sábado, 10 de marzo de 2012

DOS MAGISTRADOS Y UN PROCURADOR, ENREDADOS POR CARRUSEL DE PENSIONES

El tiempo.com,  09 de Marzo del 2012

Avanzan las investigaciones de la Contraloría en el Consejo Superior de la Judicatura.

Dos magistrados de la Sala Disciplinaria, Henry Villarraga y Julia Emma Garzón, aparecen como los más enredados en las investigaciones de la Contraloría por el llamado 'carrusel' de pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura. Otro de los investigados, el exmagistrado Carlos Arturo Ramírez, es el procurador encargado de vigilar la transparencia de los funcionarios públicos.

El organismo de control depuró la lista de nombramientos de 38 magistrados auxiliares entre el 2007 y el 2010 y encontró que hay 13 casos que sí incidieron en el reconocimiento de pensiones millonarias, gracias a un decreto de 1971 que permite que funcionarios de la Rama Judicial se pensionen con el mejor sueldo del último año, a pesar de que sus aportes no correspondan con esa mesada.

Ramírez, quien ocupó temporalmente el despacho de Temístocles Ortega, nombró a José Felipe Vidal Alzate como auxiliar del 1 al 30 de septiembre del 2008, según la investigación fiscal. Con eso, Vidal logró un reajuste pensional de 1,2 millones a 4,6 millones.

Garzón deberá explicar qué pasó en los casos de Cenaida Mejía Báez, Zilath Corrales y Constanza Margarita Navia. Esta última, según el expediente, estuvo como magistrada auxiliar entre el 3 de febrero y el 8 de marzo del 2010, y gracias a eso subió su pensión de 4'498.000 pesos a 12 millones.

Mejía pasó de más de 3 millones a 12 millones, por dos periodos que no superaron, sumados, los 4 meses. Y Corrales estuvo entre mayo y julio del 2008 y pasó de 2,8 millones a más de 11 millones.

Villarraga, expresidente de la Sala Disciplinaria, tuvo en su despacho a Jaime Roberto Arteaga, Álvaro Rojas Mayorquín y Jesús Herrera,quienes también se beneficiaron de la generosa gabela pensional.

Los nombramientos duraron en promedio tres meses y las mesadas también se cuadruplicaron. Dos de ellos recibieron pagos retroactivos por más de 400 millones de pesos.

En el caso de Arteaga, el Seguro Social consideró que no tenía derecho a la pensión por el régimen especial, pero a través de tutela logró una mesada de 9 millones de pesos.

REDACCIÓN JUSTICIA

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