sábado, 9 de marzo de 2019

Reforma pensional, una decisión inaplazable


semana.com, 3/1/2019

Reforma pensional, una decisión inaplazable
 Reforma pensional, una decisión inaplazable 
Foto: Guillermo Torres - SEMANA

Los cambios al sistema de seguridad social y de protección a la vejez se han convertido en una prioridad para el país. La inequidad y falta de cobertura están presionando una solución oportuna. ¿Cuáles son los temas fundamentales que debería incluir?

La tasa de pobreza en los adultos mayores en Colombia hoy es prácticamente el doble de la que registra el resto de la población. Esto se debe a que si bien la pobreza cayó del 50 por ciento en 2002 a cerca del 27 por ciento en 2017, la tasa de pobreza de los “viejos” en Colombia es superior al 44 por ciento.

Buena parte de esto se debe a que de los 7 millones de adultos mayores que hoy tenemos en el país solo el 20 por ciento ahorró y obtuvo una pensión; otro 19 por ciento recibe un subsidio del programa Colombia Mayor, pero la cifra restante no recibe ningún tipo de ingreso en la vejez y sus condiciones de bienestar son complejas.

Esta situación empeorará con el envejecimiento de la población. Las proyecciones de Fedesarrollo, el centro de estudios económicos, sugieren que para el año 2050 solo el 17 por ciento de los adultos mayores de 60 años en el país tendría una pensión.

Esto es sin duda una de las tantas muestras del fracaso que registra el sistema pensional colombiano y una señal clara de la urgente necesidad de discutir este año una reforma al sistema de seguridad social y de protección a la vejez.

El Gobierno postergó la presentación de su proyecto de reforma pensional, pero en el Plan de Desarrollo (PND), incluyó las primeras puntadas en esta materia, como por ejemplo asegurar que quienes a pesar de haber ahorrado no logran las condiciones para pensionarse, puedan optar por un Beneficio Económico Periódico, BEP, y  de esta manera evitar que los fallos judiciales puedan alterar los montos de las rentas vitalicias, entre otros.

Sin embargo, para David Cuervo, director de la Unidad de Negocio Bienestar Patrimonial de la consultora Mercer, el país no puede seguir con un sistema pensional con tan baja cobertura, tal nivel de inequidad y que resulta tan costoso para el Estado. Además, se trata de un esquema que no cumple su propósito y es claramente una bomba de tiempo desde el punto de vista social y fiscal. Por eso, dice este experto, urge ampliar la discusión.

Durante el 2019 el gasto en pensiones públicas alcanzará los 57,2 billones de pesos (es decir 57,2 millones de millones de pesos). Para poner en contexto esta cifra, es clave saber que equivale a construir dos líneas del Metro de Bogotá. De este gasto total, 39,4 billones de pesos son subsidios pensionales que saldrán del Presupuesto General de la Nación (PGN) –es decir, prácticamente todo lo que la Dian recaudará por el impuesto del IVA– y alrededor de 17,8 billones de pesos de los aportes que hacen los afiliados actuales a Colpensiones.

Lo preocupante es que siendo uno de los mayores gastos que hará el Estado este año, tan solo beneficiará a cerca de 2,1 millones de pensionados, es decir menos de una tercera parte de las más de 7 millones de personas que están hoy en edad de jubilación.

Más grave aún es que las pensiones estatales terminan favoreciendo mayoritariamente a los que más tienen, por eso se convierte en el gasto más regresivo que hace hoy el Estado. Esto muestra que el régimen pensional colombiano no solo es costoso sino también inequitativo pues “redistribuye” los recursos de todos los colombianos hacia los afiliados de mayores ingresos que sí logran pensionarse, y deja desprotegidos y sin cobertura a la gran mayoría y a los más vulnerables.

