viernes, 21 de junio de 2019

Editorial: La corrupción de fiesta, los ciudadanos frustrados

Ahora los involucrados coinciden en tirarse la pelota mutuamente y señalar al otro, cuando tuvieron dos años para demostrar su compromiso. / Foto: Archivo
El proyecto de ley anticorrupción que contemplaba, entre otras cosas, eliminar el beneficio de casa por cárcel para los funcionarios condenados, se hundió en el Congreso. A un día de que se acabara este período legislativo y tras una desafortunada seguidilla de hechos inadmisibles que rayan en lo absurdo, las dos cámaras no lograron conciliar el texto a tiempo. 
La iniciativa había sido impulsada por la Fiscalía General de la Nación y contemplaba el aumento de penas para los actos de corrupción más comunes en la administración pública. También se planteaban inhabilidades en contratación para los condenados por delitos contra el patrimonio público y fuertes sanciones para los servidores públicos por el mal uso de información reservada.
Uno de los logros más grandes del proyecto habría sido la eliminación de la casa por cárcel para corruptos, ya que respondía a uno de los puntos de la consulta anticorrupción y, por ende, al reclamo de la ciudadanía para que quienes saquean los recursos públicos cumplan sanciones ejemplarizantes.
Después de superar múltiples obstáculos y pese a que la propuesta sí fue aprobada en Cámara y Senado, la falta del documento de conciliación, que no logró ser radicado a tiempo en medio de hechos confusos, omisiones y errores procedimentales, hirió la iniciativa de muerte a un día de que el Congreso saliera a vacaciones.
Ahora los involucrados coinciden en tirarse la pelota mutuamente y señalar al otro, cuando tuvieron dos años para demostrar su compromiso. Las palabras de la senadora Angélica Lozano al respecto, en entrevista con El Espectador, resumen la frustrante situación: “El hundimiento de este proyecto es el crimen perfecto, porque nunca sabremos determinar quién es el culpable”.

Aunque lo sucedido en el Congreso el miércoles fue vergonzoso, el proyecto ya había recorrido un camino tortuoso de dos años que lo condujo, previsiblemente, a su hundimiento en el último momento. La iniciativa fue radicada el 20 de julio de 2017 y tenía plazo hasta esta legislatura para ver la luz, pero, como denunciaron varios parlamentarios, nunca tuvo una buena acogida y fue víctima de dilaciones. Incluso, cuando llegó a la plenaria del Senado, más de 40 congresistas se declararon impedidos para votar, entre otras cosas, porque varios están siendo investigados o tienen familiares condenados por corrupción que están accediendo al beneficio de casa por cárcel.
Otro de los factores que torpedearon el trámite del paquete anticorrupción fue la congestión del Congreso en su primer año. Durante ese tiempo se priorizaron proyectos algunos más urgentes que otroscomo la ley de financiamiento, el Plan de Desarrollo y la ley TIC. Para rematar, la esteril discusión sobre las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaparó la agenda y terminó por agotar el tiempo de un Congreso saturado.
Cabe señalar también la responsabilidad del Gobierno, que lleva un año haciendo promesas y rasgándose las vestiduras por el tema de la corrupción, pero se demoró seis meses en darle mensaje de urgencia al proyecto, lo que le habría dado un trámite prioritario.
Ahora, el país debe asumir una nueva frustración en este tema y ver cómo los dirigentes políticos nos siguen fallando y reafirman con sus acciones un velado desdén por la lucha contra la corrupción.

Mientras los corruptos hacen fiesta, la ciudadanía debe seguir insistiendo y presionando por un cambio.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

