"Hay que actuar ya, porque la crisis no da espera"

ELESPECTADOR.CON,  de Cecilia Orozco |2 Nov 2013 -

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, propone que los magistrados sean investigados por un “tribunal de altísimo nivel”.

“El gobierno tiene tomada la decisión política de adelantar la reforma a la justicia”, asegura Alfonso Gómez Méndez. / David Campuzano - El Espectador

Las conversaciones entre Henry Villarraga, miembro del Consejo de la Judicatura, y un militar detenido cuyo futuro judicial dependía parcialmente del primero, ahondaron la crisis de credibilidad en la justicia. ¿Qué hará usted, como ministro del sector, al respecto?La crisis de la justicia obedece a muchos factores, entre otros, a la congestión judicial, el incumplimiento de los términos y a la lentitud en la resolución de los procesos. Como lo he dicho, se haría una verdadera reforma judicial si los operadores judiciales cumplieran los plazos procesales, que son muy cortos. Pero un punto que ha incidido mucho en el desprestigio de la cúpula judicial es el de su estructura de poder. En esta parte, la Constitución del 91 quedó mal diseñada, primero, porque el Consejo de la Judicatura se creó con una sala administrativa conformada por magistrados, cuando allí se necesitan gerentes, y con una sala disciplinaria cuyos miembros tienen origen político en lugar de trayectoria jurídica. Segundo, porque a las altas cortes se les asignaron tareas electorales y se les distrajo de su función natural, que es la de fallar, con lo cual la política terminó metiéndose en el Poder Judicial por la puerta de atrás.

¿Usted cree que la reforma es inaplazable?

Así es. La Constitución del 91 es un modelo en el mundo en cuanto a la defensa de los derechos, la tutela, la filosofía del Estado y la participación ciudadana. Pero se debe modificar la estructura de la justicia sin que esto implique un ataque a los principios de la Carta. En el transcurso de estos meses vamos a conversar con varios sectores para estructurar un anteproyecto que no necesariamente será de consenso, pues el Gobierno ya tiene tomada la decisión política de adelantarla.

Usted ha dicho que se eliminará la función electoral de las cortes (ver parte superior de esta página). ¿Quiénes postularían o elegirían a los jefes de los entes de control?

Las ternas para procurador serían elaboradas por el presidente y la elección podría adelantarse en la Cámara de Representantes, como sucedía antes de la actual Constitución. El fiscal podría ser nombrado, con período fijo, por el jefe de Estado, si se mantiene el sistema acusatorio. Para la elección del contralor habría que buscar otra fórmula.

¿Las investigaciones y sanciones a los aforados estarían en manos de quién?

Se podría pensar en un tribunal de carácter independiente y de altísimo nivel que se encargue de realizar la investigación, mientras que se le dejaría al Congreso la decisión política de adelantar el juicio.

No hay que olvidar el cúmulo de intereses que chocarían con esa reforma que usted propone. ¿Cómo va a resolver esos conflictos, sobre todo para impedir que reaparezcan los privilegios para algunos?

Tiene que haber una decisión política clara del Gobierno, de cara a la nación, como le digo que existe, para adelantar la reforma. El Congreso debe ser consciente de lo que está pasando y no puede estar de espaldas al país. Desde luego, esta o la próxima administración tendrán que asumir el liderazgo del proyecto, en el entendido de que va a ser absolutamente imposible que se llegue a una solución que deje contento a todo el mundo.

Dentro de pocos meses estaremos en elecciones generales. ¿Cómo compaginará el Gobierno los intereses electorales con el propósito de adelantar una reforma judicial que proteja el interés general?

Mi responsabilidad como ministro de Justicia y la del Gobierno, a través mío, es dejar la discusión sobre la reforma suficientemente avanzada. Si hay ambiente político —y espero que lo haya porque con independencia de la coyuntura electoral el país está esperando una respuesta—, el trámite debería estar muy adelantado en marzo. El ambiente está maduro para que el Congreso apruebe estas enmiendas, sobre las cuales existe suficiente ilustración. Hasta ahí iríamos. Habrá que ver si el anteproyecto que nosotros dejemos continúa en el próximo gobierno o si le servirá de base. En todo caso, hay que actuar ya, porque la crisis de la justicia no da espera.

Contrario a lo que usted sostiene, el procurador Ordóñez dijo que no se podía hablar de reformas a la justicia en medio de una coyuntura como la actual. ¿Sostiene su propuesta?

Desde luego. Respeto la opinión del procurador, pero no es más que eso: una opinión.

