Los esquemas que tienen para ayudar a sus egresados deben adaptarse a nueva norma que se aplica desde enero.
Las instituciones de educación superior del país están preocupadas por el Decreto 722 que reglamenta la entrada en funcionamiento del nuevo Servicio Público de Empleo y la intermediación laboral.
La norma, que debe aplicarse desde enero, exige a las universidades que reglamenten su actividad como entes de intermediación laboral, obligándolas a que se incorporen a una base de datos única de alcance nacional y a realizar reportes mensuales de su gestión.
Según directivos consultados, se pretende generalizar a las 283 universidades o instituciones de educación superior con algo que hacen muy pocos con altos recursos.
La norma exige presentar un reglamento, carta de solicitud de autorización al Gobierno y el acta de constitución de la institución.
Álvaro Cadavid, directivo de la Red de Programas de Egresados de Universidades Públicas, que agremia a más de 30 centros de educación superior del país, aseguró que la integración de los oferentes de puestos para profesionales a la bolsa nacional de empleo es positiva, pero la manera como pretenden aplicarla es “una locura e irrespeta la autonomía universitaria”.
Además, al obligarlas a llevar un censo actualizado, les están descargando una obligación que le corresponde al Ministerio del Trabajo y, para ponerse a tono con la medida, tendrían que montar unidades de intermediación laboral con una infraestructura que no están en condiciones de costear, a sabiendas de que es una labor gratuita.
Además del alto costo e inversión que supone la adaptación exigida, directivos señalan que el decreto viola el derecho de habeas data porque se obliga a que la información confiada por los estudiantes se entregue.
El viceministro de Empleo y Pensiones, Juan Carlos Cortés, afirmó que la pretensión es que el sistema “sea amplio, democrático y participativo”, y aseguró que articulará las agencias y las bolsas de empleo, con el servicio del Sena
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