Elecciones y pensiones

Por German Patiño

En mi sentir, la mayoría de los congresistas colombianos se encuentran en riesgo para ser nuevamente elegidos luego de los desmanes cometidos, de los que la fracasada reforma a la Justicia es el mejor ejemplo.

Conozco un buen número de personas que afirman, con profunda convicción, que no volverán a dar un solo voto a nadie que esté ligado, de una u otra forma, al establecimiento. Un amigo, bien informado y reflexivo, me llegó a decir que votaría por cualquiera que estuviera en contra o al margen del establecimiento y de los actuales congresistas, sin importar que tan malo o bueno fuera. En otras palabras, hay una profunda decepción ciudadana con los actuales miembros del Congreso, y aquella circunstancia se reflejará en las próximas elecciones.

Y este rechazo puede potenciarse de acuerdo con lo que se decida sobre las propuestas de reforma pensional que el gobierno prepara para someter a la aprobación del Congreso. Los colombianos sabemos que alrededor de 1.200 personas reciben mesadas de más de $15 millones, pese a que sus aportes están lejos de compensar esa suma. Cada una de esas pensiones está costando hasta 4.000 millones al erario público, por la esperanza de vida promedio de los pensionados, sin incluir los casos en los que ex titulares terminan sus días casados con mujeres mucho más jóvenes.

Las pensiones de congresistas y magistrados se liquidan tomando como base gastos de representación, asignación básica, primas de vivienda, de navidad, de salud y servicios, y teniendo en cuenta el 75% del mejor salario del último año. Por eso algunas superan los 20 millones. Altos magistrados han ganado demandas que les incluyan, por ejemplo, las bonificaciones que reciben cada 4 años.

Toda esta sinvergüencería repugna a la gente trabajadora de Colombia. Y los electores esperarían, con razón, que en el Congreso se alzara una voz honrada que pida el restablecimiento de la equidad consagrada en la Constitución, por la cual cualquier pensión debe ser liquidad en las mismas condiciones, tanto para el ciudadano del común, como para el alto dignatario del Estado. En esta materia los derechos deben ser fruto del trabajo de toda una vida, y no resultado de mangualas, tráfico de influencias y el acto repulsivo de legislar para beneficio particular.

No resulta justo que se recargue sobre los hombros de la clase media la ampliación de la cobertura en las pensiones de hasta 1 salario mínimo. Ni que los altos magistrados consideren como “derecho adquirido” el aberrante sistema de privilegios que ellos mismos establecieron en su interpretación de la ley 4 de 1992. Creo que los colombianos volverían a creer, si hay algún congresista que proponga un artículo del siguiente tenor, “En Colombia, en el régimen de prima media, no puede existir, bajo ninguna circunstancia, una pensión superior a los 10 salarios mínimos legales vigentes”.

Pero esto es mucho pedir en una institución donde la decencia, el altruismo y la honradez son palabras exóticas y donde se confunde el colegaje con la complicidad para defender prebendas injustificadas.

En suma, creo que la reforma pensional que el Congreso apruebe, acortará o ampliará aún más la distancia que existe entre los ciudadanos y los congresistas. Por mi parte, creo que la mayoría de ellos no se merece un solo voto más, para nada