Elespectador.com, Rodolfo Arango
El gobierno Santos
pretende resolver el hueco fiscal de las pensiones confrontando trabajadores
formales con trabajadores informales. Para vender su reforma invoca la
igualdad, la justicia y la equidad.
Una minoría de pensionados con altos ingresos que
no alcanza al 2% de la población laboral sería, en su criterio, la responsable
de la falta de aseguramiento para la vejez de más del 90% de la población. Como
si el fenómeno del rebusque y el trabajo informal fuera consecuencia de los
privilegios de una clase social asalariada presuntamente beneficiaria de los
subsidios procedentes del presupuesto nacional.
La reforma pensional se construye sobre una falacia: que el trabajador
formal es responsable del desamparo del trabajador informal. Lo justo para el
Gobierno es que unos y otros reciban un salario mínimo de subsidio. La solución
para ampliar la cobertura a más del 80% de la población en unos años, sería
igualar a la baja el subsidio pensional.
La falacia del Gobierno es múltiple. Toma la parte por el todo.
Ciertamente son ofensivas las pensiones exorbitantes de algunos trabajadores,
en especial del sector público, situación que debe corregirse cuanto antes.
Pero tomar como pretexto los privilegios de pocos para dar un zarpazo a la
clase trabajadora del país y acusarla de inequidad con los informales es un
despropósito.
¿Por qué sería responsable el grueso de la clase media que no recibe más
de tres millones de pesos al mes de la falta de cobertura pensional consecuencia
de la informalidad laboral? ¿No es acaso causante del escaso trabajo formal una
economía enclenque dedicada al latifundio, a la especulación financiera, al
contrabando, a la explotación de materias primas, a labores poco intensivas en
mano de obra calificada?
Otra falacia del proyecto pensional es descontextualizar el origen y el
fundamento del sistema de prima media: la solidaridad. Cuando Colombia adoptó
este sistema la idea era sencilla: el Gobierno fomentaría la parte débil de los
factores de producción: el trabajo. Del 100% del salario, al término de su vida
laboral el trabajador recibiría el 75% del promedio del sueldo en los últimos
10 años. Ese 75% sería costeado por el empleador y el trabajador en una tercera
parte y por el subsidio estatal al empleo en la parte restante. La solidaridad
era así el fundamento de una sociedad basada en el trabajo. Con la reforma
pensional se completa el desmonte del Estado social ya iniciado con las
reformas de flexibilización laboral, sostenibilidad fiscal y financiera (con
sus exenciones a los dividendos accionarios y el desmonte de los parafiscales).
En el proyecto del Gobierno el subsidio al capital reemplaza el subsidio
al trabajo. Antes de la reforma, un trabajador que ganara tres millones de
pesos al mes por diez años recibiría de pensión 2’250.000 pesos; luego de la
reforma, sólo 1’250.000 pesos aproximadamente. Si ese trabajador hubiere
ahorrado en la compra de vivienda, habría pagado 15 años altos intereses a los
bancos, los mismos que ahora recibirán el ahorro pensional para luego financiar
el gasto público y seguir especulando. El Gobierno retrocede así en la
protección del derecho a la pensión. Acobardado por el chantaje de los
financistas nacionales y extranjeros, enarbola la equidad y la justicia para
desmontar el Estado social de derecho.
En tiempos de crecimiento
económico una política de Robin Hood invertido —que quita recursos a los
futuros pensionados para trasladarlos a un sector financiero
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