El expresidente no pierde su fuero, pero entra en la órbita del Congreso, la Fiscalía, la Corte Suprema, la Procuraduría y el Consejo de Estado.
A partir del 20 de julio, que se posesiona el nuevo Congreso, la vida de Álvaro Uribe tendrá sustanciales cambios.
Foto: Archivo Particular
A partir del próximo 20 de julio la vida de Álvaro Uribe tendrá sustanciales cambios,
una vez jure como senador. Aunque será uno más entre sus 102 colegas y deberá someterse a las mismas reglas de juego -como en el uso de la palabra, por
ejemplo-, no será un senador cualquiera: pese a su nuevo cargo, no perderá
su investidura como expresidente de la República
una vez jure como senador. Aunque será uno más entre sus 102 colegas y deberá someterse a las mismas reglas de juego -como en el uso de la palabra, por
ejemplo-, no será un senador cualquiera: pese a su nuevo cargo, no perderá
su investidura como expresidente de la República
Y es que mucho se ha hablado sobre Uribe y su nueva condición y si, al ser un miembro del Congreso, perderá el fuero presidencial. La respuesta está en la propia Constitución, que aunque nunca previó que un expresidente se ‘rebajara’ a ser senador, varias normas son claras en advertir que el fuero de Uribe se circunscribe sólo a los períodos en que fue elegido presidente. En su caso, dos lapsos que suman ocho años.
Con fuero presidencial
Aunque el artículo 199 de la Constitución podría dar a entender que el expresidente Uribe perdería su fuero (pues establece que solo el Congreso puede juzgar al presidente de la República, durante el periodo para el que fue elegido), el artículo 174 señala que la Comisión de Acusaciones seguirá investigando al presidente aunque hubiere cesado en el ejercicio de su cargo.
Eso no significa otra cosa que por sus actuaciones como presidente, del 7 de agosto del 2002 a la misma fecha del 2010, Uribe seguirá bajo la órbita de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Esta situación se había presentado en el año 2002 con un parlamentario, recuerda el exmagistrado José Gregorio Hernández. Fue el caso de Carlos Gaviria, quien tras ser magistrado de la Corte Constitucional fue elegido senador, y mantuvo su fuero especial por su condición de exmagistrado.
Por eso, aunque no pierda su fuero presidencial, lo que si cambiará para Uribe es estar en la órbita de cinco tribunales. En el caso de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara, esta se ocupará de todas las actuaciones como presidente. Actualmente tiene abiertos los procesos por las ‘chuzadas’ y la ‘yidispolítica’, y tiene 27 denuncias por presuntos vínculos con paramilitares.
Los ‘nuevos’ tribunales
También, a partir de este 20 de julio, Uribe quedaría expuesto a la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y el Consejo de Estado. Nuevos tribunales para él, pero que sólo se ocuparán por su conducta como congresista.
La Corte Suprema investiga, acusa y juzga a los congresistas por causas cometidas durante el ejercicio de sus funciones. La Procuraduría hace lo propio en materia disciplinaria.
“La nueva condición que adquiriría Uribe -dice el excongresista y constitucionalista Darío Martínez- no le hace perder su fuero presidencial”. Pero Uribe tendría que afrontar los nuevos tribunales a los que estaría expuesto, con un fuero muy inferior: el de congresista.
Los actuales congresistas se han quejado de algunas de las condiciones de su fuero. Aseguran que es, incluso, inferior a la del resto de ciudadanos, pues -señalan- no tienen derecho a doble instancia en su juzgamiento y una apelación debe ser resuelta por el mismo tribunal que tomó la decisión de primera instancia.
“La condición de senador lo pondría en las mismas condiciones que otro senador -dice el exmagistrado Alfredo Beltrán-. El expresidente no es más senador que los demás senadores, ni más ciudadano que los demás ciudadanos. El expresidente quedaría sometido a las reglas que establece la Constitución para el juzgamiento de todos los miembros del Congreso”.
