Según algunos analistas, los estímulos tributarios del anterior gobierno favorecían la compra de maquinaria y conspiraban en contra del empleo.
En materia tributaria, la administración del presidente Uribe se caracterizó por el impulso a las zonas francas, los contratos de estabilidad jurídica, la introducción de deducciones por inversión en activos y de exenciones a la renta en sectores entonces considerados estratégicos para el desarrollo del país; es decir, se caracterizó por una gran preocupación para estimular la inversión nacional y extranjera. Algunos de estos beneficios eran francamente excesivos, como en el caso del sector minero, que no necesita de estímulos tributarios para su desarrollo. Así que, para muchos analistas, estos fueron verdaderos regalos que se hicieron a las empresas, gabelas tributarias que ellas dejaron de pagar y que de alguna forma se cobraron a los demás contribuyentes.
La administración del presidente Santos, por un lado, ha tratado de eliminar o cuando menos contener los anteriores privilegios, pero por el otro ha bajado la tributación a la renta de las nuevas pequeñas empresas (Ley 1429 de 2010, de formalización) y ha exonerado a todas las empresas del pago de las contribuciones parafiscales al Sena, ICBF y a la salud de sus trabajadores, por un total de 13,5 puntos porcentuales sobre la nómina (Ley 1607 de 2012, de reforma tributaria). A pesar de que solamente esta última exoneración equivale a unos 13 billones de pesos anuales que alguien más deberá pagar, estas disposiciones se consideran un gran acierto de política pública.
Por qué una política que reduce aportes parafiscales por 13 billones de pesos anuales se considera una brillante maniobra de política mientras que otra, que condonaba aproximadamente los mismos 13 billones por inversiones en activos fijos de las empresas, era una indeseable gabela tributaria?
Parte de la explicación pasa por el mercado de trabajo. Según algunos analistas, los estímulos tributarios del anterior gobierno favorecían la compra de maquinaria y conspiraban en contra del empleo. En cambio, reducir los costos del trabajo vía eliminación de parafiscales aumentaría la demanda de trabajo y el empleo formal en el país. Esta, sin embargo, es una discusión incompleta. Bien escribía el director de Portafolio el pasado lunes que “el desafío para el futuro cercano es concentrarse en los obstáculos que impiden que la productividad mejore”.
Ahora bien, las medidas aprobadas con la reforma tributaria han sido pensadas para estimular el empleo, pero sobre todo el menos calificado. Si esta política resultara exitosa, en el plazo inmediato, la productividad laboral se reducirá porque tendremos más ocupados que producen más o menos lo mismo y, comparativamente, más ocupados menos calificados.
¿En dónde quedaría, entonces, que en una economía moderna y abierta al mundo hay que producir bienes con mayor valor agregado? ¿Y que una mayor productividad de los trabajadores permite generar más empleos y de mejor calidad? Según la teoría económica, la productividad del trabajo es el principal determinante de los salarios y de la formalización de la economía; además, permite a las empresas ser más competitivas e impulsa el desarrollo de un país.
A su turno, la productividad aumenta si la inversión crece; es decir, si hay más mano de obra calificada, más infraestructura, más equipo a disposición de los trabajadores, más tecnología con la cual interactuar. Así que la política tributaria de la anterior administración también tiene su lógica en el campo laboral y no se puede reducir a puras gabelas tributarias.
Stefano Farné
Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia
Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia
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