Colombia se dirige sin prisa pero sin pausa hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. No solo porque existe, como lo hemos venido diciendo desde años atrás en esta columna, un bloqueo institucional que impide resolver los problemas estructurales del Estado, sino también porque el desprestigio de las instituciones aumenta a la velocidad de la luz y sólo una refundación de las mismas sirve para enmendar el entuerto en el que nos encontramos.
Contribuye a este fenómeno el importante bloque de reformas constitucionales que se impulsó con ocasión del proceso de paz a pesar de que el plebiscito fuera derrotado en las urnas y no fuera posible un acuerdo nacional para implementar el proceso en un marco de unidad y mínimos consensos. Tenemos ahora, ciertamente, no solo un problema de descuadre en el modelo de pesos y contrapesos que impide el equilibrio y los límites del poder, sino también, graves dificultades de legitimidad.
En medio de esta situación hemos aterrizado en el proceso electoral; un periodo en el cual se radicalizan las posiciones, se atizan las diferencias y las facciones políticas sacan lo mejor y lo peor de sí mismas. Es de esperar pues que se polarice la opinión en torno a propuestas, ideas y visiones de cómo construir un mejor país. Es probable que los candidatos se griten barbaridades e incluso se insulten si es que así creen que pueden subir en la intención de voto. El desprestigio institucional será el fundamento de varias campañas y algunas propuestas totalitarias sólo tienen viabilidad política en un escenario de total descomposición.
Lo cierto es que Colombia está polarizada hasta la médula y cada vez parece más complejo reconocer el contenido material de ese acuerdo sobre los temas fundamentales que permiten construir un consenso nacional y un futuro común. Se enturbia así la definición sobre asuntos como los límites del poder, el papel de la justicia, el respeto a la ley, la función de la crítica, la propiedad privada, la libertad económica, el escenario de lo permitido y lo inadmisible en el marco de la lucha política y los derechos inherentes e irrenunciables de los ciudadanos.
Lo grave de la situación colombiana, aunque ello no deje de ser preocupante, no es la proliferación de candidatos y el marchitamiento de los partidos, ni la crisis de corrupción, ni la ausencia de liderazgo ni la pobreza de la justicia. Lo grave, lo verdaderamente grave, es que se ha reducido a poca cosa el consenso político sobre el cual operan nuestras instituciones y el diálogo entre las diferentes tendencias políticas, necesario para recomponerlo, es prácticamente inexistente. Basta observar el tono de la campaña para darse cuenta de que ya no nos tratamos como adversarios políticos y militantes de causas diversas, sino como enemigos que luchamos por sobrevivir de las intenciones reales o imaginarias del otro por destruirnos.
Si el próximo presidente de Colombia es respetuoso de la democracia liberal, tendrá como tarea principal convocar y empeñarse a fondo en promover un diálogo político y reconstruir nuestro acuerdo sobre lo fundamental. Sólo así caerán en tierra fértil aquellas propuestas para resolver los problemas que tiene Colombia.
Reflexiones al tema pensiones
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