El Colombiano, 11 de marzo de 2012
A este país, que ha visto todo en materia de injusticia e inequidad, sólo le faltaría que, desde la cúpula de la Justicia, se hubiere aceptado un abuso continuado del derecho, en el carrusel pensional.
No sobra la pregunta: ¿desde cuándo se está presentando en el país el "carrusel" pensional en las altas Cortes de Justicia?
Y agregar: ¿sólo hay evidencias de este tipo de "carrusel" en las Cortes? ¿Resistirían los propios entes de control un examen cuidadoso de su historia pensional?
A un país acostumbrado a los escándalos, que ya ha sacado callo en su capacidad de enjuiciamiento ético, le sobrecoge que las más altas instancias del Estado, entre ellas la Justicia, hayan caído en mañas que se les atribuían a otros protagonistas.
Hay que recordar que en 1993 se logró en el país un avance en materia de seguridad social, tanto en salud como en pensiones.
Tras décadas de tener múltiples regímenes pensionales e infinidad de reglamentaciones para la jubilación, se buscó, mediante la Ley 100, que la fuerza laboral del país tuviera las reglas más claras. Y que los jueces contaran con mayor seguridad jurídica a la hora de determinar las mesadas.
Pero quedaron sueltos varios regímenes que ahora, por fin, están bajo la mirada pública. Entre la aplicación de Decretos perdidos, jurisprudencia hecha a la medida y demandas por doquier, decididas por colegas de oficio y magistratura, se deberán desentrañar dichas prácticas.
Las informaciones que los medios de comunicación presentamos al país sobre un sistema escandaloso de acceso a pensiones de magistrados, unidas a las exorbitantes sumas devengadas por los excongresistas, nunca parecían llenar la copa de la indignación pública.
El tema ha llegado a alarmar al propio Gobierno que, en documento interno del Ministerio de Hacienda, detalla el costo que para el país tendrán estas jubilaciones, entre las que incluye, además de las Cortes, a la Procuraduría y la Contraloría.
A propósito de esta última, hay razones jurídicas muy válidas que apoyan la decisión, plausible y valiente, de la Contralora General, Sandra Morelli , de asumir la competencia para investigar el tema.
Lo hará desde la responsabilidad fiscal -es decir, del posible detrimento patrimonial- a los magistrados que pudieron haber dado lugar a este abuso del derecho.
Y es abuso del derecho porque, aunque los magistrados aducen que "no se ha hecho nada ilegal", es ostensible que el espíritu de igualdad ante la ley queda desvirtuado.
Es decir, es verdad que hay leyes que les conceden esos beneficios pensionales. Pero también lo es que esos casos conocidos abusan del derecho, porque han torcido el espíritu de equidad de las normas.
E incluso, podrían haber incurrido en fraude a la ley , se ciñen a la letra de la norma legal, pero buscando objetivos alejados de la justicia y la equidad.
Apoyamos sin reservas las investigaciones de la Contraloría General. De seguro se topará con toda clase de obstáculos, pero tendrá que defender su competencia.
Esperamos poco -o quizás nada- de las que, por su parte, pueda iniciar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Y el panorama sería peor si, para acabar de ajustar, se procede con base en anónimos y sin criterios rigurosos.
Y agregar: ¿sólo hay evidencias de este tipo de "carrusel" en las Cortes? ¿Resistirían los propios entes de control un examen cuidadoso de su historia pensional?
A un país acostumbrado a los escándalos, que ya ha sacado callo en su capacidad de enjuiciamiento ético, le sobrecoge que las más altas instancias del Estado, entre ellas la Justicia, hayan caído en mañas que se les atribuían a otros protagonistas.
Hay que recordar que en 1993 se logró en el país un avance en materia de seguridad social, tanto en salud como en pensiones.
Tras décadas de tener múltiples regímenes pensionales e infinidad de reglamentaciones para la jubilación, se buscó, mediante la Ley 100, que la fuerza laboral del país tuviera las reglas más claras. Y que los jueces contaran con mayor seguridad jurídica a la hora de determinar las mesadas.
Pero quedaron sueltos varios regímenes que ahora, por fin, están bajo la mirada pública. Entre la aplicación de Decretos perdidos, jurisprudencia hecha a la medida y demandas por doquier, decididas por colegas de oficio y magistratura, se deberán desentrañar dichas prácticas.
Las informaciones que los medios de comunicación presentamos al país sobre un sistema escandaloso de acceso a pensiones de magistrados, unidas a las exorbitantes sumas devengadas por los excongresistas, nunca parecían llenar la copa de la indignación pública.
El tema ha llegado a alarmar al propio Gobierno que, en documento interno del Ministerio de Hacienda, detalla el costo que para el país tendrán estas jubilaciones, entre las que incluye, además de las Cortes, a la Procuraduría y la Contraloría.
A propósito de esta última, hay razones jurídicas muy válidas que apoyan la decisión, plausible y valiente, de la Contralora General, Sandra Morelli , de asumir la competencia para investigar el tema.
Lo hará desde la responsabilidad fiscal -es decir, del posible detrimento patrimonial- a los magistrados que pudieron haber dado lugar a este abuso del derecho.
Y es abuso del derecho porque, aunque los magistrados aducen que "no se ha hecho nada ilegal", es ostensible que el espíritu de igualdad ante la ley queda desvirtuado.
Es decir, es verdad que hay leyes que les conceden esos beneficios pensionales. Pero también lo es que esos casos conocidos abusan del derecho, porque han torcido el espíritu de equidad de las normas.
E incluso, podrían haber incurrido en fraude a la ley , se ciñen a la letra de la norma legal, pero buscando objetivos alejados de la justicia y la equidad.
Apoyamos sin reservas las investigaciones de la Contraloría General. De seguro se topará con toda clase de obstáculos, pero tendrá que defender su competencia.
Esperamos poco -o quizás nada- de las que, por su parte, pueda iniciar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Y el panorama sería peor si, para acabar de ajustar, se procede con base en anónimos y sin criterios rigurosos.
Por JOSÉ BERNARDO RUIZ DUQUE
ResponderEliminarDoctor
Juan José
Nosotros los Empleados públicos estamos en la mitad de ese sanduche entre los magistrados y los parlamentarios.
Nos van a hacer añicos.
Tenemos conocimiento que el fallo será retroactivo, quiere decir que los que hemos ganado como empleados públicos, en franca lid, en Juicio, nos anularan los fallos y nos re liquidaran las pensiones y tendremos que devolver los dineros.
Les he escrito a todos los medios que nos den un espacio, que los jubilados del sector publico tenemos derecho a defendernos y que nos permitan, contar la verdad, Les he solicitado que nos dejen denunciar a los jueces perversos de la Corte Suprema de Justicia y no ha sido posible. Solo faltaría PIRRY
Doctor JOSE BERNARDO:
ResponderEliminarAunque no sea propiamente el medio más universal, porque no acudir a este blog para empezar a contar todas esas cosas que Ud. conoce y que de seguro el abanico de pensionados integrados podríamos replicar entre nuestros propios circulos.
Animese doctor Ruiz que principio tienen las cosas y no hay peor diligencia que la que no se hace.