Apoyé, respaldé y promoví la campaña de Iván Duque, y lo seguiré apoyando, pero francamente no veo claro el horizonte inmediato de su gobierno. Si bien es prematuro pedirle resultados, he extrañado actos de autoridad y gobierno, y decisiones de choque ante el caos, la descomposición y la anarquía que nos consume.
El Despachador de Hadera dijo: “Saber esperar es una cualidad, pero por esperar quedarnos esperando una debilidad”. Luego agregó: “Por esperar, el gobernante no puede perder el sentido de la oportunidad; los gobernantes no son elegidos para esperar, son elegidos para modificar la realidad”.
Han transcurrido los primeros 100 días del Gobierno Duque y no percibo en el puente de mando de la nación, el pulso firme y seguro de un timonel entregado a seguir una carta de navegación bien trazada y definida; al contrario, siento bandazos, dudas y titubeos. Ojalá que el Presidente no renuncie a la bitácora que lo llevó a la Presidencia, retome el rumbo y se reafirme en su compromiso de recuperar y fortalecer la seguridad democrática, alentar la expansión económica, la confianza inversionista y el progreso social.
El Presidente Duque debe honrar su palabra y guardar coherencia con el programa económico que propaló y defendió durante su carrera a la presidencia. Anunció disminución de impuestos, austeridad en el gasto, aumento del poder adquisitivo de los salarios, expansión de la demanda, eficiencia, eficacia y economía en la inversión, y guerra frontal a la corrupción. Pero nada de esto se avizora en su agenda de gobierno, pareciera que está tomando el camino del facilismo, el repentismo y la improvisación.
Iván Duque no puede burlar a sus electores, que en su mayoría -así algunos no lo quieran aceptar- son los seguidores de las tesis que defiende el Centro Democrático en cabeza del Presidente Álvaro Uribe Vélez, quién, con todo y sus defectos y debilidades, le devolvió la confianza, la ilusión y la esperanza a una nación mancillada y asediada por el peor y más sanguinario grupo criminal del que se tenga historia.
Iván Duque no debe olvidar, como pronto lo olvidó Santos, que fue elegido con los votos de Álvaro Uribe, quién insisto, se quiera o no, ha sido el estadista que mejor ha interpretado el querer y la voluntad de la mayoría de los colombianos. Por eso no es comprensible que se distancie de los postulados básicos del Centro Democrático y peor aún, que ahora se muestre antípoda de ellos.
Tampoco es comprensible que con la mal llamada Ley de financiamiento, que no es otra cosa que una solapada Reforma Tributaria, desconozca y traicione su misma plataforma electoral. Prometió reducción de impuestos, mesura en el gasto y priorización en la inversión, pero hoy sorprende a la nación con la presentación de una reforma regresiva, recesiva, alcabalera e insostenible, que desafía la paciencia nacional.
Si bien es cierto que el gasto indelicado, abusivo e irresponsable del Gobierno Santos dejó a la Hacienda Pública con un profundo y peligroso déficit, y que ahora muchos encuentran apropiado el controvertido discurso de Ernesto Macías, pronunciado en la ceremonia de posesión de Iván Duque, en el que no hizo nada distinto que de manera leal decir la verdad y prevenir al país sobre la situación en que lo dejó el remedo de Gobierno Santos, no es procedente ni de buen recibo, pretender sufragar tamaño desbalance fiscal de manera abrupta e intempestiva, agudizando con ello la difícil situación económica que se afronta y negando la posibilidad cercana de solucionarla.
Para no quedarnos en el reproche y la crítica superficial de la llamada Ley de Financiamiento, revisemos con rigor su contenido para poder visualizar sus efectos y consecuencias.
Ante todo el proyecto denota improvisación, regresión y desafiante dificultad para implementarlo. En él se revive el impuesto al patrimonio, lo que constituye una expropiación velada, habida cuenta que recae sobre excedentes que pagaron impuesto de renta en vigencias fiscales anteriores.
Incrementar las tasas del impuesto de renta de las personas naturales sin fundamentos técnicos y sin medición de la capacidad real de pago, es condenar a gran parte de la población a la mora y el no pago de sus contribuciones fiscales.
Gravar con IVA los productos de la canasta familiar es un perfecto despropósito, que empobrecería aún más la capacidad de compra de los salarios que devengan los sectores más vulnerables, y con ello se agudizaría la pobreza bajo el pretexto de restituir el IVA a los más pobres sin revelarse el mecanismo y el tiempo para hacerlo.
Crear impuestos a los pensionados es un verdadero desvarío, una desinteligencia social y un despropósito legal que merece rechazo general. Es desconocer derechos adquiridos, el trabajo y los aportes que hicieron quienes cumplieron sus obligaciones tributarias y ayudaron a construir el país que tenemos. Gravar las pensiones es una perversa y sofisticada forma de darle efecto retroactivo a las obligaciones tributarias.
Mantener durante tres años la tasa de renta presuntiva es poner tácitamente en duda y de manera general la pulcritud y la transparencia de todo declarante y la capacidad de la autoridad tributaria para cumplir con su función de fiscalización.
Perpetuar el llamado gravamen a los dividendos, es una forma pura y simple de doble tributación, que disuade la inversión y el crecimiento del sector productivo y del mercado accionario, y espanta la capitalización de excedentes, y por ende, el fortalecimiento de las sociedades.
Mantener el mal llamado impuesto al consumo, es desestimularlo, disuadirlo y contraerlo, y una buena manera de encarecer y reducir la demanda y promover inflación.
