La seguridad jurídica en las áreas rurales es fundamental para dinamizar la economía de millones de familias. - Foto: Andrés Almeida/Unimedios
por: unperiodico, nov. 09 de 2013
Por: Humberto Vergara Portela,
Profesor Asociado Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de Colombia
La voluntad política que existe en el país de devolver a miles de campesinos las tierras que les fueron despojadas, requiere también de un respaldo social amplio que incluya a la academia. Esta debe participar en la construcción de políticas públicas que contribuyan a concretar los objetivos de paz y conciliación.
En un artículo publicado en febrero de 2011 en UN Periódico, cuando aún no se había aprobado la ley de víctimas (Ley 1448 de junio 10 de 2011), advertíamos que el tema de la restitución de tierras sería sin duda el punto de quiebre de esta norma.
Esto debido a que el país ha presenciado cómo una serie de políticos inescrupulosos, funcionarios corruptos, sicarios a sueldo, mafiosos, grupos armados al margen de la ley y un entramado oscuro de intereses de todo orden, despojaron a millones de individuos de sus terrenos, ganados, cultivos y edificaciones durante décadas.
Para ello, utilizaron mecanismos fraudulentos e instituciones creadas por la ley, que garantizaban la “legalización” del despojo de la propiedad, por lo que desmontar ese entramado implica una titánica tarea en la que el Estado deberá comprometer todos sus recursos de poder. Se deben reversar estas aberrantes situaciones para reparar efectivamente a las víctimas, realizar la justicia transicional y lograr así la reconciliación entre los colombianos con miras a alcanzar la anhelada paz del país.
Transcurridos dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas, los principios que la orientan deben hacerse cumplir, tal como lo consagra el capítulo III del Título IV, que contiene cerca de cincuenta artículos que regulan las acciones de restitución.
En dicha ley, se destacan las acciones de preferencia, progresividad, independencia, estabilización, seguridad jurídica y prevención, todas las cuales implican garantizar el derecho de los despojados a recuperar sus tierras o a recibir una indemnización equivalente a su valor real. Y en caso de no ser posible, a ser protegidos en una etapa de pos-restitución en su retorno al campo, a no ser nuevamente desplazados y, en fin, a disfrutar de los derechos, garantías y atributos inherentes al derecho de propiedad.
Además de lo anterior, se crea el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente y un procedimiento judicial breve, que no puede exceder de seis meses, ante jueces especializados en temas agrarios y de restitución de tierras, con el fin de hacer efectivo el derecho de los despojados.
Asimismo, la ley crea la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuyo director, nombrado directamente por el Presidente de la República, está dotado de un fondo provisto de recursos de diferentes fuentes para atender toda la gestión y reparación.
Esta Unidad, que funciona desde enero del 2012, tiene la histórica y nada fácil tarea de hacer efectiva la restitución de algo más de 270.000 predios a los propietarios que fueron desalojados a lo largo de los años que lleva el conflicto que asola los campos colombianos.
El papel de la academia
Según las estadísticas de la Unidad de Restitución, a febrero de 2013 se presentaron 32.688 solicitudes de ingreso al Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, que corresponden a 2.368.908 hectáreas, siendo Bogotá y Villavicencio las ciudades donde más solicitudes se han presentado.
En cuanto al género del solicitante, 8.812 son mujeres y 15.216 son hombres. En los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Tolima, Meta y Norte de Santander se concentra un poco más del 50% de los predios objeto de reclamación. El Carmen de Bolívar (Bolívar), Tibú (Norte de Santander) y Turbo (Antioquia) son los municipios donde se registra el mayor número de solicitudes.
Ahora bien, a julio 31 de 2013, se profirieron 157 sentencias judiciales de restitución, ordenando la entrega de un total de 374 predios. De estos, se ha realizado la restitución de 173 (según información publicada en http://restituciondetierras.gov.co).
Las anteriores cifras reafirman la titánica tarea que tendrán que desarrollar la Unidad de Restitución y el Gobierno Nacional, si en verdad quieren reparar integral y efectivamente a las víctimas del conflicto armado interno. Será necesario utilizar efectivamente los instrumentos de justicia restaurativa para alcanzar la reconstrucción del tejido social, reconciliar a los colombianos y lograr la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.
En esta tarea, la academia colombiana y, particularmente la pública con la Universidad Nacional de Colombia a la cabeza, debe jugar un papel estratégico en la construcción de políticas públicas para contribuir a concretar en la práctica los objetivos de paz y conciliación.
Como lo afirmó la ex alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Louise Arbour: “El proyecto de ley de víctimas es un esfuerzo muy ambicioso que va en la dirección correcta. Conceptualmente, Colombia ha sido el país más audaz a la hora de usar los mecanismos para manejar sus problemas. Pero hay desafíos muy grandes en su implementación”.
Con paz hay futuro
Ciertamente, los desafíos son inmensos y las circunstancias políticas del momento aconsejan detenernos brevemente en señalar varios de ellos.
En primer lugar, la aplicación, desarrollo y concreción de los instrumentos y políticas definidas en la Ley de Víctimas constituyen un paso fundamental, no solo en los aspectos ya señalados, sino también y fundamentalmente, en la construcción y consolidación de un proceso de paz a futuro.
En segunda medida, educar a la ciudadanía en el conocimiento de las dificultades y bondades de la construcción de una política de justicia restaurativa, de reconciliación y paz es básico para desarrollar el posconflicto y consolidar una política del perdón.
Finalmente, el proceso de negociación que se desarrolla en La Habana con las Farc es un escenario propicio para construir acuerdos que posibiliten erradicar la violencia como instrumento de acción política. Los esfuerzos y recursos invertidos en ella se deben dedicar a reparar integralmente a las víctimas, restituirles sus derechos y poder construir un país más justo y equitativo para todos los colombianos.
No se debe olvidar que las víctimas que busca reparar esta ley son el resultado de la violencia desatada por el recurso a las armas, y como señala el profesor Daniel Pécaut, “el problema de la permanencia de la violencia en Colombia constituye un obstáculo bastante fuerte para su desarrollo y su futuro, y creo que es tiempo de que se busque realmente la manera de llegar a un acuerdo político”
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