Sin duda es una discusión que el país tendrá que dar este año. Hay que terminar con la coexistencia de dos regímenes distintos, que compiten con reglas diferentes entre sí: un régimen de ahorro individual a cargo de los fondos privados y un régimen público de reparto, que administra Colpensiones. Este sistema dual de pensiones no solo genera complejidad sino un gran desconocimiento, que ha servido de caldo de cultivo para que prosperen muchos mitos, falsedades y, sobre todo, la creencia entre el grueso de la población de que no se va a pensionar.

Para Mercer, uno de los mayores expertos a nivel mundial en el tema pensional, es necesario que el país empiece a dar un debate amplio y bien informado sobre las reformas que requiere el sistema pensional, en el que todas las partes expongan sus argumentos de manera técnica y con precisión.

Este es un debate que debería preocupar e interesar a todos los colombianos, pues el modelo que se defina tendrá que garantizar la cobertura, equidad y operatividad de un sistema de protección seguridad social y protección para la vejez.

Lograrlo es el gran desafío del país porque hoy, de los 22,2 millones de afiliados al sistema pensional, tan solo 9,4 millones de trabajadores cotizan activamente. Esto significa que cerca de la mitad de las personas no cotiza y quienes pueden hacerlo no alcanzan las semanas requeridas. Según Asofondos, un colombiano cotiza a la seguridad social en su vida laboral, en promedio, solo 754 semanas (14 años). El 58 por ciento del total requerido. 

Con este nivel de cotizaciones muy pocas personas podrán pensionarse y tendrán que seguir trabajando. De hecho, ya está pasando que las personas que cumplen la edad para pensionarse se rehúsan a salir del mercado laboral ante la ausencia de ingresos suficientes para disfrutar de una buena pensión. De hecho, el 37,3 por ciento de la población de 60 años o más se encuentra ocupada, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para 2017.


Reflexiones al tema pensiones


  

Pensiones que no son pensiones


ECONOMÍA, Por: Semana.com09/03/2019 

 
Pensiones que no son pensiones
 Foto: Guillermo Torres / SEMANA

En los últimos seis años, 660 mil personas han recibido sus ahorros pensionales de vuelta pues no han cumplido las condiciones para pensionarse. ¿De qué se trata el cambio que quieren realizar? ¿Es un “mico” o una protección para estas personas?

La polémica en torno a un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que busca modificar los mecanismos de protección a la vejez no para de crecer. Mientras que para congresistas como Angélica Lozano se trata de una reforma pensional por la puerta de atrás y una “expropiación” del ahorro pensional, el Gobierno ha hecho un llamado a no generar desinformación y noticias falsas. ¿Quién tiene la razón?

La aparente complejidad del tema amerita una explicación clara sobre qué está ocurriendo hoy con el tema de las pensiones y las devoluciones.

Cuando una persona cumple la edad de pensión y no alcanza a cotizar las semanas suficientes para pensionarse, 1.300 en el régimen público o 1.150 en un fondo privado, se le devuelven los ahorros que alcanzó a realizar durante su vida laboral.

El proceso recibe técnicamente nombres diferentes en los distintos regímenes pensionales. Se denomina devolución de saldos en los fondos de pensiones e indemnización sustitutiva en el caso del fondo público manejado por Colpensiones.

Y dado que las personas no cotizan o pasan casi la mitad de su vida laboral sin cotizar ante la alta informalidad laboral, esta termina siendo la situación de la mayor parte de la población.


Esto ocurre debido a que por ley, en Colombia no puede haber pensiones (ni cotizaciones) por debajo del salario mínimo. Por tanto, esta norma que en principio busca proteger a los trabajadores, termina dejando por fuera del sistema pensional a más de la mitad de la población trabajadora del país, que se caracteriza por tener bajos ingresos.

En los últimos seis años más de 660.026 colombianos no han alcanzado a cumplir las condiciones para pensionarse y han tenido que recibir su plata de vuelta (543.035 en Colpensiones y 116.991 en los fondos privados). Muchos más de los que han pensionado.

