Pensiones que ofenden

ESPECTADOR.COM,  María Elvira Bonilla

Cuando el año pasado, en medio de la polémica desatada en torno a la elección del director administrativo del Senado —claramente amañada para garantizar la sexta reelección de Emilio Otero—, se denunciaron los privilegios y cuerdas que por debajo de la mesa manejaba el cargo, nada se dijo del poder que tenía el secretario para darles a los congresistas “una manito” para asegurarles a sus electores altas pensiones, superiores a los 25 salarios mínimos que son su tope legal y que son más de 600 de las 1.030 megapensiones motivo de la demanda que cursa en la Corte Constitucional.

Otero, como en ocasiones anteriores, contaba con los votos de los senadores veteranos próximos a pensionarse, pero le faltaron los de los jóvenes parlamentarios; su reelección se hundió en medio del escándalo.

Su poder era efectivo a la hora de validar la documentación o de expedir las certificaciones necesarias para la liquidación de las pensiones. Cual alquimistas medievales podían transformar un artículo superficial y escrito a las volandas, generalmente por un tercero, en elegante y enjundioso libro; o la simple asistencia a una reunión, ojalá internacional y con inconfundible sabor turístico, convertirla en cursos de extensión con créditos académicos incluidos. Movidas fundamentales para incrementar el monto de la pensión que el afortunado congresista estaba próximo a recibir. Todo validado por la firma mágica de los directores administrativos del Senado o de la Cámara.

Pero su largueza con los recursos públicos no terminaba ahí, pues entre los afortunados excongresistas con megapensiones se encuentran los beneficiados con el carrusel de las palomitas para ocupar la curul, generalmente los segundos de la lista y así hacerse merecedor a una pensión de congresista.

El argumento de los derechos adquiridos, muchos de ellos con picardía, no puede volverse una razón para no ajustar esa megapensiones a los topes legales de los 15 millones de pesos, aunque así lo planteen procurador y contralora y altas cortes, cuyos nombramientos también pasan por el Congreso.

Son derechos adquiridos de mala manera, con trampa o disimulo que no son otra cosa que una mentira. Y esto es aún más claro si esos privilegios con tufillo a ilegalidad, para ser generosos, se confrontan con la realidad y las expectativas pensionales que enfrenta el colombiano de a pie que debe trabajar duro y parejo para ganársela y aun así solo uno de cada seis millones de colombianos con edad para jubilarse lo está efectivamente y 90 % de estos con minipensiones que están entre los $566.700 y los $2’200.000.

Se trata de una profunda inequidad que ofende al país. Hay quienes reciben lo que no se merecen y otros menos de lo que les corresponde y una inmensa mayoría ni eso. Indudablemente tenemos un régimen pensional que no funciona, que debe revisarse de cabo a rabo, pero ello no es disculpa para mantener unas situaciones de injusticia e irregularidad que deben atenderse de inmediato.

Difícil que la Corte Constitucional se dé la pela y ordene la suspensión de las megapensiones, pero podrán revisarse una a una las posteriores a la aprobación del tope de los 25 salarios mínimos, y ciertamente no hay razón alguna para que el grueso de la población financie, con sus impuestos, una vagabundería de estas dimensiones.