Los actuales miembros del Parlamento saben lo que significa su investidura. Por su condición política, saben que no son ajenos a investigaciones preliminares en la Corte Suprema, donde a diario llegan denuncias, muchas anónimas. Lo mismo pasa en la Procuraduría y en el Consejo de Estado.
Precisamente, esta última corte es una de las más temidas por todos los congresistas. Allí se tramitan los procesos de pérdida de investidura, procesos que se pueden originar en anónimos, que se resuelven -sobre el papel- en un término no superior a 80 días y que son tan complejos, que reconocidos abogados han fijado en 290 millones de pesos los honorarios que cobran para atender esa causa, sin garantía alguna, y con sanciones como la muerte política de un congresista.
Según la Constitución, los legisladores pierden su investidura “y no pueden volver a aspirar a cargos de elección popular”, según Beltrán, si incurren en varias faltas.
Entre ellas están la violación del régimen de inhabilidades o el de conflicto de intereses; por faltar a seis plenarias -sin excusa aprobada- en las que se voten proyectos o reformas constitucionales; por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueran llamados a posesionarse; por indebida destinación de dineros públicos, y por tráfico de influencias debidamente comprobado.
Lo anterior significa además que la posibilidad de que Uribe no se posesione está totalmente descartada, pues de no hacerlo estaría expuesto a la ‘muerte política’. Y por si fuera poco, Uribe no está exento a la lupa de la Fiscalía. Esta entidad deberá conocer por sus actos como gobernador de Antioquia y como ciudadano entre el 7 de agosto del 2010, cuando abandonó la Presidencia, y el 20 de julio próximo.
Pasaporte diplomático
Aparte de los asuntos judiciales, Uribe sería el único senador con edecán. No significa otra cosa que al expresidente se le verá paseándose por todos los rincones del capitolio acompañado siempre por un oficial superior de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, previamente seleccionado de una terna que haga el ministro de Defensa.
Uribe también se pasearía escoltado por un servicio de seguridad permanente, no inferior a dos miembros de la Policía Nacional, y guarecido por otro grupo de escoltas quienes, también de forma permanente, deben estar ubicados en el lugar que el Congreso le asigne como despacho.
Será el único de los congresistas que se posesione este domingo en tener pasaporte diplomático, aun cuando la Corte Constitucional tumbó el más reciente intento de los parlamentarios por tener ese beneficio, que trae ventajas como recibir tratamiento como representante del Estado, tener visas permanentes, trámites más fáciles en los aeropuertos y hasta exención de impuestos. Uribe, de ser senador, sería el único con tales privilegios.
¿Pensión o sueldo?
Otro de los interrogantes sobre la condición que estrenará Uribe a partir del domingo tiene que ver con su salario. Por su condición de expresidente tiene derecho a una pensión superior a 25 millones de pesos.
Ahora como senador tendrá a un salario básico de 5’816.124 pesos, gastos de representación por 10’339.780 pesos, una prima especial de servicios de 7’898.445 pesos, para un total de 24’054.349 pesos.
A partir del próximo mes, Uribe tendrá que renunciar o a la pensión de expresidente o al salario de congresista, pues el artículo 128 de la Constitución establece que “nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público”.
Uribe también tendrá que despedirse de las numerosas conferencias que dictaba en el exterior. Ya había renunciado a ‘embolsillarse’ 500.000 dólares anuales como miembro de las juntas directivas de organizaciones como el gigante financiero global JPMorgan o el enorme conglomerado mediático News Corp.
Todo porque el artículo 129 de la Constitución prohíbe a los servidores públicos “aceptar cargos, honores, recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin previa autorización del Gobierno”.
En dado caso, si Uribe quiere asistir a uno de estos actos en el exterior, por su nueva condición de congresista tendrá que pedirle autorización al presidente Juan Manuel Santos, quien vía decreto expedirá tal autorización.
Así serán las nuevas condiciones de Álvaro Uribe, el primer expresidente en la historia del país que abandonó su condición de jubilado y decidió meterse de nuevo en los arenales de la política
¡Sigue, pues, siendo un "viudo del poder"!...
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