Se estima que en 2018 la devolución promedio en Colpensiones fue alrededor de 4,8 millones de pesos, mientras que en los fondos privados ha sido cercana a los 35 millones de pesos. Esto se debe a que en los fondos se devuelve la totalidad del el ahorro, esto es la cotización tanto del empleador como del trabajador, junto con sus rendimientos financieros, mientras en Colpensiones la indemnización consiste en el dinero aportado únicamente por el trabajador, actualizado con la inflación.

Por esta razón, el Estado ha creado mecanismos complementarios que buscan darles un mínimo de protección durante el retiro a las personas de menores ingresos, que no tuvieron un trabajo formal durante su vida productiva o con baja capacidad de ahorro. Se trata de los denominados Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). En estricto sentido, estos no son una pensión –porque no puede haber pensiones por debajo del salario mínimo– sino un sistema de protección para la vejez.

Con los BEPS, las personas que ganan menos de un mínimo pueden realizar aportes desde $5.000 pesos a una cuenta de ahorro individual. Cuando lleguen a la edad de pensión, los afiliados pueden utilizar estos recursos, más un subsidio que otorga el Estado del 20 por ciento sobre el monto ahorrado, para obtener un ingreso vitalicio que va desde 40.000 pesos hasta un 85 por ciento de un salario mínimo mensual.

Sin embargo, el sistema no ha tenido el alcance que el Gobierno esperaba inicialmente. Al 31 de diciembre de 2018 el esquema contaba con 1.272.852 personas vinculadas, pero de ellos solo alrededor de 460.075 ahorra de manera constante. El monto promedio ahorrado por vinculado es de 202.401 pesos, para un portafolio alrededor de los 161.480 millones de pesos.

Reforma pensional, una decisión inaplazable

Por tanto, estamos en una situación donde ni el sistema pensional ni los mecanismos para protección de la vejez están sirviendo para proteger a la población menos favorecida. Esta falta de cobertura (sumada a otros problemas como la inequidad e insostenibilidad del sistema público) muestra la necesidad de una reforma pensional y al sistema de protección a la vejez.

La polémica 113

En la actualidad, las personas a las que les devuelven sus ahorros pensionales tienen la opción de optar por un BEPS, pero no lo hacen pues prefieren recibir los recursos de una sola vez. Sin embargo, muchos expertos consideran que la mayor parte de la gente los gasta o los invierte de manera inadecuada quedando al final desprotegidos durante su vejez.

Por esta razón, el Gobierno busca fortalecer los BEPS en el Plan Nacional de Desarrollo mediante el artículo 117 haciendo que los ahorros de quienes no alcanzaron a pensionarse en el Sistema General de Pensiones se trasladen automáticamente a un BEP. La norma le da un plazo de 10 días para decidir si quiere una renta mensual (un BEPs) o si prefiere recibir su dinero completo de una vez.

Para la senadora Angélica Lozano, esto se trata de una “expropiación” de los ahorros pensionales de quienes no alcanzan a jubilarse pues al trasladarse esa plata a los BEPs se elimina la posibilidad de que este ahorro sea heredable. Además, critica el corto tiempo que tendrían los colombianos para decidir.  

“Hoy, si usted trabaja y cotiza y no alcanza a pensión, le devuelven lo ahorrado. Con este artículo no le devuelven su plata. Le darían 40.000 pesos mensuales y si muere, pierde todo”, señaló la senadora Lozano.

Para el Gobierno es totalmente lo contrario de lo que afirma la senadora.El propósito del artículo 117 es ofrecer a quienes no les alcanzaron sus ahorros para pensionarse un “producto de retiro” que les garantice un ingreso fijo mensual, de manera vitalicia, y que se beneficia con el 20 por ciento de subsidio sobre el monto ahorrado. Además, es una alternativa voluntaria.

