El pendiente de las pensiones

ELTIEMPO.COM

Por muchas ilusiones que haya, el proceso de paz que arranca está lleno de incertidumbres. La rueda de prensa de los voceros de las Farc el jueves en La Habana así lo demostró: cínicos ("no tenemos secuestrados, no narcotraficamos"), anunciaron que pedirán primero que todo un cese del fuego -a pesar de que eso no está en la agenda que firmaron- y, lo más grave, lucieron divididos, pues parece que cada uno seguía un libreto propio. Aunque es verdad que por primera vez han aceptado hablar de desmovilización y de dejar las armas, como no son tipos de fiar, lo mejor es que Santos y su gobierno mantengan los pies en la tierra.

Y la mejor manera de hacerlo es gobernando. Eso de que sus ministros integran un gabinete para la paz suena bonito. Pero es puro cuento: la mejor contribución que pueden hacer esos ministros es cumplir con sus tareas. Que Cecilia Álvarez Correa haga las carreteras, que Alejandro Gaviria resuelva el enredo de la salud, que Juan Gabriel Uribe cuide el medio ambiente, que Fernando Carrillo evite que se corrompa la relación con los congresistas, que Rafael Pardo saque adelante la reforma de las pensiones. Este último es un pendiente muy delicado: si el Gobierno lo engaveta, la cuenta será alta y la pagaremos los colombianos durante décadas.

La población del país, como la del resto del mundo, se ha envejecido y vive cada vez más años. La expectativa de vida en Colombia, que era de 63 años a principios de los años 70, hoy casi supera los 80 años. Eso quiere decir que quien antes trabajaba 25 años y durante ellos aportaba para su pensión vivía luego unos 15 o 20 años y, mal que bien, el Estado tenía con qué pagarle la jubilación. Ahora, con los mismos 25 años trabajados, el pensionado puede llegar a vivir 30 o más años y, como es obvio, la plata aportada para su pensión no alcanza.

Menos aún en los regímenes especiales, como el del sector judicial, donde hay magistrados que se jubilan con pensiones multimillonarias, para las que su ahorro nunca alcanzará. Eso obliga a todos los contribuyentes a financiar a estos privilegiados, algo que el Gobierno y el Congreso tendrán que corregir tarde o temprano, simple y llanamente porque es una injusticia sin nombre.

El pasivo del Estado con sus pensionados vale hoy 900 billones de pesos, más de cinco veces el presupuesto nacional de este año. Hoy en día, el Estado dedica el 15 por ciento del presupuesto a fondear esas pensiones. Y eso será peor en los años venideros, porque cada vez habrá más pensionados y cada vez vivirán más años. No hacer nada implicaría que el cálculo de ese pasivo aumente en 135 billones de pesos y se vuelva, muy pronto, impagable.

Las opciones no son muchas: subir los aportes pensionales de trabajador y empresa, subir los impuestos (renta, IVA y demás), para que todos los colombianos financiemos el sistema o, finalmente, subir la edad de jubilación. En el primer caso, aumentaría el costo de contratar y, con él, el desempleo. En el segundo, la competitividad de Colombia saldría lesionada. Queda solo la tercera opción: que, puesto que viviremos más años, todos trabajemos más años. Esta decisión ya ha sido adoptada en muchos países del mundo con sistemas de pensiones mejor fondeados que el colombiano.

Suena duro, pero es que la realidad es dura: si seguimos como vamos, en pocos años no habrá con qué pagar las pensiones y tendremos que acudir a opciones mucho más dolorosas, como rebajar de modo significativo las mesadas. De modo que el Gobierno tiene que ponerse las pilas y llevar al Congreso un proyecto de reforma serio en este campo. No hacerlo es exponer al país a la bancarrota, y a los pensionados a que un día no haya con qué pagarles. Sería un crimen histórico imperdonable, de consecuencias tanto o más graves que fracasar en la negociación con las Farc. 

Mauricio Vargasmvargaslina@hotmail.com