Por: ELTIEMPO.COM, REDACCIÓN JUSTICIA, 02 de Noviembre del 2013
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71 por ciento de los colombianos tienen una imagen desfavorable del sistema judicial, según Gallup.
El escándalo que llevó a la renuncia del polémico magistrado de la Judicatura Henry Villarraga, y otros más, terminaron reviviendo un tema que estaba descartado en la agenda del país, por lo menos hasta el final del actual gobierno: un nuevo intento de reforma de la justicia. (Lea también:Los escándalos de la Judicatura).
Casi 18 meses después del fracasado proyecto del 2102, que es considerado uno de los mayores reveses del gobierno Santos y que le costó el Ministerio de Justicia a Juan Carlos Esguerra, uno de los juristas más reconocidos del país, la necesidad de una cirugía de fondo vuelve a los primeros planos.
La planteó el fiscal Eduardo Montealegre en entrevista con EL TIEMPO, la anunciaron el presidente Juan Manuel Santos y el ministro Alfonso Gómez Méndez y la recogieron la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Asonal, el sindicato de la rama, y la Asociación de Jueces y Fiscales también apoyan la propuesta. Todas esas voces habían exigido también justicia en el caso de Villarraga, protagonista de los más graves escándalos de la rama en los últimos años. (Lea también: 'Judicatura demostró su fracaso': Montealegre).
Aún así, se trata de una discusión que tiene poco chance de llegar a su escenario natural, el Congreso, antes del próximo gobierno: los cambios de más calado tocan la Constitución y se requieren ocho debates en dos periodos legislativos. Así, en el mejor de los casos, un proyecto semejante solo completaría la mitad del camino con el actual Congreso.
Aunque casos como los de Villarraga o la reciente operación de la Fiscalía y la Policía que tiene a tres jueces procesados (dos de ellos, presos) por supuesta corrupción judicial han generado indignación, lo cierto es que la imagen de la justicia viene en picada sostenida en los últimos cinco años. (Lea también: 'Me sindican de hechos por los que absolvieron a otros').
La última encuesta Gallup, revelada esta semana, muestra que el 71 por ciento de los colombianos tienen una imagen desfavorable de su sistema judicial. En el 2008, según la misma muestra, ese indicador estaba en el 28 por ciento. La imagen favorable cayó en el mismo lapso del 58 por ciento al 24 por ciento.
Además de los escándalos, señalan los analistas, es la inoperancia la que le está pasando cuenta de cobro a la confiabilidad del sistema judicial en Colombia. Según el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, los niveles de impunidad en Colombia siguen rondando el 95 por ciento.
Esto significa que de cada diez delitos que se cometen (cada año la Fiscalía recibe un millón de noticias criminales), menos de un caso termina en la condena del responsable. Esa desalentadora estadística se mantiene frente a crímenes considerados prioritarios, como el homicidio. Solo uno de cada diez casos llega a imputación, y el nivel de sentenciados se reduce a la mitad: es del 5 por ciento. La Corporación Excelencia en la Justicia, sin embargo, considera que la impunidad en homicidios es menor (sobre el 75%), pues muchos casos no llegan a juicio porque el responsable acepta los cargos.
Las condenas en casos de ataques y abusos sexuales están por el orden de tres de cada cien casos. Y el mayor cuello de botella, en general, sigue estando en la Fiscalía.
Cuando los casos llegan a los jueces, pasan años antes del primer fallo. Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el caso de Luis Andrés Colmenares, a pesar de que se trata de un proceso atípico porque sobre él han estado los reflectores de los medios y la opinión pública. Hay expedientes, como algunos de extinción de dominio, que completan 14 años sin un fallo.
En diciembre, según reveló el fiscal Montealegre, estaría sobre la mesa una primera propuesta de la Fiscalía y la Corte Suprema para ajustar el sistema penal acusatorio y evitar, por ejemplo, maniobras dilatorias de abogados que logran embolatar procesos por meses y años. Lo que se busca es que la Corte marque caminos con sus sentencias.
Varias reformas claves, como la del Código General del Proceso y la del Código Contencioso Administrativo incluyen medidas claves para acelerar los tiempos judiciales, pero su implementación está todavía en veremos. Esa es otra de las tareas en las que la Sala Administrativa de la Judicatura, que ‘gerencia’ los recursos de la Rama Judicial, saca malas notas.
El hecho es que la discusión, cuando arranque en forma, partirá del mismo piso que tuvo la reforma del 2012: la eliminación de la Judicatura y de la aún más cuestionada Comisión de Acusación de la Cámara.
Gloria María Borrero, directora de Excelencia en la Justicia, asegura que en un proyecto de semejante calado debe jugar un papel protagónico quien triunfe en las presidenciales del 2014. Para Borrero, desaparecer la Judicatura sería un error, en lo que respecta a la función de garantizar la independencia administrativa de la rama. Pero, como la mayoría de voces, afirma que es necesario que sus miembros tengan un perfil gerencial.
Por qué sí acabar con la Judicatura y la Comisión
Los cuestionamientos a las altas cortes en los últimos años se han concentrado en los magistrados del Consejo de la Judicatura, especialmente en los de la Sala Disciplinaria. No es gratuito: de siete de sus actuales miembros, cuatro venían del mundo de la política. Entre las críticas está el modelo de elección: son ternados por la Presidencia y escogidos por el Congreso. Frente a la Sala Administrativa se le señala de ineficiencia en la ejecución de los recursos y en procesos de selección de aspirantes a las cortes.
La Comisión de Acusación carga con una imagen de impunidad de décadas. Históricamente ha respondido siempre a hechos políticos y no judiciales.
Por qué mantener esas polémicas instancias
Expertos aseguran que al eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, especialmente la Sala Administrativa, se afecta la independencia de la rama. Lo que proponen es cambiar el perfil de quienes llegan a la Sala Administrativa, para que no sean jueces sino administradores o gerentes los que ejecuten los recursos.
La Comisión de Acusación y la Sala Disciplinaria tienen menos argumentos. Aunque sin duda se requiere de una institución que cumpla las funciones de la Comisión de Acusación –esto es, que tenga vocación y ‘dientes’ para rondar las actuaciones de magistrados, Fiscal General y Presidente– hay casi unanimidad en que el actual modelo debe desaparecer.
REDACCIÓN JUSTICIA
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