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lunes, 17 de junio de 2019

Editorial: Un control fiscal sin dientes

elespectador.com, Editorial, 17 Jun 2019

Editorial: El Espectador

Los hechos sobre la mesa son evidentes: el control fiscal que se ha venido ejerciendo está muy limitado por los recursos y las competencias. / Foto: Carlos Felipe Córdoba, contralor general, por Diego Cuevas
El panorama que dibuja el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, sobre la lucha contra la corrupción es desalentador. Según el funcionario, la ausencia de recursos, coordinación y capacidades de intervención tienen maniatada a la Contraloría, lo que favorece el desperdicio de los recursos de los colombianos. En el Congreso cursa una propuesta de acto legislativo que apunta a solucionar estos problemas; sin embargo, ¿existe la voluntad política de crear un control fiscal eficiente y que le sirva al país?
Según le dijo Córdoba a El Espectador, la idea es “romper con ese control posterior —entendido como póstumo— en el que llegamos a recoger las migajas que nos dejan los corruptos. Hoy en día el país tiene 890 elefantes blancos y no se vislumbra una solución real para terminarlos”. En caso de aprobarse los cambios propuestos, la Contraloría podría ejercer “un control preventivo, como lo hace la Procuraduría, que no sea vinculante, pero que a la vez pueda guiar al funcionario a tomar buenas decisiones. La Contraloría recupera el 0,4 % de lo que investiga, una cifra pírrica”.
Cada vez que se pone sobre la mesa modificar los poderes de uno de los entes de control, surge la duda de si no estamos desequilibrando las cargas y permitiendo que ciertos roles, si se politizan, puedan ejercer influencias indeseadas. La respuesta no es sencilla. En efecto, una Contraloría con más capacidad de intervención, si está dirigida por personas que traen consigo equipajes políticos, puede ser utilizada de manera negativa. Sin embargo, también es cierto que, si no tiene los dientes necesarios, no está cumpliendo el mandato constitucional de vigilar el uso de los recursos de los colombianos.
El contralor también está solicitando más recursos para modernizar las contralorías, sus procesos, y poder ampliar la planta de trabajadores capacitados. Eso, con el fin de evitar situaciones como la de “la Contraloría del Amazonas (que) tiene cinco funcionarios, no tiene un abogado ni un ingeniero civil, ¿cómo va a hacer la vigilancia de los proyectos si no tiene cómo? Lo mismo sucede con Guaviare o con Guainía. O la Contraloría de Sincelejo, que no tiene capacidad tampoco”. En total, Córdoba pide que se destinen alrededor de $1,2 billones (hoy reciben $570.000 millones), un 0,5 % del presupuesto nacional.
El país necesita tomar una decisión. Los hechos sobre la mesa son evidentes: el control fiscal que se ha venido ejerciendo está muy limitado por los recursos y las competencias. Los efectos se ven en el continuado despilfarro de la corrupción, las denuncias de que los políticos elegidos llegan a cargos como Alcaldías y Gobernaciones a devolver favores con los contratos públicos, y la falta de legitimidad que las instituciones tienen a los ojos de los colombianos. Ante eso, unos entes de control eficientes son la respuesta.
Sin embargo, también es clave que se dé la discusión sobre cómo, al momento de elegir fiscal, contralor y procurador, podemos garantizar que estas figuras no usen los entes como trampolines políticos. La historia reciente del país está plagada de ejemplos. ¿Habrá la voluntad política para fortalecer estos roles y, al mismo tiempo, garantizar su independencia y su actuar ecuánime?


** Los dientes que le faltan al sistema de control fiscal




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domingo, 16 de junio de 2019

Pensiones en Colombia afrontan déficit de gobernanza

BOGOTÁ D.C.

Sobre la adjudicación del derecho

Esta característica sobre la naturaleza y gestión de los regímenes pensionales no resuelve el asunto de la adjudicación de los derechos entre los trabajadores afiliados al régimen de prima media o al de capitalización; en efecto, como lo afirma el sociólogo francés Robert Castel en La inseguridad social, una sociedad asalariada “no es solamente una sociedad en la cual la mayoría de la población activa es asalariada. Se trata sobre todo de una sociedad en la que la inmensa mayoría de la población accede a la ciudadanía social, en primer lugar, a partir de la consolidación del estatuto del trabajo [y, en segundo lugar,] los miembros de la sociedad salarial han tenido activamente acceso a la propiedad social que representa un homólogo de la propiedad privada, una propiedad para la seguridad”.

De estos enunciados se anotan dos grandes restricciones: en primer lugar, la débil asalarización del conjunto de la población activa, más de la mitad de la cual se registra como trabajadores informales, por cuenta propia, misionales, temporales, precarios y campesinos, fenómenos que genéricamente se asocian con la “desestandarización del trabajo”; y en segundo lugar, en los eslabones que caracterizan la producción, el empleo y las pensiones, construidos sobre el piso de la ciudadanía social, esto es, ciudadanos con titularidad de derechos. La adjudicación de derechos se realizó sobre los escenarios de una aguda desigualdad, desencadenando prestaciones diferenciales según se trate del régimen de prima media o de ahorro individual.