“Las cotizaciones nunca se pierden, la opción que le damos desde Colpensiones y el Gobierno Nacional es trasladarlas al programa BEPS y de esta manera lograr un ingreso económico una vez la persona cumpla la edad de retiro, aun cuando no haya logrado los requisitos para pensionarse”, afirmó el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, quien advirtió por el incremento de las consultas de las personas en las sedes regionales de la entidad ante “el pánico pensional”.

Sin duda, la afirmación de que esto es una ‘expropiación’ del ahorro es una exageración pues la norma lo que busca es, en teoría, incentivar el uso apropiado de dichos recursos y que la gente no malgaste la plata en otros temas que no están relacionados con su pensión.

Para David Cuervo, director de la Unidad de Negocio Bienestar Patrimonial de la consultora Mercer, se trata de ayudar a las personas a que tomen la mejor decisión. Es lo que los economistas llaman el “pequeño empujón”, y se materializa cuando los gobiernos establecen mecanismos apropiados para que los ciudadanos tomen decisiones que realmente le convienen. Abandonar al ciudadano, en las decisiones financieras más importantes de su vida, como lo es el retiro, significa en el mediano plazo adultos mayores desprotegidos y en condiciones de miseria.

En lo que sí podría tener razón Lozano es que este es un tema relacionado con ahorros pensionales y debería ser tratado en el proyecto de reforma pensional que presentaría el Gobierno en 2020, y no hacer una reforma a cuenta gotas.

Para el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el artículo 113 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) crea un régimen de pensiones para las personas de bajos ingresos semejante al régimen subsidiado de salud actual. Hoy los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo pueden hacer aportes voluntarios al sistema de pensiones BEPS. Con el nuevo régimen se haría obligatorio el pago del 15 por ciento de los ingresos mensuales de dichos trabadores al sistema BEPS. La carga tributaria de este 15 por ciento recaería sobre los trabajadores de más bajos ingresos del país. Esto permitiría que los colombianos que ganan menos de un salario mínimo tengan la posibilidad de acceder a una pensión. Actualmente, esto no es posible pese a que casi la mitad de los trabadores del país ganan menos del mínimo.

Sin embargo, para los analistas del observatorio no es claro cómo se garantizará la obligatoriedad de estos pagos en un país donde casi la mitad de los trabajadores son informales y afirman que este sistema beneficiaría financieramente a las compañías aseguradoras encargadas de administrar estas pensiones.

Anif también ha criticado el balance de los BEPS ante su alto costo administrativo en relación con el ahorro generado y bajo número de beneficiados. Para esta entidad, sería mucho mejor trabajar en lograr una mayor formalidad laboral y eliminar los subsidios altamente regresivos (tipo Hood Robin) que otorga Colpensiones. Esto es, hacer algo más integral que toque incluso temas del mercado laboral.

Los datos indican que un colombiano cotiza a la seguridad social en su vida laboral, en promedio, solo 754 semanas (14 años). El 58 por ciento del total requerido para obtener la pensión. Esto no es un problema del sistema pensional, sino del mercado laboral.

Según Cuervo, el artículo es técnicamente apropiado y una solución concreta que es fácilmente implementable para garantizar que más personas estén cubiertas con algún nivel mínimo de protección, pero sin duda, los temas pensionales son altamente sensibles a la opinión pública, y requieren de un serio escrutinio.




Reflexiones al tema pensiones

PENSIONES:..Un plan de desarrollo sin suficiencia..


eltiempo.com, 08 de marzo 2019
Por: Stefano Farné *

Stefano Farné

El problema de la suficiencia de las pensiones en el Rais es particularmente serio.te serio.

Con el Plan de Desarrollo recientemente presentado, el Gobierno Nacional pretende “aumentar la protección económica de la vejez a través de mecanismos solidarios y criterios actuarialmente justos y financieramente sostenibles”. A todas luces, en materia pensional, el criterio faltante del plan es la suficiencia.

