Eltiempo.com, 06 de Marzo del 2012
La Comisión de Acusación indagará la responsabilidad de los juristas.
El escándalo de las pensiones de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura se extendió a las demás altas cortes.
La revelación la hizo este martes el presidente de la Comisión de Acusación, Germán Blanco, quien afirmó que a la célula congresional "han llegado cuatro denuncias que involucran a la mayoría de los magistrados titulares y auxiliares de las altas cortes" (Vea la lista completa de magistrados que serán investigados).
La idea, según Blanco, era que "los magistrados titulares nombraban a los auxiliares y a los titulares se le designaba a pocos meses de jubilarse".
De acuerdo con el listado conocido por ELTIEMPO.COM, entre los denunciados están, además de Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, los magistrados de la Corte Constitucional.
Igualmente, los expresidentes de la Corte Suprema Jaime Arrubla y Camilo Tarquino y la exmagistrada de la Corte Constitucional Cristina Pardo Schlesinger, actual secretaria Jurídica de la Presidencia.
Las cuatro denuncias (tres firmadas y una anónima) serán repartidas la próxima semana para determinar quiénes serán los representantes investigadores en estos procesos.
Las denuncias son contra 88 magistrados y exmagistrados del Consejo de Estado, 85 de la Corte Suprema y 36 de la Corte Constitucial.
Aunque el tema del carrusel de las pensiones fue denunciado por los medios hace más de un año, a raíz de varios nombramientos cuestionados en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión de Acusación se interesó por el tema solo cuando la Contraloría abrió proceso fiscal contra varios magistrados y exmagistrados de esa corporación.
De hecho, fue uno de los propios magistrados investigados, Henry Villarraga, quien señaló que la Contraloría supuestamente no tenía facultades para investigar fiscalmente a los magistrados y por eso pidió que el caso pasara a la Comisión de Acusación.
Hoy, existe un conflicto de competencias que, por petición del Gobierno, será decidido por el Consejo de Estado.
REDACCIÓN POLÍTICA
SERA QUE EL CONSEJO DE ESTADO TIENE AUTORIDAD MORAL PARA DEFINIR AL RESPECTO. LOS HAN INVESTIGADO TAMBIEN SOBRE SUS PENSIONES
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