Según este contexto, corresponde centrar el debate en la conceptualización del contenido de la “pensión”, pues como agrega Castel: “no es una medida de asistencia, es un derecho construido a través del trabajo. Es la propiedad del trabajador constituida, no según la lógica del mercado, sino a través de la socialización del salario: una parte del salario retorna en beneficio del trabajador (salario indirecto). Se podría sostener que es una propiedad para la seguridad, que ampara al trabajador fuera del trabajo”.
No es apropiado hablar de “pensiones privadas”; existe gestión pública y privada de unos recursos de naturaleza pública, los cuales deben ser gobernados según lo establecido en la Constitución Política, con la dirección, coordinación y control del Estado, “garantizando a todos los habitantes el derecho irrenunciable de la Seguridad Social”. pensiones: entre públicos y privados   La ley y las desigualdades pensionales

La ley y las desigualdades pensionales

Habría que preguntarse si, además de la composición heterogénea de la que nos ilustra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre la producción y el mercado del empleo, el diseño normativo introduce factores de desigualdad en la configuración de los dos regímenes, aunque aparentemente los trabajadores presentan los mismos presupuestos fácticos y jurídicos.
De esta manera nos interrogamos: ¿por qué dos trabajadores que inician en una misma empresa privada o estatal tienen igual permanencia en su vinculación a los regímenes pensionales y tienen igual volumen de cotizaciones logran montos diferentes en su mesada pensional, si el uno estaba afiliado a un fondo de pensiones y el otro al régimen de prima media? A pesar de que confluyen varios factores para generar posibles escenarios de experiencias en situaciones semejantes, ¿cómo y por qué se motiva la asignación desigual de recursos públicos?

Justamente una reflexión del filósofo del derecho Ronald Dworkin ilustra sobre una eventual desigualdad manifiesta en la ley: “la distribución de la riqueza es producto del orden legal: la riqueza de un ciudadano depende enormemente de las leyes que haya promulgado su comunidad (no solo de las leyes que regulan la propiedad, el robo, los contratos y la responsabilidad civil, sino sobre la legislación sobre bienestar, la legislación fiscal, la de carácter laboral, las leyes sobre derechos civiles, la legislación que regula el medio ambiente y otras legislaciones para prácticamente todo). Cuando un Gobierno promulga o sostiene un conjunto de leyes en vez de otro, no solo se puede predecir que la vida de algunos ciudadanos empeora por esta decisión, sino también, en gran medida, qué ciudadanos serán estos”.
El diseño de cada sistema pensional que consagra derechos debe reflejar la especificidad de una sociedad cuyo foco central corresponde a la estructura productiva, en la que se inserta el trabajo productivo moderno, generador de valor, y a partir de esa condición se establecen los vínculos con los sistemas pensionales.

Escenario de controversias

En este punto, un debate sobre la estructura y naturaleza de los regímenes –modelo paralelo– debe abordar los presupuestos teóricos y fácticos que la soportan. Ahora bien, en la discusión pública presentada, a través de los medios de comunicación han sido privilegiados los voceros de los fondos privados, quienes proponen diversas modalidades de reformas básicamente paralelas de los dos regímenes, incluso pasando por quienes proponen la eliminación del régimen de prima media, como lo plantea la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).

Todo esto ha evidenciado una centralidad en el enfoque puesto en los escenarios financieros y no así en el enfoque de los derechos ciudadanos, para quienes el acceso de los trabajadores a la seguridad social (pensiones) es parte de un derecho fundamental y por ello deber verse como un mandato de maximización de alta prioridad tanto para las sociedades del trabajo –asalariadas o no– como para el Estado contemporáneo, cuyo papel central debe ser el de ejercer la función de redistribución en una sociedad muy desigual, catalogada por el Banco Mundial con un coeficiente de Gini de 0.53 (2016), que junto con Brasil y Honduras figuran entre las cinco sociedades más desiguales del mundo, y que según el DANE corresponde más bien a un coeficiente que gira alrededor de 0.51.