Según la Organización Internacional del Trabajo, una pensión es suficiente si permite un nivel de bienestar no muy diferente del que se había alcanzado antes de la jubilación. Al respecto, el convenio 128 sugiere una tasa de reemplazo mínima de 45 por ciento. En las actuales condiciones, las mesadas que reconoce Colpensiones son suficientes (pero fuertemente subsidiadas), mientras que ocurre lo contrario con el régimen de ahorro individual (Rais).

El problema de la suficiencia de las pensiones en el Rais es particularmente serio, como consecuencia de la caída en los últimos años de las tasas de rendimiento que reconocen las administradoras de fondos de pensiones a sus ahorradores y de los progresos en materia de mortalidad experimentados en el país.

En la reunión de la Federación Internacional de Administradoras de Pensiones de 2017, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que el banco estima que en los sistemas de contribución definida de la región –como lo es el Rais colombiano–, “debido al cambio demográfico, la tasa de reemplazo puede bajar desde 44 a 10 % en promedio”. Es decir, las pensiones serán apenas un 10 por ciento de los salarios devengados en la vida activa.

A diferencia de las pensiones de Colpensiones, aquellas del Rais no incluyen subsidios del Estado. Al menos hasta ahora.

Los tendrían, sin embargo, si fuera aprobado el artículo 119 del proyecto de ley del Plan de Desarrollo. Según el mencionado artículo, el Gobierno podrá establecer mecanismos de cobertura que permitan a los operadores del Rais cubrir el riesgo del incremento de las pensiones mínimas por encima de la inflación.

Es cuando menos insólito que, en un país donde el Estado es criticado por destinar 41 billones de pesos anuales para pagar sus compromisos pensionales, se empiece una reforma pensional incrementando el gasto público, más aún para cubrir parte de las mesadas de los trabajadores formales de un régimen contributivo.

Otros de los cambios propuestos por el Plan de Desarrollo se comentan a continuación.

El artículo 58 plantea la incompatibilidad entre pensión de vejez y pensión de invalidez de origen laboral. Los beneficiarios podrán optar por la pensión más favorable, pero ya no podrán recibir ambas pensiones en simultáneo, de manera contraria a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para la que cada beneficio responde a riesgos diferentes, cubiertos por sistemas distintos.

El artículo 113 prevé la creación de un piso mínimo de protección social, integrado por el sistema subsidiado de salud, los beneficios económicos periódicos (Beps), destinados a cubrir el riesgo económico de vejez, y un seguro inclusivo que ampara de los riesgos derivados de la actividad laboral para los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo mensual. La propuesta de un piso mínimo de protección social es bien intencionada, pero cabe anotar que este proyecto de ley no crea nada nuevo, y que las tres prestaciones ya existen, aunque no sean obligatorias ni estén integradas institucionalmente. Asimismo, para los asalariados que ganan menos de un salario mínimo mensual y trabajan de tiempo parcial hoy existe la posibilidad de una contratación por semanas que ampara a los trabajadores mejor que el piso mínimo propuesto.

En fin, la impresión que se deriva de la lectura del proyecto de ley del Plan de Desarrollo es una falta de objetivos prioritarios y de visión de conjunto en materia pensional.


* Observatorio del Mercado Laboral, Universidad Externado de Colombia



Reflexiones al tema pensiones


jueves, 7 de marzo de 2019

Tiempos de implementación del Plan Nacional de Desarrollo​​​​


Tiempos de implementación del Plan Nacional de Desarrollo​​​​


Cronograma PND 2018.jpg




Reflexiones al tema pensiones

PND: Las diez polémicas que ya recoge el debate del Plan Nacional de Desarrollo

Lunes, 4 de marzo de 2019
Laura Lucía Becerra Elejalde - lbecerra@larepublica.com.co



Aunque aún no comienza la votación del Plan de desarrollo, las críticas a varios puntos han hecho que desde ya se hayan comenzado a descartar artículos

Esta semana continuará la socialización del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso, y aunque fuentes del Parlamento aseguran que el debate arrancará en firme el 18 de febrero, desde ya son varios los reparos que han presentado múltiples sectores y que han encendido la discusión.


