Semana, Miércoles 7 Marzo 2012
CARRUSEL DE PENSIONES. Sandra Morelli aclaró cuáles son las conductas que se castigarán en el llamado carrusel de las pensiones. Dice que no todo nombramiento temporal supone un beneficio y reconoce que los ascensos graduales son también fruto de méritos.
Luego de ordenar el embargo de bienes a nueve magistrados del Consejo Superior de la Judicatura investigados por supuesto detrimento patrimonial, la contralora general Sandra Morelli aclaró las conductas que se están investigando en el proceso que se ha denominado como 'carrusel de pensiones' en la Rama Judicial.
Más aún cuando a la Contraloría han llegado denuncias anónimas que pretenden señalar a magistrados del Consejo de Estado de presunto favorecimiento a personas nombradas magistrados auxiliares, con la supuesta intención de beneficiarlos con el monto de la cotización de sus pensiones.
Por eso advierte que "no todo ascenso, no toda pensión obtenida a través de tutela, no toda pensión en donde se invoque el régimen de transición, no toda pensión que exceda el tope de 25 salarios mínimos (...) es la consumación de un fraude al sistema pensional".
Por eso aclara que la Contraloría debe analizar “muchos factores” para considerar que, en materia de pensiones, haya existido "un presunto detrimento patrimonial". Porque, según la ley, se exige no sólo un daño comprobado al patrimonio público, también que "haya sido ocasionado con dolo o culpa grave y que haya nexo causal entre uno y otro".
En el caso de nueve magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, dice Morelli que la Contraloría hará un examen juicioso de las distintas circunstancias que rodean cada reconocimiento de una pensión.
La misma actitud que asumirá el ente de control respecto de cualquier otra institución en la que se encuentren "las mismas prácticas", sin importar el cargo en el que se hayan presentado las circunstancias que determinen el presunto detrimento a los recursos públicos.
Lo anterior, para advertir que la Contraloría resolverá la denuncia anónima contra varios consejeros de Estado que participaron en la nominación de Sandra Morelli para el cargo de la Contraloría. Morelli recordó que ella presentó su impedimento ante el procurador general de la Nación, con el propósito de que en las actuaciones de la Contraloría no se presenten conflictos de interés.
Las conductas irregulares
Para despejar dudas sobre la investigación de la Contraloría, Morelli explica que hay "un gran abismo" entre un encargo o un nombramiento por un corto tiempo durante el período de consolidación de derechos pensiónales y el ascenso gradual fruto de una vida de trabajo y reconocimiento.
Cita como ejemplo el caso del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata, que entró a la rama judicial como mensajero y producto de su trabajo logró ascender a tan alta magistratura. "De no ser así se estaría coartando la posibilidad de nombrar magistrados a personas que tuvieren la edad de pensión o superior a ella", dice.
En ese sentido, advierte Morelli, lo que se investigará como "presunta gestión antieconómica, ineficiente e inequitativa" son aquellos casos en los cuales sin el monto correspondiente en aportes por parte de empleador y empleados, las pensiones se hayan incrementado.
Eso, dice la contralora, "se ha evidenciado en el Consejo Superior de la Judicatura, donde se encontró que personas que con ocasión de encargos o nombramiento por períodos que no superan los dos meses, sus pensiones pasan de tres a 13, de dos a 11 o de 2,5 a 11,5 millones de pesos".
En caso de encontrarse esas irregularidades, Morelli dice que la Contraloría acompañará las acciones que deben interponer las administradoras, como los recobros, a determinadas pensiones que no correspondan con la ley.
Sin el ánimo de "prejuzgar", Morelli dice que en el caso de los magistrados del Consejo de Estado denunciados, "ayudarán a ilustrar" las diferencias entre un detrimento patrimonial y un nombramiento sin ningún tipo de beneficio.
Por eso advierte que "no todo ascenso, no toda pensión obtenida a través de tutela, no toda pensión en donde se invoque el régimen de transición, no toda pensión que exceda el tope de 25 salarios mínimos (...) es la consumación de un fraude al sistema pensional".
Por eso aclara que la Contraloría debe analizar “muchos factores” para considerar que, en materia de pensiones, haya existido "un presunto detrimento patrimonial". Porque, según la ley, se exige no sólo un daño comprobado al patrimonio público, también que "haya sido ocasionado con dolo o culpa grave y que haya nexo causal entre uno y otro".
En el caso de nueve magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, dice Morelli que la Contraloría hará un examen juicioso de las distintas circunstancias que rodean cada reconocimiento de una pensión.
La misma actitud que asumirá el ente de control respecto de cualquier otra institución en la que se encuentren "las mismas prácticas", sin importar el cargo en el que se hayan presentado las circunstancias que determinen el presunto detrimento a los recursos públicos.
Lo anterior, para advertir que la Contraloría resolverá la denuncia anónima contra varios consejeros de Estado que participaron en la nominación de Sandra Morelli para el cargo de la Contraloría. Morelli recordó que ella presentó su impedimento ante el procurador general de la Nación, con el propósito de que en las actuaciones de la Contraloría no se presenten conflictos de interés.
Las conductas irregulares
Para despejar dudas sobre la investigación de la Contraloría, Morelli explica que hay "un gran abismo" entre un encargo o un nombramiento por un corto tiempo durante el período de consolidación de derechos pensiónales y el ascenso gradual fruto de una vida de trabajo y reconocimiento.
Cita como ejemplo el caso del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata, que entró a la rama judicial como mensajero y producto de su trabajo logró ascender a tan alta magistratura. "De no ser así se estaría coartando la posibilidad de nombrar magistrados a personas que tuvieren la edad de pensión o superior a ella", dice.
En ese sentido, advierte Morelli, lo que se investigará como "presunta gestión antieconómica, ineficiente e inequitativa" son aquellos casos en los cuales sin el monto correspondiente en aportes por parte de empleador y empleados, las pensiones se hayan incrementado.
Eso, dice la contralora, "se ha evidenciado en el Consejo Superior de la Judicatura, donde se encontró que personas que con ocasión de encargos o nombramiento por períodos que no superan los dos meses, sus pensiones pasan de tres a 13, de dos a 11 o de 2,5 a 11,5 millones de pesos".
En caso de encontrarse esas irregularidades, Morelli dice que la Contraloría acompañará las acciones que deben interponer las administradoras, como los recobros, a determinadas pensiones que no correspondan con la ley.
Sin el ánimo de "prejuzgar", Morelli dice que en el caso de los magistrados del Consejo de Estado denunciados, "ayudarán a ilustrar" las diferencias entre un detrimento patrimonial y un nombramiento sin ningún tipo de beneficio.
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