Un enfoque restringido

Un sistema pensional, en cualquiera de sus modalidades, surge de la necesidad de proteger en su origen a la población trabajadora asalariada contra los eventuales riesgos que se presentan en el ciclo de la vida activa, sea un accidente de trabajo, de incapacidades limitantes, de enfermedades, del decaimiento de la vida laboral o ya sea que haga referencia a un hombre o a una mujer –en la combinación tradicional del derecho–. De ahí que el diseño de cada sistema pensional que consagra derechos debe reflejar la especificidad de una sociedad cuyo foco central corresponde a la estructura productiva, en la que se inserta el trabajo productivo moderno, generador de valor, y a partir de esa condición se establecen los vínculos con los sistemas pensionales.
Producto de las luchas obreras, sus fundamentos iniciales surgen en la primera Revolución Industrial, cuando se organiza el trabajo moderno y aparecen las empresas y los trabajadores de las fábricas; a su vez se diseña y se pone en marcha el Estado moderno,  quien para ese momento ejerce la gobernanza de las diversas sociedades del trabajo.
Cerca de cuatro millones de colombianos quedan sin protección en su vejez por parte de las instituciones formales de la seguridad social, ante lo cual el Estado ha reaccionado creando programas asistenciales, que no forman parte de los regímenes pensionales, como Colombia Mayor, los BEPS y los subsidios para completar pensiones.
Este modelo de la sociedad asalariada se incorpora a los países de América Latina con las respuestas características que institucionalmente crea la Alemania de Otto von Bismarck (1881), a mediados del siglo XIX, y que se expanden en nuestra región en la primera mitad del siglo XX. Su marco económico institucional se diseña para que esté integrado por trabajadores industriales formalizados, dependientes y trabajadores por cuenta ajena de tiempo completo, con seguridad en el trabajo y con prestaciones sociales. Igual mirada se da para los empleados del Estado.


Para el profesor Hernando Torres, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, el debate sobre la reforma pensional está centrado en el tema financiero dejando de lado los derechos de los ciudadanos, para quienes el acceso a una pensión es un derecho fundamental. Foto: archivo Unimedios.

El diálogo con la realidad

Del diálogo con la realidad de nuestro sistema económico y laboral surgen las cuestiones sobre los alcances desiguales logrados por los regímenes evaluados, teniendo como referente los derechos fundamentales, particularmente el derecho fundamental a la pensión.
Si el derecho a la pensión es un derecho universal, ¿por qué solo una parte de los ciudadanos pensionables (estimados en cerca de 6,3 millones de colombianos*) accede a ese derecho fundamental? En las estadísticas se considera que de los pensionables –las mujeres por encima de los 57 años y los hombres que superan los 62 años– solo accede un 36 % contabilizando, además del sistema dual, los demás regímenes especiales y exceptuados (alrededor de 780.000), cifra que ilustra la baja cobertura del sistema pensional colombiano si se compara con los trabajadores activos o los afiliados a los dos regímenes y que cotizan.

Con el propósito de ilustrar el debate, referenciando las cifras establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Financiera y Colpensiones, fuentes que en su totalidad estiman un volumen de 2,1 millones de pensionados (pensiones ordinarias, especiales, exceptuadas y convencionales), se anota que la mayoría recibe pensiones comprendidas entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales; a ello habría que agregar los cerca de 150.000 pensionados de los fondos privados. Con este panorama se puede observar que cerca de 4 millones de colombianos quedan sin protección en su vejez por parte de las instituciones formales de la seguridad social, ante lo cual el Estado ha reaccionado creando programas asistenciales, que no forman parte de los regímenes pensionales, como Colombia Mayor, los BEPS y los subsidios para completar pensiones.

Con estos elementos de ilustración se podría deducir que el país tiene un gran déficit de gobernanza en el sistema de seguridad social (pensiones) y que sería conveniente empezar a centrar el debate sobre lo que es significativo para los ciudadanos (trabajadores): acceso al derecho fundamental a la pensión con seguridad económica y reducción de riesgos en la vejez. Y nos preguntamos finalmente: ¿será que con las reformas parciales a los regímenes actuales se logrará una sociedad inclusiva?

(Escuche también:)

https://unperiodico.unal.edu.co/fileadmin/UN_Periodico_Digital/Imagenes/2018/Febrero/0226/ABR_Pensiones_Version_1.mp4

* Cifras estimadas por el autor con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda (DANE, 2018).

miércoles, 12 de junio de 2019

¿Para qué o a quién beneficia nuestra Democracia en Colombia?

JUNIO 16 DE 2019
POR: JUAN JOSÉ ORREGO LÓPEZ

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En nuestra Democracia la historia no falla, se repite su ciclo, para volver a lo mismo o peor.