Los primeros en manifestarse fueron los exdirectores del mismo Departamento Nacional de Planeación (DNP). En una misiva firmada por 11 exfuncionarios se criticó la medida del artículo 35 del proyecto, que propone unificar progresivamente los presupuestos de funcionamiento e inversión, responsabilidades actuales del Ministerio de Hacienda y el DNP, respectivamente. La observación se dio en relación a la posibilidad de que se debiliten las funciones de Planeación.

El debate previo que se generó también surtió efecto sobre las propuestas relacionadas con los artículos 140 y 179, referentes al desmonte de los subsidios de energía para el estrato 3 y el cambio en la base de cotización a la seguridad social de los trabajadores independientes. Tras una reunión con los partidos Centro Democrático, Mira y Colombia Justa Libres, el presidente Iván Duque anunció por medio de su cuenta de Twitter que ambas medidas se eliminarían del PND.

Los departamentos también participaron de discusiones con el Presidente, lo que les dejó victorias en dos temas: el impuesto a los licores (Artículos 146 a 148) y el pago del No POS (Artículo 134). El lunes de la semana pasada, representantes de la Federación Nacional de Departamentos acordaron con Duque que se eliminaría la propuesta de aplicar una tarifa única por grado de alcohol a las bebidas, lo cual aseguraron afectaría las rentas de los entes departamentales; y se modificaron los porcentajes de aporte al monto de la deuda acumulada del sector salud desde 2011, el cual será asumido por el Gobierno Nacional, con apoyo de las administraciones departamentales y municipales.

“Le solicitamos al presidente que el No POS no lo siguiéramos pagando los departamentos, sino la Nación”, comentó en Inside LR la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. La funcionaria aseguró que en el plan quedará un artículo que establece que será la Nación la encargada del pago.

Otros dos asuntos que aprovecharon los gobernadores para discutir con el presidente tienen que ver con los ‘esquemas asociativos territoriales’ y el manejo de las regalías, asuntos que se relacionan específicamente con los artículos 28 y 150 del articulado.

Desde la Federación de Departamentos se criticó que las condiciones con las que estaría fundamentada la propuesta, que busca que por medio de esquemas asociativos las Regiones Administrativas presenten proyectos de inversión, volvían complicado el proceso; y que, por otro lado, se estaría volviendo a un modelo de centralización que paralizaría la inversión en proyectos por las demoras en los trámites con los ministerios.


Por ello, se acordó la creación de unas mesas de trabajo conjuntas para la discusión de la reforma estructural al actual sistema de regalías y se decidió eliminar el artículo. Así mismo, se cuestionó el 128, que comprende las competencias de los departamentos en la prestación de servicios de salud, pues se sugiere “financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, los gastos derivados de la atención en salud de la población migrante”, algo que las entidades territoriales considera debe delimitarse.
Un tema que no está presente en el proyecto de Ley, pero que han cuestionado sectores como los sindicatos de trabajadores es la posibilidad de que cuando empiece a debatirse se incluya una norma que permita la contratación por horas, teniendo en cuenta que el Artículo 113 propone que cuando los trabajadores reciban menos de un mínimo al mes, sus empleadores deberán asumir un aporte de 15% en Beps.


De acuerdo con el viceministro de Relaciones laborales e Inspección, Carlos Baena, esta medida ampararía “a la gente que trabaja en tiempo parcial, que no alcanza a completar el salario mínimo durante el mes”, con lo que se cotizaría por las horas trabajadas. Sin embargo, miembros de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) expresaron su preocupación sobre la posibilidad de que se intente incluir una modalidad de contrato por días o por jornal.

Rosmery Quintero, presidente de Acopi, aseguró que “el pago por horas (es algo que) no toda actividad necesita. Hay cargos específicos en servicios, en restaurantes o belleza, donde se necesitan más temas por horas y tener la facilidad de incluir un número determinado de personas”, y aseguró que una medida así puede ayudar a formalizar ciertos empleos.

