Por Rodolfo Valderrama D. , rodovaldi@hotmail.com
LA NACIÓN.com.co, Febrero 20,
2013
A
propósito del proyecto de reforma pensional, es importante recordar las
principales diferencias entre el régimen de pensiones públicas (Colpensiones) y
los fondos privados. El sistema público se fundamenta en la solidaridad, el
privado en la capacidad adquisiti-va de cada aportante; en el primer caso la
pensión es vitalicia independientemente de los aportes y las fluctuaciones del
mercado de valores; en el segundo caso la pensión de-pende del ahorro
individual y de las fluctuaciones del mercado, es decir que si una per-sona
accedió a una pensión, no se puede garantizar que esta sea vitalicia, pues es
muy posible que el disfrute de este servicio se acabe antes de que fallezca el
pensionado; muy grave sería el evento en el cual una persona se pensionara a
los 65 años y a los 75 se agoten los recursos provenientes del ahorro
individual, aportado antes de cumplir los 65 años.
Si
bien el proyecto de reforma en mención propone algunos aspectos positivos como
el límite a las pensiones altas y ampliar la cobertura, así sea por métodos
asistencialistas, el “veneno” del proyecto radica en que le quita el
carácter vitalicio a este servicio social y solamente garantiza el salario
mínimo, en esto se asemeja al mezquino y egoísta régi-men privado. Para
ilustrar esta situación, diremos que si una persona se pensiona con $3.600.000,
solamente se le garantiza $600.000 (salario mínimo mensual) en forma
vita-licia, mientras que los $3.000.000 se pagarán hasta cuando se acabe el
ahorro aportado, es decir que una vez pensionado con $3.600.000, al cabo de
algunos años este valor se convierte en $600.000 con el agravante que la
persona tiene una edad más avanzada. En el caso anterior si la persona hace
aportes durante 25 años, logra una ahorro indivi-dual para obtener la pensión
plena por un tiempo de ocho años aproximadamente, asun-to muy grave porque si
la persona sobrevive 20 años como pensionado, deberá subsistir con un salario
mínimo por espacio de 12 años; con el actual régimen público obtendría pensión
plena en forma vitalicia (hasta 80% del salario promedio de los últimos 10
años).
Es sensato y legítimo
que el gobierno se preocupe por aumentar cobertura y asegurar sostenibilidad de
las pensiones, dado el reducido porcentaje de pensionados, el enveje-cimiento
de la población y el aumento de la edad promedio, pero no es cierto que
sola-mente se afectarán las pensiones más altas, sino que saldrán perjudicados
quienes ga-nan más del mínimo, que es un porcentaje no despreciable. Lo cierto
es que el gobierno ha cedido ante la presión de los privados al proponer que
las pensiones públicas no sean vitalicias, al igual que lo que ocurre en el
régimen privado. Debemos propugnar para que las pensiones al menos las públicas
sean vitalicias, equitativas con alta cobertura y que no dependan de las fluctuaciones
del mercado.
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