eltiempo.com,
Por: Editorial,
3 de noviembre 2018
A juzgar por las reacciones vistas hasta ahora, es dudoso que el proyecto de ley de financiamiento radicado el miércoles pasado por el Gobierno en el Capitolio sea aprobado por el Congreso, tal y como fue presentado. Han sido tan variadas las reacciones negativas desde los más diversos sectores de la opinión que todo apunta a una cirugía de marca mayor en la que, sin duda, es la propuesta más polémica de la administración Duque.
Ojalá así sea. El motivo es que más allá de que el esquema conceptual de redistribuir las cargas para que sean las personas y no las empresas las que soporten los recaudos fiscales en Colombia sea el correcto, los mecanismos propuestos dejan inmensas dudas. Por tal razón, es obligación de las diferentes bancadas parlamentarias proponer un esquema que les garantice mayores recursos a las arcas estatales, sin que se compruebe aquello de que el remedio puede ser peor que la enfermedad.
Llegar a un buen texto no será nada sencillo, dada la premura del tiempo. Antes de entrar en asuntos sustantivos, es menester lamentar que, en lugar de un debate pausado que nazca de los análisis técnicos y la reflexión, las discusiones se hagan bajo la dictadura del calendario, pues el humo blanco debe verse en diciembre.
De lo contrario, queda la amenaza de recortes presupuestales por 14 billones de pesos que afectarían un buen número de programas en áreas tan sensibles como salud o educación. La práctica de esperar hasta última hora no es nueva, pero eso no sirve de excusa, y menos en una administración que dice privilegiar la búsqueda de consensos.
Hecha esa crítica, vale la pena analizar algunos de los elementos más polémicos de la iniciativa gubernamental. Ese examen comienza con la idea de universalizar el cobro del IVA, exceptuando un puñado de productos y servicios. Aunque es verdad que diferentes documentos de corte académico sostienen que el esquema vigente no es el adecuado porque privilegia los consumidores de mayor poder adquisitivo y le abre las puertas a la evasión, elevar la tarifa al 18 por ciento de un plumazo constituye un enorme golpe para millones de familias que verían disminuida su capacidad de compra.
Por más que exista la intención de devolver por anticipado el pago del gravamen de marras al 30 por ciento de los ciudadanos que están en la base de la pirámide, el desafío de hacer esos giros periódicamente no puede asumirse a la ligera. Tampoco hay que relegar a un segundo plano el peligro de una espiral inflacionaria, por lo cual los parlamentarios deberían considerar un nivel de IVA mucho menor que el planteado en el texto oficial.
Al mismo tiempo, resulta riesgoso caer en la tentación de los paliativos populistas. Es mejor dejar la tarifa general, que ya quedó en 19 por ciento, y no correr riesgos que a la vuelta de un par de años obliguen a volver al Congreso.
Ante la promesa del ejecutivo de que comprar apoyos con prebendas no ocurrirá en esta ocasión, el Congreso debe estar a la altura de sus responsabilidades y legislar pensando en el bien común.
En lo correspondiente al impuesto de renta, no hay duda de que los niveles de tributación en que incurren las sociedades en Colombia son mucho más elevados que el promedio regional, para no hablar de lo que se observa en la Ocde. Aquello de que hay que castigar la iniciativa empresarial en forma desproporcionada es un craso error que aleja la inversión y hace más difícil la generación de riqueza. No obstante, también vale tener en cuenta el precepto de que lo mejor es enemigo de lo bueno, razón por la cual la intención de devolver en un 100 por ciento el IVA por la adquisición de bienes de capital o permitir el descuento parcial de ciertos impuestos tal vez deba moderarse un poco.
De la misma manera, es una equivocación volver a castigar a los asalariados que sintieron un fuerte apretón este año al presentar su declaración de renta, como también lo es exagerar la aplicación del impuesto de patrimonio. Hacer el régimen actual más progresivo es un objetivo válido, aunque es peligroso concentrarse en la misma categoría de contribuyentes, simplemente porque son los mismos de siempre.
En esa línea de pensamiento, salta a la vista que el texto gubernamental es débil en lo que atañe a combatir la evasión. Cerrar esa vena rota por la que escapan billones de pesos anuales debería ser un propósito ineludible, pero, por ahora, se ve relegado a segundo plano. Ello es motivo de otro llamado de atención para que tanto los ponentes como los integrantes de las comisiones terceras y cuartas en ambas cámaras se concentren en hacer la tarea, pues no solo se trata de enmendar esta plana, sino de hacerla aceptable para una ciudadanía que espera algo mucho mejor que esta versión inicial de la ley de financiamiento.
Dicha labor debe ser adelantada con seriedad. Ante la promesa del Ejecutivo de que comprar apoyos con prebendas no ocurrirá en esta ocasión, el Congreso tiene que estar a la altura de sus responsabilidades y legislar pensando en el bien común y la sostenibilidad fiscal. Nada más, pero tampoco nada menos.
EDITORIAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario