Una interesante propuesta lanzó ONU Habitat la semana pasada para fomentar la reducción de la desigualdad.
Se trata de acabar con los denominados estratos que, desde su origen técnico, no tienen otro propósito más que el de clasificar el territorio urbano según las condiciones, infraestructura, acceso a servicios públicos y privilegios frente a las diferentes zonas de la ciudad, una concepción que dista mucho de lo que en realidad se ha venido presentando con el paso del tiempo. Actualmente, los estratos no son más que un mecanismo de clasificación social mediante el cual se decide quién es o no importante, o cuándo pagar más o menos impuestos.
De hecho, en Colombia, la normatividad tiene unas consideraciones especiales con ciertas zonas de las áreas urbanas que, pese a que son reconocidas por tratarse de exclusivas, se encuentran en estrato 1, bajo la denominación de Patrimonio Histórico o Área de Interés Cultural.
La ONU Habitat ha sido clara en el mensaje de que los estratos están mandados a recoger en un país donde los procesos de planificación resultan ineficientes y en el cual las actualizaciones de los planes de ordenamiento territorial dependen del secretario o alcalde de turno, bajo sus intereses particulares o preferencias subjetivas.
Lo anterior, en el marco de un Departamento Nacional de Planeación cada vez más ausente y menos certero en lo que refiere a su función principal.
El actual Gobierno se ha caracterizado por su lucha frontal contra la desigualdad y, en ese sentido, no puede ahorrar esfuerzos en continuar con las reformas necesarias para que esta sociedad gire hacia la transformación que requiere.
A nivel internacional, la metodología de los estratos tiene fecha de caducidad. Los mecanismos para planear las ciudades apuntan a las necesidades puntuales de mejora del territorio, al replanteamiento de lo urbano a partir de las oportunidades de modernización y en cuanto a lo social, a los derechos básicos de cualquier ciudadano.
En este sentido, la concepción es clara en cuanto a la importancia que cada ciudadano tiene en relación con los deberes del Estado. No deben existir habitantes de estrato 6 con fila preferencial en servicios públicos frente al estrato 1.
En general, el papel del Estado debe ser eficiente para todos sus compatriotas. Una cuestión es la diferencia en ingresos, para lo cual la metodología de cobro de impuestos –que merece una reforma– jugará un papel importante, y otra cosa son los deberes del Estado en lo que refiere a la garantía de derechos básicos como la salud, educación y seguridad.
Esos serán los retos de los próximos cuatro años para un Gobierno que piensa en la paz, como pocos lo han hecho, y en el cual esperamos que la característica principal sea el posconflicto.
Juan Manuel Ramírez
Consultor privado
ibaweb@hotmail.com
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