El camino como siempre de esa variedad de soluciones, promesas o necesidades de reformas y cambios estructurales dentro del estado o regiones, promovida por los partidos políticos o líderes en sus campañas, una vez elegidos y terminado su mandato, se quedan en el aire, sin soluciones en un porcentaje muy alto, repitiendo la historia, Nos Equivocamos, Elegimos El Que No Debía Ser. 

Cuándo llegará el día, en que el pueblo colombiano Levante La Cabeza y exprese, Para Que Elegimos A Alguien, si en el gobierno central nada cambia, todo sigue igual, las mismas debilidades, herramientas, vacíos y deficiencias estructurales sueltas y sin control, ¿dejando los caminos abiertos para seguir maltratando los dineros públicos?

Hoy todos ante el público los candidatos, se identifican ser limpios y trasparentes, dejando dudas de su tipo de personalidad y carácter, pues no se escucha o no se atreven a cuestionar a sus jefes o partidos, del poco o nulo servicio que les hacen a sus regiones, desde el congreso o gobierno, pues si queremos Acabar o Eliminar, ejemplo,  La Corrupción, Hoy sin Control, la estructura del estado, municipios y departamentos, sigue igual, intacta todavía, sin peso jurídico para poder efectuar cambios locales con eficiencia y contundentes.

¿Para qué o a quién beneficia nuestra Democracia en Colombia?

Las experiencias de elegir aspirantes que han disfrutado siempre de los recursos públicos, obedientes a sus jefes sin importar donde vivan, esperando turno de su partido para ser elegido, pero eso, sin perder la oportunidad de ir ganando y creciendo como el líder ideal, ilusionando y abusando de las comunidades, del sufrimiento y angustia, del poco conocimiento de lo público e ignorancia del pueblo, sin autoridad moral o cuestionados, entre otros vicios y defectos de nuestra democracia, seguro que con este tipo de candidatos, es difícil efectuar los cambios oportunos que se requieren, pues no les interesan, ya que la meta, es obedecer a sus promotores y repetir el ciclo o vuelta de cada elección, ganar como sea.

El día que nos convoquen a elegir nuestros gobernantes, sean independientes, con el patrocinio del gobierno, congresistas, por firmas, entre otros, piense, recapacite muy bien antes de actuar, pues el camino a la solución, está en nuestras manos, vote o elija a conciencia, con aspirantes, pro-activos, visionarios, excelente formación académica y profesional, con ética, pero ante todo, que demuestren transparencia y cero cuestionamientos en su historia laboral, pública o privada, entre otros factores, aunque sean puntos mínimos, son los que nos sirven y debemos mirar muy bien, en los aspirantes, pues historias de equivocaciones y candidatos inmaculados, que después de elegidos, han demostrado ser un completo fracaso. Ejemplos los gobernantes en el Quindío.

Mientras el gobierno y congresistas no tengan en mente realizar cambios de Fondo y Estructurales, incluyendo lo que se debe eliminar, suspender o cambiar, este martirio o engaño de los ajustes a las reformas, ya sean, Tributarias, Pensiones, Corporaciones, Ley 5 Del 92 o Reglamento Del Congreso, entre otrasseguirá siempre igual, donde el pueblo, la clase media, empresarios y sociedad civil, serán los más afectados.

El día en que el pueblo, deje de ser un peón de ese fanatismo y fervor que nos generan los partidos o candidatos, de lograr mayor conciencia de un verdadero cambio, eligiendo  líderes o estadistas, con principios, valores, personalidad, visionario y respetuosos, ese día iniciará el verdadero cambio que hoy buscamos en nuestra querida Colombia y regiones, con la alegría y esperanza de poder levantar las manos con entusiasmo, entonando el nuevo Grito De La Verdadera Independencia, llena de principios, valores y ética hoy perdidos por esos falsos lideres.



JUAN JOSÉ ORREGO LÓPEZ
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Dificultades fiscales abrirían puerta a nueva reforma tributaria

Como fue aprobada por el Congreso, la reforma tributaria puede llevar a que la consolidación fiscal se haga más difícil a partir del próximo año, según estimación de la firma Moody’s Investor Service. Renzo Merino, analista de la calificadora, considera que lo aprobado en materia tributaria el año pasado “va a conllevar que la consolidación fiscal de los próximos años, a partir de 2020, sea más difícil para el Gobierno”.

