Por: ALPHER ROJAS
Alpher Rojas
Alejandro Ordóñez, en el tema de las pensiones, no quiso ver los ruinosos impactos en el presupuesto nacional.
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Entre la fragorosa campaña de despolitización del conflicto interno armado y la imparable cascada informativa relacionada con la promoción del (lánguido y sectario) proceso de revocatoria al alcalde Gustavo Petro, la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional sobre las pensiones privilegiadas pasó un tanto inadvertida. Algo se supo, sin embargo. Por ejemplo, que la triste intervención del procurador Alejandro Ordóñez, como era de esperarse dada la lógica pragmática de su personalidad, estuvo del lado de las inequitativas expectativas de quienes lo ternaron y eligieron, con lo cual comprometió de manera grave la independencia de una de las más importantes instituciones de legitimación democrática representada en su condición de "agente del Ministerio Público".
Al sustentar la defensa de los cuestionados privilegios en la noción jurídica de "derechos adquiridos", Ordóñez pudo haber incurrido en una forma de prevaricato en la medida en que omitió la valoración de los medios -legales pero no legítimos- adaptados por los beneficiarios y auspiciados por él en su condición anterior de consejero de Estado, para lograr los fines proditorios ya denunciados por diversos especialistas e investigadores, de los cuales será beneficiario de mantenerse vigente la concepción inequitativa implícita en la ley demandada. Porque además de la negación de valores éticos groseramente deshonrados por las élites beneficiadas, Ordóñez -una mentalidad anclada en los preceptos teológicos de la abolida Constitución de 1886- no quiso ver los ruinosos impactos en el presupuesto nacional. Con su intervención, el Procurador nos ha recordado que "la mano invisible" del mercado siempre va acompañada de un puño visible.
De acuerdo con la atinada reflexión de la columnista María Elvira Bonilla en El Espectador (2-2-13), el tipo de derechos adquiridos defendidos por Ordóñez no son otra cosa que una mentira: "Son derechos adquiridos de mala manera, con trampa o disimulo". Por su parte, el notable jurista Rodrigo Uprimny, se pregunta en la misma edición: "¿cómo justificar ética o jurídicamente este régimen exorbitante y extremadamente costoso a favor de magistrados y congresistas, sobre todo si tenemos en cuenta que es una ley que beneficia a quienes hacen las leyes y a quienes las interpretan?" Olvida Ordóñez -digo yo, inspirado en Habermas-, que los derechos y los deberes correspondientes se adquieren por la relación especial en la que se encuentran los individuos entre sí, más que por el hecho de ser exigencias que los individuos tienen simplemente en virtud de su humanidad o condición.
Resulta obvio que la posición del Procurador en este caso, como en su visión restrictiva y parcializada en relación con la promoción y defensa de los derechos humanos y el castigo a la corrupción, es estratégica y selectiva, íntimamente articulada a la fórmula neoliberal, según la cual la deliberada desarticulación de la relación entre lo económico y lo político debe llevar a reservar al primero el monopolio de la determinación y abandonar el resto -la política, la cultura, la teoría- a los caprichos del azar. Ordóñez redujo su defensa sobre las indignantes pensiones a su aspecto meramente técnico, sin preocuparse por los conceptos ya centenarios de lo justo y lo injusto (Kant) ni de sus consecuencias sobre las generaciones venideras. Es una forma de despolitización simbólica de los conflictos sociales, algo propio del proyecto fascista, como lo demuestra la historia.
Al sustentar la defensa de los cuestionados privilegios en la noción jurídica de "derechos adquiridos", Ordóñez pudo haber incurrido en una forma de prevaricato en la medida en que omitió la valoración de los medios -legales pero no legítimos- adaptados por los beneficiarios y auspiciados por él en su condición anterior de consejero de Estado, para lograr los fines proditorios ya denunciados por diversos especialistas e investigadores, de los cuales será beneficiario de mantenerse vigente la concepción inequitativa implícita en la ley demandada. Porque además de la negación de valores éticos groseramente deshonrados por las élites beneficiadas, Ordóñez -una mentalidad anclada en los preceptos teológicos de la abolida Constitución de 1886- no quiso ver los ruinosos impactos en el presupuesto nacional. Con su intervención, el Procurador nos ha recordado que "la mano invisible" del mercado siempre va acompañada de un puño visible.
De acuerdo con la atinada reflexión de la columnista María Elvira Bonilla en El Espectador (2-2-13), el tipo de derechos adquiridos defendidos por Ordóñez no son otra cosa que una mentira: "Son derechos adquiridos de mala manera, con trampa o disimulo". Por su parte, el notable jurista Rodrigo Uprimny, se pregunta en la misma edición: "¿cómo justificar ética o jurídicamente este régimen exorbitante y extremadamente costoso a favor de magistrados y congresistas, sobre todo si tenemos en cuenta que es una ley que beneficia a quienes hacen las leyes y a quienes las interpretan?" Olvida Ordóñez -digo yo, inspirado en Habermas-, que los derechos y los deberes correspondientes se adquieren por la relación especial en la que se encuentran los individuos entre sí, más que por el hecho de ser exigencias que los individuos tienen simplemente en virtud de su humanidad o condición.
Resulta obvio que la posición del Procurador en este caso, como en su visión restrictiva y parcializada en relación con la promoción y defensa de los derechos humanos y el castigo a la corrupción, es estratégica y selectiva, íntimamente articulada a la fórmula neoliberal, según la cual la deliberada desarticulación de la relación entre lo económico y lo político debe llevar a reservar al primero el monopolio de la determinación y abandonar el resto -la política, la cultura, la teoría- a los caprichos del azar. Ordóñez redujo su defensa sobre las indignantes pensiones a su aspecto meramente técnico, sin preocuparse por los conceptos ya centenarios de lo justo y lo injusto (Kant) ni de sus consecuencias sobre las generaciones venideras. Es una forma de despolitización simbólica de los conflictos sociales, algo propio del proyecto fascista, como lo demuestra la historia.
Libro recomendado: "La voluntad indómita, fundamentos teóricos de la acción colectiva". Una compilación de textos de análisis e investigaciones empíricas de los más importantes teóricos de los movimientos sociales que han sido clave para la conceptualización de la acción colectiva, definida por Sidney Tarrow como "retos colectivos de gente con un propósito común y solidaria en la interacción sostenida con élites, oponentes y autoridades para explorar oportunidades políticas, crear identidades colectivas, agrupar personas en organizaciones y movilizarlas en contra de oponentes más poderosos". Rodry Brett y Freddy Cante, editores académicos-Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2011, Centro de Estudios Políticos e Internacionales CEPI. 424 pp.
* Analista político e investigador en Ciencias Sociales.
* Analista político e investigador en Ciencias Sociales.
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