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Los diferentes actores estatales, gremios, fondos de pensiones, etc. han expresado sus puntos de vista respecto al tema pensional. Oportunidad que no hemos tenido los propios pensionados, no obstante ser los directamente afectados.
La ocurrencia de desafueros por parte de avivatos que estrujan las normas en su beneficio no puede servir de mampara para que a una inmensa mayoría de pensionados bajo el régimen de transición que consagra la ley 100 se nos niegue el derecho fundamental a una pensión digna y a su disfrute en vida y no como un incierto derecho hereditario.
Toda nuestra pretensión se contrae a solicitar la aplicación de la ley así como la igualdad ante la misma, tal como lo ha exigido el señor Procurador de la Nación en la circular 054 de 2010. Reiterados fallos proferidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional apoyan nuestras aspiraciones. No puede ser de recibo que la aplicación de las normas vigentes constituya un riesgo para el estado y que quienes así lo solicitamos nos hayamos convertido en poco menos que unos aventureros abusivos, como lo viene manifestando el gobierno en la vasta campaña mediática emprendida para presionar un fallo que favorezca sus elusivas pretensiones.
Si la viabilidad del país depende de la violación de sus propias leyes, ello sólo significa que estamos ante un estado fallido. Sería tanto como decir que nuestro pretendido estado de derecho solo podría ser posible si las leyes se pudieran inaplicar a conveniencia del ejecutivo. Si lo que procede es cambiar las normas, entonces que se actúe en consecuencia, mediante los mecanismos institucionales pertinentes, pero entre tanto corresponde simplemente cumplir las que existen.
Es claro que el ISS no tiene por que cubrir, con cargo a los recursos colectivos que administra, unos pasivos pensionales para los cuales los patronos no hubiesen efectuado las deducciones necesarias y/o no hubiesen realizado las apropiaciones actuariales a las cuales estaban obligados en virtud de las normas vigentes en su momento. Esa anomalía, en la cual los trabajadores no tuvieron ni tienen arte ni parte, solo podría ser subsanada por los mismos patrones que pretermitieron sus responsabilidades y también por los mismos pensionados, que tendrían que concurrir con la cuota parte que les corresponda.
Que no se ofenda a los impactados, pensionados ó todavía activos, con el argumento que no hay recursos para asumir las responsabilidades derivadas del cumplimiento de las leyes. Por supuesto que los hay. Lo que sucede es que se cuelan por el barril sin fondo de la corrupción, de la evasión y elusión de impuestos y de la guerra absurda que nos imponen los que al tiempo que reciben de ella cuantiosos beneficios, se aseguran de librarla con sangre ajena y lejos de sus fronteras.
Nos referimos específicamente al grupo de pensionados y trabajadores todavía activos del grupo empresarial EPM porque es el caso que conocemos a plenitud, pero sabemos que existen fundamentados y sentidos reclamos de pensionados de todo el país, que reclaman infructuosamente el respeto de sus derechos en éste ó en asuntos similares.
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