Por la forma como actúan los magistrados de las cortes, pareciera que no son conscientes del desprestigio del sistema judicial. ¿Qué opina sobre esta apreciación?

El desprestigio que usted menciona, existe y es muy hondo, teniendo en cuenta lo que registran las encuestas. Lamentablemente, antes las cortes gozaban de niveles muy altos de credibilidad y ahora no sucede lo mismo. He hablado con varios magistrados y les he dicho que la manera de combatir una mala imagen no es con maquillaje ni contratando asesores de comunicaciones, sino mediante hechos y acciones. Pese a lo que parezca, estoy seguro de que todos tenemos el compromiso de recuperar la confianza de los colombianos en los operadores judiciales. De otro lado, también hay que advertir que la mayoría de los jueces y magistrados son funcionarios honestos y sacrificados y que estas desafortunadas situaciones no pueden afectar, de manera general, al Poder Judicial.

¿Echa de menos la calidad de los miembros de los tribunales de hace unos años con respecto a los actuales?

Es muy difícil hacer comparaciones. Me quedo en lo siguiente: como conjuez que fui de la Corte Suprema del año 85, la que fue asesinada en el Palacio de Justicia, recuerdo que el país la miraba de manera diferente, con un gran respeto y acatamiento a sus decisiones.

¿Eso es todo?

Sí, señora.

Entiendo la dificultad que tiene, como ministro, para contestarme, pero permítame hacerle las preguntas que corresponden al momento.

(Risas) No, no, usted pregunte lo que quiera y yo respondo lo que pueda.

Se anuncia una reunión para los próximos días entre el Ejecutivo y las altas cortes. ¿Qué espera de ella?

El jefe de Estado es el símbolo de la unidad nacional y el ministro de Justicia, según la ley, es el coordinador de los diferentes estamentos de la justicia. La conmoción que se ha generado por las grabaciones que se revelaron la semana pasada no puede quedarse en un simple escándalo mediático. Por tanto, tenemos que buscar varios caminos y diferentes soluciones. Es decir, no nos podemos contentar con la expectativa de la reforma constitucional. Hay otras vías que se deben ensayar para ir mejorando los diferentes motivos de descontento con la aplicación de justicia y en ese propósito, tenemos que aunar esfuerzos con los máximos representantes de la Rama Judicial. Lo que no vamos a hacer es quedarnos en el simple lamento.

¿No estaremos llegando a un punto tan alto en la crisis institucional que, tal vez, estemos frente a una sin salida? Piense que para buscar solución a la justicia hay que contar con un Congreso igualmente deslegitimado.

No creo que las situaciones se puedan analizar sólo en blanco y negro. Es innegable que el Consejo de la Judicatura está desacreditado y muchos opinan que esa situación obedece a que sus miembros son elegidos por el Congreso. Pero fíjese que el mismo Congreso elige a los magistrados de la Corte Constitucional y ésta, en términos generales, tiene buen nombre y reconocimiento en el país y en el mundo. Por eso yo no comparto su pesimismo.

¿Qué reflexión haría frente a casos como el del magistrado que visitaba a su procesado en la cárcel? ¿O de otros que, después del escándalo del crucero, deciden irse todos a una comisión en el exterior a la que podrían haber ido uno o máximo dos? 

Lo ideal sería que ese tipo de situaciones no se presentaran, pero entienda que el Gobierno no puede interferir en las decisiones judiciales o en las administrativas, autónomas de la rama. El ministro de Justicia es una especie de coordinador del sistema, tal como lo establece el decreto que restableció el Ministerio. Y hasta ahí puede llegar.

Desde el punto de vista jurídico que usted domina, y haciendo abstracción de casos particulares, ¿es legal que un juez se reúna con el interesado en el resultado de un proceso por fuera de su despacho y de las diligencias oficiales?

No, y no está bien. Es más, está expresamente prohibido en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Se considera una falta disciplinaria.

¿Es legalmente aceptable que un juez discuta el sentido del fallo con su procesado?

No, de ninguna manera. El magistrado debe mantenerse lo más distante posible de las partes de un proceso y de los intereses que estén en juego en cualquier decisión que vaya a tomar. Los jueces examinan los hechos y tienen que enmarcarlos en el derecho sin entrar en otra clase de consideraciones.

La Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura es la única autorizada para dirimir los conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la militar. En derecho, ¿se permite que el juez que toma esas decisiones sea oficial de la reserva del Ejército y que se haya convertido en tal, haciendo curso cuando ya ejercía como magistrado?

