Gilberto Zaraza Arcila
El clientelismo, la politización, el tráfico de influencias, el cabildeo judicial, los favoritismos, las decisiones amañadas y contradictorias. El carrusel de las pensiones del Consejo Superior de la Judicatura, que sigue en la impunidad. La puerta giratoria para saltar de una corte a otra, gracias a la repudiable e inmoral práctica de yo te elijo, tú me elijes. Los cruceros por el caribe en tiempo laboral. No declararse impedidos cuando deben hacerlo. Hacer lobby por su candidato a cambio de cuotas burocráticas en los organismos de control. Son tantos los excesos, los desmanes y el abuso de poder, que merecen nuestra reprobación y rechazo.
Gracias a la presión de los medios de comunicación el Consejo de Estado se vio obligado a dar muestras de rectificación y anuló la elección de 2 desvergonzados magistrados. Y al parecer van a declarar nula la reelección del actual inquisidor. Pero estos son paños de agua tibia ante la corruptitis aguda. Sin embargo la Corte Constitucional de manera desafiante, postuló al cargo de contralor General de la Nación, al prevaricador y pusilánime Edgardo Maya, que fue reelegido como procurador de manera inconstitucional, y que no tuvo los pantalones para firmar la resolución de destitución e inhabilidad, a los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt, por el cohecho de la reelección de Álvaro Uribe. Delito que sigue en la impunidad.
Lo increíble ante este caos judicial, es la posición pasiva, indiferente y contemporizadora del gobierno nacional. La constitución establece que los magistrados son elegidos por un periodo de 8 años, y solo pueden permanecer en sus cargos, mientras observen buena conducta y tengan un rendimiento satisfactorio. Pero ni lo uno, ni lo otro. Por eso debemos canalizar la indignación y el repudio general, mediante una persistente presión mediática y ciudadana para insistir y presionar la revocatoria de los indignos y corruptos magistrados, que mancillaron el honor de la justicia y la convirtieron en un negocio personal.
También debemos exigir del gobierno y el Congreso, la aprobación de una urgente reforma a la justicia, para rectificar el rumbo y encauzarla por el camino de la recta e imparcial administración de justicia. Eliminando las funciones electorales que les otorgó la constitución a los magistrados, prohibiendo la puerta giratoria.
Suprimiendo los injustificados permisos remunerados y cambiando el sistema de elección, por una verdadera y transparente meritocracia. Así como exigir de la Fiscalía, la Procuraduría y la comisión de acusaciones de la Cámara que debe ser eliminada cuanto antes por inoperante, resultados concretos sobre los centenares de denuncias que hay contra numerosos magistrados
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