CECILIA LÓPEZ MONTAÑO
Hoy, después de 25 años de la famosa Ley 100, el déficit fiscal en pensiones es 3,9 por ciento del PIB y la cobertura no es más del 25 por ciento.
Ahora que hablar de la experiencia está de moda, dada la poca que tiene el nuevo presidente en asuntos del Estado, es bueno recordar que esta sirve precisamente porque permite identificar errores para no repetirlos. Por ello, cuando el gobierno entrante tiene que empezar el debate de la reforma pensional es clave que aquellos que vivimos hace 25 años este difícil tránsito, saquemos a relucir los errores evidentes que se cometieron, aquellos que sería inadmisible repetir, y, por último, los que se pueden evitar. Es sano traer a colación este tema por el complejo de Adán que nos caracteriza, especialmente a aquellos que entran llenos de sabiduría a un nuevo gobierno.
Para empezar no se puede olvidar, aunque es evidente, que una buena reforma en este tema tan complejo, con tantos intereses creados, depende o debe partir del mejor diagnóstico posible. Lo primero que hay que decir del proceso de debate que terminó en la Ley 100 en el tema pensional, es que el diagnóstico que se hizo en ese caso fue limitado, sesgado y primaron los intereses financieros. Por fortuna, en ese momento se escribió un detallado libro, que entre otras prologó el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, con un análisis juicioso de este proceso de discusión (López et al, 1993).
Obviamente este error tuvo consecuencias que hoy se busca remediar. Aunque hubo avances en el tema, sus objetivos prioritarios no se cumplieron, ni se incrementó realmente la cobertura del sistema y el déficit fiscal que debía reducirse, se elevó significativamente. Además, la atención a la población rural e informal urbana en pensiones, siguió siendo totalmente precaria para no decir inexistente.
Probablemente, el error más grande que se cometió en ese momento fue no haber identificado el problema de fondo, que sigue siendo la necesidad de que los adultos mayores, al llegar al final de su vida, no engrosen las filas de pobres, como puede estar pasando actualmente. Imperdonable repetir esta inmensa equivocación. Y esto sucederá si como en 1993, se limita la reforma a los sistemas pensionales vigentes sin preguntarse quiénes están por fuera, que eran antes y son ahora la mayoría de la población en edad de trabajar. Adicionalmente, como ya se mencionó, y definitivamente esto no puede repetirse, es que primen intereses financieros sobre objetivos sociales y fiscales. Hoy, después de 25 años de la famosa Ley 100, el déficit fiscal en pensiones es 3,9 por ciento del PIB y la cobertura, en términos de personas mayores con pensiones, no es más del 25 por ciento, muy similar al dato de cobertura en 1993. ¿Valió la pena? Pero eso sí, los fondos de pensiones tienen más de 200 billones de pesos porque, entre otras, llevan 25 años sin pagar aún pensiones de vejez.
Pero, además, hay errores que se pueden evitar como partir de diagnósticos incompletos que siempre son el producto de debates capturados por grupos de interés. Ya esa lección está aprendida, de manera tal que no hay excusa que permita repetirlo. Un tema sustantivo que a la gente se le olvida, incluso a respetables macroeconomistas, es que una de las características de nuestro país es su profunda desigualdad, que lleva a que gran parte de quienes trabajan tengan ingresos muy bajos. Lo anterior, sumado a no identificar la población que queda por fuera, si el debate se limita a los sistemas pensionales que cubren a muy pocos, daría un resultado negativo. Ya lo sabemos.
Para que quede claro, la PEA (Población Económicamente Activa) en Colombia es hoy 24 millones de personas y los cotizantes son 8 millones. Es decir, este tipo de cobertura es el 34 por ciento, lo que deja por fuera al 66 por ciento; esto es 2/3 de la población que debería tener la posibilidad de disfrutar de una pensión al llegar a la edad de retiro no la obtiene. En ese grupo sobresalen las mujeres, los trabajadores rurales, los informales urbanos. Si esta nueva reforma deja por fuera a tanta población, Colombia será un país lleno de ancianos indigentes, un gravísimo problema social que cualquiera que sea el gobierno tiene que asumir. Más aún, habrá, sobre todo, mujeres indigentes porque viven más años y tienen menos acceso a la protección social.
La pregunta de fondo es si este tema del envejecimiento de la población lo vamos a tratar de empezar a resolver, ahora que todavía se puede, porque apenas empieza a crecer rápidamente este grupo de población, o le vamos a dejar semejante problema social, fiscal y de toda naturaleza a nuestros hijos y nietos. Si seguimos cometiendo los mismos errores del pasado y actuamos desconociéndolos, llegaremos a esa penosa y dolorosa realidad.
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