Políticos con patrocinio

Por: NATALIA SPRINGER,  24 de Febrero del 2013

Natalia Springer

Ciertamente, las compañías dedicadas a la exploración mineroenergética tienen un enorme poder, extraordinario quizás.

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“El Ranchería es el único río de los wayús. La única corriente de agua que atraviesa este territorio ancestral dando vida a nuestra vida.” Así se lee en la carta que le dirige Vicenta Siosi Pino, mujer wayú del clan Apshana, al presidente Santos. En una prosa tranquila, le habla sobre la vida de su gente en el desierto y se pregunta: “¿Cómo será la vida del wayú sin el río Ranchería? En 30 años de explotación del mineral, las regalías a La Guajira le han servido para nada. Todavía ninguna población del departamento tiene un acueducto eficiente. ¿Por qué cambiaríamos nuestro único río por regalías?”.

Todas estas cuestiones cobran importancia nacional mientras presenciamos cómo la “locomotora mineroenergética” embiste algunas regiones amenazando la viabilidad misma de la vida. ¿Por qué las autoridades no cumplen con el deber de controlar, y con su omisión han avalado durante años las malas prácticas, por ejemplo, de la Drummond? A pesar de las reiteradas acusaciones que vinculan a algunas compañías con la financiación de grupos armados al margen de la ley e, incluso, con el asesinato de sindicalistas y líderes comunitarios, ¿se les premia con la renovación de las licencias? ¿Qué coherencia hay entre la realidad y el discurso de la verdad, la justicia y la reparación? ¿Y con el de la defensa del interés nacional?

La cuestión no es mínima. El presidente Santos aseguró hace poco en un debate radial en Hora 20, cuando se le preguntó por el asunto, que su gobierno no había otorgado títulos mineros, entre otras razones, porque “todo estaba titulado”. Más duda siembra Gabriel Silva, en su columna de la semana pasada en estas páginas, al afirmar: “La Drummond finalmente confesó que vertió toneladas de carbón al mar. Sería bueno que también le contara al país si los apoyos que le dan a Álvaro Uribe son por los millones de dólares de descuentos tributarios que obtuvieron durante su mandato”. Silencio tuitero.

Ciertamente, las compañías dedicadas a la exploración mineroenergética tienen un enorme poder, extraordinario quizás: poder para transformar positivamente y convertirse en fuentes magníficas de desarrollo local, de iniciativas solidarias y de empoderamiento de comunidades, o, por el contrario, de destrucción del medio ambiente, de corrupción de funcionarios y de saqueo descarado. En eso, la discusión debe alejarse del dogmatismo. No se trata de obstaculizar una actividad económica fundamental para el desarrollo, sino de aprovechar los recursos de manera sostenible y con una clara visión de los desafíos que nos plantea el cambio climático.

La reflexión es profunda y debe leerse a tenor de la fragilidad humana y su estrecha dependencia de bienes sensibles o no renovables, como el agua fresca, el aire limpio, las necesidades básicas de alimentación, consagrados como derechos en un número abundante de normas constitucionales y leyes, así como de instrumentos legales internacionales, tanto declaraciones no vinculantes como tratados de los que se derivan la “obligación de respetar” y el deber de no obstaculizar indebidamente el ejercicio de las actividades de alimentación y acceso al agua, y la “obligación de protegerlos” de terceros (individuos, grupos armados, empresas, etc.) que puedan eventualmente privar a los titulares de su disfrute.

Quisiera apostar por la gestión del ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, a quien conozco como una persona culta y decente, pero ¿cuál es su poder real cuando las entidades autónomas regionales encargadas del trámite de los permisos están plagadas de “recomendados”, situados allí por clanes políticos con agenda propia? La confianza inversionista no puede leerse como una invitación al saqueo, ni como la oportunidad para algunos políticos de montarle patrocinio a su ambición desmedida.

Natalia Springer
@nataliaspringer