Otros dos puntos que se han criticado tienen que ver con el Artículo 181, que le entrega facultades extraordinarias al Presidente por seis meses para modificar el Estado, o el hecho de que en el artículo 4, donde se presenta el ‘Plan Nacional de Inversiones Públicas 2018-2022’ no figura un rubro específico para la paz y el posconflicto.

Al respecto, la directora del DNP, Gloria Alonso, explicó que “no es cierto que el Plan no tiene incorporado el acuerdo de paz”, y explicó que en el capítulo 11 están todos los compromisos que se definen de forma ampliada, y que pueden costar $37 billones


LOS CONTRASTES
·      JORGE IVÁN GONZÁLEZ  DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

“El problema es que el articulado no es consistente con las bases, entonces la gente se pierde en el detalle, cuando lo crucial está en otros temas”.








Reflexiones al tema pensiones

martes, 5 de marzo de 2019

PND: Los pro y los contra de la cuota para atacar el alto desempleo juvenil

eltiempo.com,04 de marzo 2019 
Por: MARTHA MORALES MANCHEGO

Desempleo juvenil
El desempleo tiene una incidencia más alta en la población juvenil.
Foto: Archivo / EL TIEMPO

Con el Plan de Desarrollo, 10 % de nuevos puestos en entidades públicas, para menores de 28 años.
Una medida propuesta en el Plan de Desarrollo, que crea una cuota para que en las entidades públicas den prioridad a la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años, ha generado posiciones extremas.

El artículo 125 que establece que el 10 por ciento de los nuevos empleos no requieran experiencia profesional, con el fin de que sean provistos con jóvenes egresados de programas técnicos, tecnológicos y de pregrado
, ha sido considerado por el Gobierno como una alternativa para reducir la tasa de desempleo juvenil en Colombia, que a enero de este año, llegó al 18,1 por ciento, registrando así un aumento de 1,3 por ciento frente a los mismos 12 meses del periodo anterior (era de 16,8 %).

"La decisión de contratar jóvenes por parte de empresas formales no depende de manera determinante de la regulación laboral"
Si bien muchos expertos opinan que la idea es válida, otros no lo ven tan así. Esta medida se impuso, y con una cuota más alta (30 %), para corregir la disparidad en la oportunidad laboral para mujeres en comparación con la de los hombres. Ahora, según los defensores de la medida, hay una situación similar: la dificultad para que los jóvenes sin experiencia consigan el primer trabajo.

Hay que recordar que en años anteriores se creó una ley de primer empleo que estableció estímulos tributarios para aquellos empleadores que contrataran mano de obra novata, pero el alto desempleo juvenil muestra que ha tenido poco impacto. Es más, un análisis de la Universidad Externado indicó en su momento que “la decisión de contratar jóvenes por parte de empresas formales no depende de manera determinante de la regulación laboral”. Ahora, la norma es para el sector público, y llevó al viceministro de empleo, Andrés Felipe Uribe, a defender la iniciativa.

“Esto se ha hecho con toda la población vulnerable en materia laboral (mujeres, población en discapacidad...). Ahora teniendo en cuenta que los jóvenes están más afectados por el desempleo, es prioritario para el Gobierno”.
"Esto se ha hecho con toda la población vulnerable en materia laboral (mujeres, población en discapacidad..."
Pero algunos analistas señalan que choca con la promoción de la meritocracia para la ocupación de cargos públicos, y podría llevar a que se discrimine a un empleado calificado, por cumplir con la cuota de empleo juvenil.

Otro punto clave, que señalan algunos, entre ellos, los sindicatos, es el hecho de que el empleo promovido en el PND para esta franja de colombianos es de carácter temporal o provisional, lo que además iría en contra de la formalización laboral que se intenta promover.

