Por: Armando Montenegro
Uno de los aspectos más destacados de la campaña presidencial en marcha ha sido la generosidad con que algunos precandidatos han anunciado la rebaja de impuestos, exenciones y descuentos tributarios. Estas promesas han sorprendido no sólo porque desconocen la apremiante realidad fiscal, sino porque, además, ponen de presente la creencia de ciertos políticos de que por medio de estos mecanismos se pueden estimular el crecimiento y la inversión, sin consideración alguna por la situación financiera del país.
Esta creencia, seguramente, está basada en las ideas del Partido Republicano de Estados Unidos, el mismo que, a partir del gobierno de Ronald Reagan, ha conseguido, cada vez que asciende al poder, rebajar los impuestos de las empresas y las personas con altos ingresos. Sus ideólogos, a pesar de que se autodenominan conservadores fiscales, sostienen que la rebaja de impuestos induce el crecimiento y que éste, a su vez, genera mayores recaudos tributarios, de tal manera que esta política, en su opinión, no conduce a la elevación sino a una reducción del déficit. Los economistas serios, después de desnudar la pobreza de estas ideas, las han denominado “voodoo economics”. Pero el desprecio intelectual no ha hecho mella en los planes de los republicanos y, mucho menos, en sus financiadores, de tal forma que en los próximos días, esta vez de la mano de Trump, intentarán una nueva reducción de los impuestos.
Ese tipo de ideas también ha tenido una importante difusión en nuestro medio y recibió un notable impulso en los gobiernos del presidente Uribe. Con el rótulo de “confianza inversionista”, se puso en marcha una política de generosos incentivos, exenciones y subsidios a empresas escogidas, con el propósito de estimular la inversión y el crecimiento de toda la economía. Varios estudios mostraron en su momento las débiles bases de estos planteamientos y señalaron, además, que el mayor crecimiento económico de aquellos años fue, en realidad, el resultado del gran auge inducido por los buenos precios de las materias primas, en especial los del petróleo (dicho de otra forma, el país habría tenido más o menos el mismo crecimiento sin los sacrificios fiscales que se comprometieron en la segunda mitad de la década pasada, muchos de los cuales todavía siguen afectando las finanzas públicas).
De acuerdo con las proyecciones disponibles, en agosto de 2018 el próximo gobierno heredará una situación fiscal muy delicada y tendrá que hacer frente a cuantiosas demandas de gasto represadas durante varios años y, si continúan las promesas de campaña, se topará también con las expectativas de mayores erogaciones y exigencias de una rebaja de impuestos.
Sin exageración se puede afirmar que, si el próximo gobierno desconoce las alarmas y, sin ninguna cautela ni previo ajuste, procede a realizar una política generosa de gasto y de menores impuestos, desencadenaría rápidamente una crisis fiscal, con un considerable impacto sobre el crecimiento, el empleo y la pobreza (¿recuerdan lo sucedido por esta misma razón entre 1998 y 2002?).
Por este motivo, las distintas campañas harían bien en conocer detalladamente la realidad de lo que van a recibir —bien descrita, por ejemplo, en numerosos estudios de entidades como Fedesarrollo y Anif—, con el fin de situar sus programas en el incómodo e inquietante terreno de lo que es posible.
Reflexiones al tema pensiones
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