La gran apuesta económica de Santos II es esta infraestructura 4G y, por lo visto, para evitar su colapso va a requerirse un costoso estrés fiscal.
Juan Manuel Santos, en julio de 2010, habló a Financial Times, acerca de "sectores clave —agroindustria, infraestructura y minería— por los cuales Colombia puede elevar el crecimiento económico". Estos sectores se inflan como burbujas y se vuelven centro del modelo económico e 'imán' para el capital extranjero como factor principal de inversión.
Entre 2010 y 2013, minería y petróleo fueron los líderes. En el cuatrienio, en promedio crecieron cerca del doble del resto de la economía. No obstante, en 2012, bajaron el ritmo y fueron superados por la construcción y disminuyeron más en 2013, tanto que nuevos sectores, el financiero, los servicios y el agro, estuvieron por encima.
El declive mineroenergético obedece a la desaceleración de la demanda global de minerales y a la reducción de precios y ganancias empresariales, cuya recuperación no se ve a corto plazo. La macroeconomía de Colombia depende del petróleo y, aunque hasta 2015 se pronostica un equilibrio entre la demanda y la oferta mundiales, ciertas situaciones geopolíticas –sobre todo en Medio Oriente- insinúan volatilidad.
La construcción, especialmente de obras civiles, tiene el mejor desempeño. En los últimos dos años ocupó el primer puesto y en cuatro meses de 2014 subió casi el triple del PIB total. Para impulsarlas, los documentos CONPES 3760 y 3761, de agosto de 2013, delinearon los parámetros para la construcción de las llamadas vías 4G (Cuarta Generación) y seleccionaron 40 carreteras a doble calzada por $ 47 billones, con una "primera ola" de 9 que demandará $ 11 billones.
Estas vías se consideran la solución para los altos costos del transporte de carga. Según datos conocidos, mover por la ruta Bogotá-Cartagena un contenedor de 28 toneladas vale dos mil dólares y, en sentido contrario, de la Costa al interior, hasta tres mil. En otros países, para movimientos equivalentes, la tarifa está entre el 25% y el 60% de la nacional. Sin duda, el que el aparato productivo colombiano se hubiera ubicado por años en las ciudades de mayor consumo, cordilleras adentro, influye en ese sobrecosto.
Con los TLC, y con el argumento de exportar, se decidió corregir dicha situación con los proyectos 4G. Para lograrlo, el CONPES definió garantizar a los concesionarios-contratistas-constructores, por 30 años, una tasa de ganancia del 18 %, libre del pago de intereses y de capital, con lo que la rentabilidad bruta de la inversión bordearía el 40 %. Por su parte, la banca privada desechó la financiación de largo plazo al notar que el cuadre de las cuentas —entre ingresos y gastos— solo se consigue cambiando la propuesta misma de 4G, donde los desembolsos oficiales se harían con base en tramos entregados y con riesgos compartidos. Se considera insuficiente el respaldo para los créditos, fundado en el aumento de costo a peajes y en vigencias presupuestales futuras.
El gobierno, para cubrir este descuadre, comprometió la ampliación de dichas vigencias para financiar hasta el 30 % de cada proyecto, en dólares, y un cupo total de $ 6 billones, presiona la venta de Isagen, puso al Banco Agrario como prestamista de primera instancia con tasas de interés preferenciales y dispuso a la FDN como articulador. Convirtió, así, las 4G en vías 1G, donde –como en el pasado- el Estado es el "trompo puchador". Al parecer, el único logro real serían los tiempos de viaje.
Caso aparte es el tráfico como factor clave para la factibilidad de una vía, que no se determina por la calidad de la misma, sino por la necesidad social de desplazamiento por ella, y hay varias 4G que cuentan apenas con niveles mínimos de movilidad.
Entre tanta incertidumbre, no hay incentivo cierto para una oferta masiva de propuestas para la construcción de estas carreteras, por lo que, para las cinco adjudicaciones efectuadas hasta la fecha, se han presentado casi los mismos proponentes y en dos casos el ganador es repitente. La gran apuesta económica de Santos II es esta infraestructura 4G y, por lo visto, para evitar su colapso va a requerirse un costoso estrés fiscal. ¿Todo valdrá?
Aurelio Suárez Montoya
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