INDIGNACIÓN EN LAS ALTAS CORTES

Daniela Sánchez Russo, El espectador, marzo 11 de 2012,

Funcionarios de la Corte Constitucional y la Suprema expusieron su molestia y desestimaron la denuncia.

Todos los magistrados de la Corte Constitucional (36) resultaron implicados en el escándalo. Ninguno se encuentra en edad para pensionarse. / Archivo

Ni siquiera la reforma a la justicia había generado tanta solidaridad de cuerpo entre las altas cortes como la denuncia anónima que llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en la cual se afirma que 209 magistrados hacen parte del carrusel de las pensiones. La denuncia, que abarca a la mayoría de los magistrados, atribuye irregularidades a funcionarios que no se encuentran en el régimen de transición para adquirir el derecho a la pensión y que mucho menos están en edad para reclamarlo.

Es así como, en medio de la indignación, varios magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema sostuvieron, en diálogo con El Espectador, que no sólo era inaceptable la ligereza con que los medios y las ramas del poder estaban manejando una acusación anónima, sino que además existen anomalías —como el hecho de que se sostiene que Mauricio González, expresidente de la Constitucional, nació en 1986—, que darían pie a pensar que la información reposa sobre absurdos. Y, aunque los funcionarios no negaron la existencia de un carrusel de pensiones en la Rama Judicial, insistieron en la imposibilidad de que el total de las cortes estuviera involucrado.

En un ejemplo concreto, miembros de la Corte Constitucional afirmaron que el magistrado auxiliar con mayor edad en su corporación, Luis Guillermo Guerrero, de 53 años, no está en el régimen transitorio de la Ley 100 —que admite el derecho a la pensión de vejez a las mujeres que el 1º de abril de 1994 hubieran cumplido 35 años y de los hombres que hubieran cumplido 40 años o que hubieran laborado más de quince años en la Rama Judicial—, lleva 14 años dentro de las cortes y aún le faltan nueve para recibir su pensión.

Por esto, aseveraron: “No sólo es irresponsable exponer una denuncia anónima sino que además es incoherente que los medios que publicaron las listas de los implicados no corroboraran la información con los funcionarios de esta corporación”. Al parecer, ninguno de los magistrados fue entrevistado previamente a la publicación de la denuncia.

La Comisión de Acusación asevera que 36 magistrados de la Corte Constitucional —el total de los funcionarios si se tiene en cuenta que hay nueve titulares y 27 auxiliares— se encuentran involucrados en el escándalo. Sin embargo, este diario conoció la historia de otros funcionarios que dan cuenta de que la denuncia podría ser un falso testimonio. Por ejemplo, uno de los magistrados auxiliares de María Victoria Calle, Aquiles Arrieta, tiene 39 años, lleva 11 ejerciendo en la Corte y aún le faltan 21 para pensionarse. Arrieta empezó a trabajar como practicante en 2001 y desde entonces ejerció diversos cargos hasta ser nombrado magistrado auxiliar.

Así mismo, José Antonio Cepeda, quien es magistrado auxiliar del presidente de la corporación, Eduardo Mendoza, tiene 46 años, lleva 20 en la Corte y puede recibir el derecho a la pensión hasta el año 2028. Es menester, sin embargo, decir que Cepeda fue auxiliar del exmagistrado Vladimiro Naranjo —funcionario de los primeros ocho años de la Corte Constitucional—, hecho que desmentiría la teoría de que los magistrados no tienen una larga trayectoria de servicio en la corporación. Por último está el magistrado auxiliar Abraham Sánchez, de 47 años, que trabaja en la Corte hace 19 y le faltan 14 para pensionarse.

En este panorama, los magistrados sostuvieron dos hipótesis para darle una explicación al escándalo. Sobre la divulgación de las listas en los medios de comunicación, aseveran que hay un deseo irresponsable de conseguir una noticia exclusiva a toda costa, con poca investigación y juicio. Sobre la acusación anónima que llegó a la Cámara de Representantes, están de acuerdo con las teorías de la contralora Sandra Morelli, quien asegura que se trataría de sabotear la verdadera investigación del carrusel de pensiones o de inhabilitar a los magistrados titulares para que no se pronuncien sobre el tema.

Frente a los continuos reclamos, Germán Blanco Álvarez, presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, expresó que el trámite que se le está dando a la denuncia contra 200 magistrados de las altas cortes no es político sino jurídico.

En cualquier caso, la justicia deberá determinar si estas denuncias son infundadas, si en efecto existe un carrusel de las pensiones o si éste no es más que otro escándalo sin futuro.