No está prohibido, pero sería mejor que no lo hiciera o que no lo fuera.

¿Por qué? 

Porque se puede afectar la objetividad de su fallo. Le repito: el juez debe siempre mantener la distancia y aunque la ley no lo prohíbe, en aras de mantener la neutralidad, lo ideal sería que se mantuviera alejado para preservar esa condición.

En el mismo sentido: ¿qué opina de que haya magistrados auxiliares que hayan sido o que sean militares de carrera?

Le respondo de manera similar: no está prohibido, pero no es conveniente.

La contraparte en un proceso por ejecuciones extrajudiciales, es decir, los sobrevivientes de las víctimas de falsos positivos, ¿pueden recusar, válidamente, al magistrado que tenga esa condición?

Teóricamente lo pueden hacer, pero no se puede anticipar cuál será el sentido de la decisión de una situación así planteada.

Se está justificando la ampliación del fuero militar con el argumento de que los uniformados no tienen suficiente protección constitucional. Mientras se discute esa reforma por un lado, por el otro, ciertos magistrados se conectan con la estructura militar. ¿No se deslegitima el proyecto en el Congreso por esta vía semioculta? 

En términos generales no está bien que alguien busque la justicia por métodos sin la total transparencia. Ese tipo de situaciones no le sirven ni a la justicia ni a la fuerza pública.

A propósito: ¿por qué el Gobierno pidió la nulidad de la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la reforma al fuero militar?

En primer lugar, el Gobierno no ha atacado con argumentos políticos, como sucedía en el pasado, a la Corte Constitucional ni a ninguna otra. Ha dicho que acata la sentencia, pero ha recurrido a un instrumento que está previsto en la ley y en el reglamento de la propia corporación: el incidente de nulidad por violación al debido proceso por cuanto, aparentemente, los fundamentos fácticos de la decisión no se dieron plenamente. Aclaro que este incidente, que se ha utilizado en el pasado sin mucho éxito, no afecta el cumplimiento del fallo.

Reforma a la justicia, en el primer trimestre de 2014

¿Sobre cuáles temas se centraría la reforma a la justicia que usted anuncia?

1. Supresión del Consejo de la Judicatura, reemplazando la Sala Administrativa por una entidad gerencial, pero cuidándonos de preservar la autonomía de la Rama Judicial en cuanto al manejo de su presupuesto; respecto de la Sala Disciplinaria, sus funciones serían asumidas por un tribunal de conflictos compuesto exclusivamente por magistrados con trayectoria judicial 2. Eliminación de la Comisión de Acusación de la Cámara. 3. Eliminación de las funciones electorales de las cortes, de tal manera que no vuelvan a elegir procurador, contralor o auditor. 4. Mayor exigencia en las condiciones para llegar a la dignidad de magistrado de alta corte, con el aumento de la edad de ingreso y el incremento de la edad de retiro forzoso, que podría pasar a ser a los 70 años, bajo la advertencia de que quedan excluidos los actuales miembros de esos tribunales. 5. Modificación del sistema de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado para evitar que la Corte Suprema investigue a los parlamentarios y éstos a los miembros de la Corte.

¿Cuándo se presentaría el proyecto? 

Podríamos estar presentándolo en marzo del año entrante.

Reforma también al sistema de cárceles

Usted también propone iniciar una reforma al sistema carcelario. ¿En qué consistirá?
A corto plazo estamos construyendo nuevos cupos con la ayuda de ingenieros militares en las instituciones que ya existen. En mayo podríamos tener unos 10 mil cupos más y es probable que pronto podamos dar al servicio la cárcel de Guaduas. Trabajamos con la Unidad de Servicios Penitenciarios en modificar las condiciones sanitarias de muchas otras. A mediano plazo, el Código Penitenciario intenta flexibilizar los instrumentos de suspensión condicional de la condena, libertad condicional y detención domiciliaria y se pretende acabar con la manía de resolver todo con detención. A largo plazo se planeará la construcción de grandes prisiones y se implementarán medidas de carácter preventivo y educativo, no solamente represivo.

Sobre cárceles militares, ¿qué plantea?

Los miembros de la Fuerza Pública no se pueden llevar a las cárceles comunes. En el nuevo código se prevé el mantenimiento de los reclusorios especiales y la construcción de otros para uso exclusivo de uniformados, pero sometidos al régimen penitenciario ordinario. Es decir, en guarniciones militares pero con la vigilancia del Inpec.

Por: Cecilia Orozco Tascón