El Gobierno debe continuar con la tarea de educar en la prevención.
Ocho víctimas. Ese fue el saldo mortal de un alud de tierra que cayó el pasado jueves sobre más de una decena de obreros que trabajaban en un edificio de Bucaramanga en obra. Aunque no se han establecido las causas del deslizamiento, se sospecha que trabajos en pavimentos adyacentes habrían desestabilizado el terreno con estas trágicas consecuencias.
Además de la asignación de las responsabilidades y el apoyo a las familias de los trabajadores fallecidos y heridos, el colapso en la capital santandereana debe despertar una reflexión acerca de la seguridad laboral en el país.
De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), anualmente suceden unos dos millones de incidentes mortales en el mundo, y en los países en desarrollo el número de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo viene en aumento.
Colombia no es la excepción. El año pasado, el Ministerio de Trabajo registró 546.713 accidentes de trabajo calificados, frente a 442.900 en el 2010.
Estos guarismos indican una ligera alza de la tasa de accidentalidad laboral, que llega a 7 por cada 100.000 trabajadores afiliados al sistema de riesgos. A pesar de lo anterior, en el 2011 la tasa de mortalidad registró un notable descenso, de 7,1 a 4,7.
Dos de los sectores donde se han presentado los casos más sonados son la minería y la construcción. En esta última, las cifras oficiales de lo ocurrido el año pasado muestran un mejoramiento tanto de la tasa de accidentes como de la de mortalidad. Un panorama distinto es el de las minas. Si bien las muertes en los socavones han disminuido, los niveles de accidentalidad aumentaron levemente entre el 2010 y el 2011.
Cabe aclarar que dichos datos provienen de los registros del sistema general de riesgos profesionales, con más de medio millón de empresas y unos 8 millones de colombianos afiliados. Los incidentes que hayan ocurrido fuera de esta esfera formal son muy difíciles de rastrear y contabilizar.
En una economía con el 62 por ciento de sus puestos de trabajo creados en la informalidad, según un estudio del Banco de la República, es razonable esperar una accidentalidad mucho mayor.
La baja calidad del empleo se traduce, a su vez, en precarias dotaciones protectoras, e inseguras condiciones para laborar, que son el caldo de cultivo de los incidentes.
La reciente creación del Ministerio de Trabajo ayuda precisamente a enfrentar el difícil escenario, en especial, en dos frentes claves: la prevención y la vigilancia.
El incremento de la actividad minera en el país demanda una presencia mayor de los inspectores para garantizar que este sector de alto riesgo cumpla con las reglamentaciones de seguridad industrial.
En materia coercitiva, el inicio de actividades de la nueva cartera ha significado el aumento vertiginoso de las sanciones en segunda instancia por razones de accidentes laborales: mientras en el 2010 se impusieron 91, el año pasado se aplicaron 319.
Para una gran proporción de colombianos el solo hecho de tener un trabajo es motivo de agradecimiento. Sin embargo, hay oficios que requieren protección para el obrero, y otros cuya naturaleza implica un alto riesgo físico.
El Gobierno debe continuar con la tarea de educar en la prevención, mejorar la gestión de los riesgos profesionales y llevar a cabo una vigilancia epidemiológica de los patrones de accidentalidad que permita emprender acciones correctivas. A fin de cuentas, ir al trabajo no debe ser tan peligroso.
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