Eliminar de manera súbita los descuentos y las rentas exentas, es comprometer la seguridad y la estabilidad fiscal y jurídica, y distorsionar la estructura financiera de inversiones proyectadas o en ejecución que podrían volverse deficitarias.
Encarecer las tasas de retención en la fuente es encarecer precios, alentar inflación y estimular la informalidad. Presumir valor de venta de inmuebles y negar de manera arbitraria la posibilidad de demostrar los valores reales de transacción es abusivo e inquisitorio.
No siendo poco todo lo anterior, la llamada Ley de Financiación crea un peligroso incentivo económico para los funcionarios de la Dian, pagadero sobre el logro de metas, lo que de suyo acabaría con la objetividad material y probatoria en la tarea de fiscalización, comprometería la presunción de inocencia, cercenaría el derecho a la contradicción y el debido proceso y probablemente generaría más corrupción.
Y qué decir de la perversa intención de revivir los llamados contratos de estabilidad jurídica, que no son cosa distinta que privatizar la ley e inmovilizar las tasas de contribución fiscal para unos pocos mediante el pago de una prima.
Pero aquí no termina todo, hay mucho más para señalar, debatir y rebatir, pero este no es el foro para hacerlo, y no quiero ser desconsiderado con el paciente lector que ha seguido estas letras hasta aquí.
Para concluir, pido al Presidente Iván Duque que recapacite, reflexione y reponga, y no insista en un error. Una verdadera reforma tributaria de contenido social, debe atacar el déficit fiscal reduciendo el gasto, y no aumentando el ingreso, y como parte fundamental de ella, el Gobierno debe desplegar una cruzada sin antecedentes para sitiar la corrupción y acabar con el despilfarro del gasto.
Aumentar la carga tributaria sin combatir la corrupción y sin optimizar el gasto, es admitir la debilidad del estado para combatir el delito y seguir aceptando la irresponsabilidad con que muchos funcionarios administran los dineros públicos.
Colombia puede recuperar y robustecer su hacienda pública disminuyendo los impuestos, si extirpa la corrupción y combate la ineficiencia del gasto. Corrupción e ineficiencia son costosos flagelos, que restringen la inversión pública, que acrecientan el déficit fiscal, que aumentan el endeudamiento y que crean justa desconfianza en el contribuyente.
Conjuntamente con una declaratoria de guerra a la corrupción y a la ineficiencia, se debe modificar el sistema de impuestos, mediante una reforma tributaria audaz y sostenible, inspirada en simplicidad, equidad y razonabilidad, que busque fundamentalmente dinamizar la economía, disminuir diferencias, y pagar la abultada deuda social.
El nivel de tributación en Colombia es exagerado y desigual. Grava la generación de empleo, desestimula el consumo y otorga injustos beneficios a sectores solventes, como el financiero, creando hondas discriminaciones que desdicen de la neutralidad del estado y que terminan estimulando inconformidad y renuencia fiscal.
De la equidad de los impuestos, depende en buena medida la disciplina fiscal de los contribuyentes, así como la disminución de la evasión y de la elusión. Los impuestos deben ser justos y proporcionados a los ingresos. Su imposición debe consultar el mejoramiento económico de la sociedad y no solo el fortalecimiento de las arcas del estado.
Una verdadera reforma tributaria debería incluir entre otros aspectos los siguientes:
1. Reducir el déficit fiscal, por el lado del gasto y no del ingreso.
2. Declarar la guerra a la corrupción y al despilfarro.
3. Acabar de manera gradual todo tipo de exenciones y beneficios tributarios.
4. Universalizar una tarifa de renta del 28%.
5. Eximir del pago de renta los sueldos inferiores a 5 salarios mínimos, y los superiores a este monto, gravarlos con un impuesto escalonado por número de salarios mínimos a partir del 15% sin llegar a una tasa superior al 28%
6. Establecer un IVA de 14% para productos de consumo masivo, exonerando los productos básicos de la canasta familiar, y los gastos en salud, educación, vivienda, transporte y servicios públicos domiciliarios.
7. Establecer un IVA de 25% para telefonía celular y bienes y servicios suntuarios.
8. Desmontar gradualmente el gravamen a las transacciones financieras (4x1000)-
9. Modificar la metodología para establecer las tasas de interés de colocación.
10. Establecer auditorias oficiosas a todas las empresas que arrojen pérdida o aumentos desmesurados en sus gastos, evitando la compra de pasivos o de obligaciones ficticias.
11. Acrecentar penas y sanciones para administradores, miembros de juntas directivas, contadores, y revisores fiscales, por elusión y evasión de impuestos.
Colombia requiere de una reforma tributaria progresista que sin aventurar la seguridad fiscal del país, estimule el pago de impuestos, disminuya la evasión, aliente la inversión, incentive el consumo y promueva la creación de empleo.
La reforma tributaria es una oportunidad que no debe desaprovechar el Gobierno, para rectificar el rumbo económico de la nación no para perderlo más.
Presidente Duque, honre su palabra, no comprometa su credibilidad, retire el proyecto de reforma tributaria y no abandone los postulados que lo llevaron a la Presidencia. Colombia se lo agradecerá y quienes votamos por usted no nos sentiremos burlados.
© 2018. Rafael Rodríguez-Jaraba.
*Director y Socio de Rodríguez-Jaraba & Asociados. Consultor Jurídico y Corporativo. Especializado en Derecho Comercial y Financiero. Maestría en Derecho Empresarial. Conjuez, Árbitro y Conciliador. Catedrático Universitario.
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