Juan Carlos Guataquí, del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, dice que “la discriminación positiva” con la medida puede ser una opción plausible, pero “la iniciativa tiene la intención correcta en el lugar equivocado”.

Según el experto, la frase “cuando adelanten modificaciones a su planta de personal” le resulta extraña puesto que, “se sabe que desde la Directiva Presidencial 09, el gobierno plantea reducir gasto público en más de 6 billones de pesos en cuatro años, con particular énfasis en la reducción de gastos de personal”.Desde esa perspectiva, agrega, “de donde se van a crear los empleos con un énfasis del 10 por ciento en la vinculación de jóvenes?”.

"La iniciativa tiene la intención correcta en el lugar equivocado"
A su juicio, debería introducirse un elemento de cualificación, como un puntaje saber PRO, ser pilo paga, el programa de estudios, entre otros. 
En el mismo sentido, Jaime Tenjo, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, advierte que “el rango de edad es muy amplio” y subraya que “los jóvenes no consiguen empleo por falta de experiencia, sino por falta de capacitación y a veces, porque no tienen habilidades blandas como disciplina y constancia”. 
­¿Se pauperiza el empleo?

Además de los reparos a la cuota de empleo juvenil, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT, Diógenes Orjuela, señala que en el, “no solo se intenta meter una reforma laboral a pedazos”, sino que con algunas medidas “se pauperiza el empleo”.

El dirigente gremial se refiere al trabajo por horas, que está incluido en la carta de navegación de los próximos cuatro años, lo que no parece ir de la mano con la idea de ofrecer empleos dignos y bien remunerados en el país.

A Guataquí, entre tanto, le parece que hay ausencia de medidas en comparación con la necesidad de organizar el tema de la política laboral. “El PND solo toca tangencialmente los temas estructurales necesarios de la política laboral. El factor que explica el alto nivel y la persistencia del desempleo estructural, ni si quiera se menciona en el PND”.

"Los jóvenes no consiguen empleo por falta de experiencia, sino por falta de capacitación y a veces, porque no tienen habilidades blandas como disciplina y constancia"

Por su parte, el viceministro Uribe indica que, en términos de empleo, el Plan va mucho más allá. “Además de proponerse bajar el desempleo juvenil, del 17 al 14 por ciento, incluye artículos como el que crea el subsistema de formación para el trabajo, lo que también debe impactar el mercado laboral para jóvenes”. Esto, sin contar con la estrategia ‘Sacúdete’, para promover la innovación y el talento juvenil, y la inserción en el mercado productivo.

La polémica se dirimirá en las comisiones económicas del Congreso, que continúan el debate en las regiones. Más aún en el caso del trabajo remunerado por horas, sobre el cual, Guataquí expresa: “una vinculación laboral más flexible, de la mano con la seguridad social es buena, pero extremadamente difícil de implementar, y puede generar empleos de baja remuneración e informales, porque no se ve de donde el gobierno pueda hacer inspección y vigilancia de estos empleos, cuando no puede hacerlo de los ya existentes”.

Otras piedras en el camino para lo laboral
Flexibilizar el mercado laboral para profundizar en el empleo parcial y, por esa vía, darle en la cabeza al desempleo no suena mal en Colombia, y lo han hecho los desarrollados. Además, para nadie es un secreto que estamos ante una transformación de la forma de emplear. No obstante, algunos analistas advierten piedras en el camino.

Jaime Tenjo, por ejemplo, subraya que, ante la idea incluida en el PND, de fomentar el empleo de tiempo parcial, está la necesidad de que la cotización a seguridad social también se pueda hacer parcialmente, pues, está de por medio la Corte Constitucional que dijo que no se puede cotizar por menos de un salario mínimo.

Y a Juan Carlos Guataquí le parece interesante un mecanismo de protección social a trabajadores rurales, pero está el inconveniente de que en el país “no se conoce cómo son las relaciones laborales rurales”.
 

MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios
​Twitter: @marthamoralesm



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