Cada junio se reúne en Ginebra, Suiza, la Conferencia Internacional del Trabajo, de la OIT (aplazada para 2021), con el propósito de redactar, adoptar y hacer seguimiento a los estándares de trabajo, definidos en las convenciones aprobadas por la Organización, plasmadas en tratados internacionales y ratificadas por los países miembros, así como aprobar y hacer seguimiento a las recomendaciones que guían las acciones de los gobiernos. En este sentido, la OIT ha sido efectiva en defender el derecho de asociación, en luchar contra el trabajo forzado, contra el trabajo infantil y contra toda forma de discriminación laboral.
A esta conferencia asisten dos representantes por parte de los gobiernos, usualmente de nivel ministerial, un representante de las centrales de trabajadores y un representante de los empleadores, además de asesores, según dicen demasiados, por cada uno de los representantes oficiales. Sin duda, la supervisión del cumplimiento de las convenciones y recomendaciones ha sido muy benéfica para los trabajadores, pero es, quizá, ya hora de que la OIT le otorgue una centralidad mayor al tema de la informalidad laboral y empresarial. Además de agregar la informalidad en la agenda de la conferencia, otra medida debería ser incluir, como parte de cada delegación, a un representante de los informales de los países, porque, hoy en día, nadie los representa formalmente. Esto es un contrasentido, porque el trabajo informal es mayoritario en países como México, Perú y Colombia. En nuestro país, la informalidad alcanza un 63 % de la población económicamente activa (PEA), con una definición laxa de informalidad, producto de preguntar si alguien que está en la PEA cotizó o no cotizó a la seguridad social el mes anterior a la pregunta de la encuesta de hogares del DANE. Pero si en lugar de preguntar por el mes anterior, se pregunta a la persona si cotizó al menos diez meses durante el último año, la informalidad así definida se sitúa en un 85 %. Para los que viven en el mundo de la negación, les repito: la informalidad laboral puede ser de un 85 %.
Las consecuencias de estos niveles de informalidad son aterradoras: a) Permite que, de los 22 millones de ocupados, 11 millones ganen menos de un salario mínimo; b) Hace que los recaudos de impuestos sean muy bajos, porque muy pocas personas y empresas declaran renta; c) Induce una cobertura demasiado baja de la seguridad social; d) Causa un crecimiento de la productividad laboral y total de factores muy reducido o negativo; e) Dificulta el otorgamiento de subsidios durante la pandemia, por ausencia de registros administrativos de las empresas y de los trabajadores informales; f) Promueve muchas oportunidades para la corrupción. Una fuente de esta última fue señalada por el exdirector de la DIAN Juan Ricardo Ortega, en una columna de Semana, cuando afirmó que muchas empresas formales conviven con la informalidad, evitando el pago del IVA, subreportando ingresos y facturando a personajes en la sombra con números de identificación tributarios robados o de personas muy pobres, que no declaran renta. Hay, entonces, razones más que suficientes para que entidades, como la OIT y también la Comisión de Concertación Laboral de Colombia, le den una real centralidad al tema de la informalidad e incorporen formalmente a sus representantes en sus deliberaciones. Colombia no podrá ser un país viable con los vergonzosos niveles de informalidad que hoy tenemos.
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