Legislativo debatirá si se mantiene el 4 x 1.000 e impuesto al patrimonio.
Más recursos para educación, pago de pensiones e inclusión social son algunas de sus características.
El arranque de la próxima legislatura, que comienza el 20 de julio, estará atravesado por dos proyectos económicos cruciales que presentará el gobierno del presidente Juan Manuel Santos: el Presupuesto General de la Nación para 2015 y una iniciativa de ley para mantener con vida impuestos como el 4 x 1.000 (que en 1998 nació como 2 x 1.000) y el gravamen al patrimonio y también para cubrir un faltante de recursos que, según estimaciones de Fedesarrollo, asciende a dos puntos del Producto Interno Bruto ($14 billones). Esto llevaría al Ejecutivo a plantear una nueva reforma tributaria.
Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda y Crédito Público, precisó que el proyecto de Presupuesto será ajustado durante las próximas dos semanas y deberá presentarse ante el nuevo Congreso en la última semana de julio. “En 2015 tiene que bajar el déficit por la regla fiscal. No se puede aumentar el presupuesto sin considerar que hay que bajar el déficit”.
Por lo pronto, la iniciativa presupuestal, sin contar con servicio a la deuda, amortizaciones e intereses, será de $166,9 billones para 2015, enfocados en gastos de funcionamiento e inversión (el monto anterior representa un aumento del 4% frente al de 2014).
Una porción de esa suma, según dio a conocer Cárdenas, estará soportada en un recaudo tributario estimado en $126,2 billones durante el año que viene. De los $166,9 billones, agregó, está proyectado que se destinen $46,2 billones al rubro de inversión. Esto significa allegar recursos para áreas como inclusión social e infraestructura.
Algunos de los rasgos de la propuesta próxima a debatirse radican en que el presupuesto para el agro se mantendrá en $5,1 billones (casi el doble del visto hace tres años) y que a la ciencia y la tecnología se les darán $1.000 millones adicionales, para un total de $379.000 millones en 2015. A lo anterior se suma un incremento de $800.000 millones para los planes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de los programas del Gobierno Familias en Acción y Red Unidos. Asimismo, los recursos para la educación entre este año y el próximo tendrían una adición de $1,5 billones, lo cual los llevaría a $28,4 billones.
Adicionalmente al gasto que se espera en educación, Cárdenas detalló que la obligación más alta es el pago de pensiones, el cual necesitará recursos por $29,4 billones. A este rubro lo sigue defensa, que se mantiene en $27,7 billones.
Pero más allá de la discusión entre Congreso y Gobierno sobre la distribución de presupuesto para funcionamiento, inversión y deuda, el segundo insiste en que el Legislativo debe discutir si el 4 x 1.000 y el impuesto al patrimonio deben prolongarse como se encuentran actualmente o si deben crearse otros tributos. “Tenemos un compromiso con el desarrollo rural. Además, hay que mantener el mismo ritmo de gasto en defensa y seguridad”, dijo Cárdenas.
Pero más allá de la necesidad de contar con los recursos de estos gravámenes, el jefe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Sergio Clavijo, sostiene que en los próximos cuatro años se necesitarán $15 billones adicionales para financiar rubros como salud, infraestructura, pensiones y agro. Esto llevaría al Gobierno a presentar una reforma tributaria para subir la tarifa general del IVA del 16 al 18%, prolongar el impuesto al patrimonio, gravar los dividendos y desmontar de una vez por todas el 4 x 1.000.
Pese a la intención del Gobierno para el impuesto al patrimonio —que según Cárdenas pagan actualmente 10.000 personas—, el saliente director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, señaló el año pasado que continuar cobrando ese gravamen es “una sandez”, ya que impacta a empresas como Ecopetrol, ISA, Isagén y EPM. “Miren quién está pagando. Tiene que cobrarse a quien debe pagar plata”.
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