la corrupción, las denuncias de que los políticos elegidos llegan a cargos como Alcaldías y Gobernaciones a devolver favores con los contratos públicos, y la falta de legitimidad que las instituciones tienen a los ojos de los colombianos. Ante eso, unos entes de control eficientes son la respuesta.
Sin embargo, también es clave que se dé la discusión sobre cómo, al momento de elegir fiscal, contralor y procurador, podemos garantizar que estas figuras no usen los entes como trampolines políticos. La historia reciente del país está plagada de ejemplos. ¿Habrá la voluntad política para fortalecer estos roles y, al mismo tiempo, garantizar su independencia y su actuar ecuánime?
** Los dientes que le faltan al sistema de control fiscal
Twitter: @orregojj
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