La advertencia abre la puerta para que el Gobierno piense en una nueva reforma tributaria con el fin de recomponer las cargas y estabilizar el recaudo tributario, según piensan analistas presentes en el foro Inside LatAm 2019 Colombia, organizado por Moody’s Investor Service. 
La dificultad obligaría al Ejecutivo a adoptar “medidas para compensar lo que hasta cierto punto va a perder en recaudación en el próximo año debido a como se adoptó la reforma (tributaria)”, dice Renzo Merino, analista de la calificadora. Sin embargo, admite que el Gobierno congeló “prudentemente parte del presupuesto de 2019 y ha ido gestionando su liquidez para controlar estos gastos, si es que finalmente se da”. Eso le permitiría al Gobierno llegar a la meta fiscal de 2,4 % para este año. (Contexto: Inversionistas muestran gran apetito por la economía colombiana).
Moody’s destacó otras medidas para fortalecer la actividad recaudadora, como la modernización de la DIAN y la implementación de la factura electrónica, que en otras economías ha dado buenos resultados. Medidas de este tipo son vistas como ayuda para compensar un poco la pérdida de recursos por la reforma de 2018.
Renzo Merino advirtió que, de no concretarse las expectativas de crecimiento de la inversión por efectos también de las ventajas aprobadas en la reforma tributaria, y si no repunta el consumo, tendrían que revisar las cifras de crecimiento a la baja. La proyección es que la economía de este año crezca 3,0 % por debajo de la estimación que tiene el Gobierno, de 3,6 %. (De interés: Calificadoras, inquietas con resultado de la economía).
El analista señaló que Colombia debería tener una calificación mayor si no tuviera “ciertos retos”, como el control de la corrupción, la efectividad del Gobierno para fomentar sus políticas y la efectividad y credibilidad de los programas macroeconómicos. De nuevo, se considera que el nivel de recaudo del país es muy bajo comparado con las otras economías de la región, situación que se presenta a pesar de que se están haciendo reformas fiscales cada dos años, en promedio. 

Además, a los ojos de estos analistas, Colombia tiene una estructura de gastos muy inflexible, como las pensiones y las llamadas otras transferencias, donde se incluyen algunos subsidios que son muy altos. Precisamente, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anticipó lo que piensa llevar el Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que revelará este jueves. Sostuvo que se trabaja en la reducción del tamaño del Estado, que hacia finales de 2022 va a significar un ahorro de 5 % del PIB. En cuanto a los activos estatales en propiedades, representados en 107 empresas con un valor estimado de US$50.000 millones, con su racionalización, es decir, saliendo de activos improductivos y pagando deudas onerosas, como las sentencias en contra del Estado, se espera alcanzar un ahorro de 0,7 % del PIB.
Carrasquilla señaló que con la focalización del gasto social, que implica una mejor distribución de los subsidios, se podría obtener un ahorro de 9 % del PIB, y finalmente, como el Estado tiene grandes excedentes de liquidez, donde solo el Gobierno tiene depositados en el Banco de la República $30 billones, se busca tener una unidad de caja que podría representar un ahorro de 1 % del PIB. Todo estos planes ayudarán a obtener un mejor rebote de la economía para alcanzar un crecimiento de 3,6 % para este año y de 4 % para el próximo.

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El debate de fondo por las críticas al DANE..

elespectador.com, Economía11 Jun 2019

Un comentario del gerente del Banco de la República frente al desempeño de la economía abrió la puerta para que le llovieran críticas al Gobierno: al DANE, por dar relevancia a unas cifras por encima de otras, y al Ministerio de Hacienda, por no reconocer que hay un estancamiento.

En un hecho sin precedentes, Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, no solo desestimó la percepción que el Gobierno tiene del desempeño de la economía al decir, la semana pasada, que se había “estancado”, sino que aseguró que el DANE debe contribuir más a la discusión, pues de las dos cifras que utiliza para revelar la variación del Producto Interno Bruto (PIB), le da más importancia a la menos acertada.
Las declaraciones de Echavarría respecto a que el crecimiento del último trimestre (enero-marzo de 2019) fue “bastante malo” contradicen el buen momento por el que según el Gobierno está pasando el país y dificultan llegar a la meta de 3,6 % que se planteó el presidente Iván Duque. Un día más tarde, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, rechazó estas “opiniones cortoplacistas y efectistas” e insistió en que la cifra rebotará, apreciación que fue apoyada por Duque al decir que las declaraciones de Echavarría no son precisas y que Colombia, de hecho, crece por encima del promedio regional.

Los indicadores económicos bien podrían darles la razón a ambos. Por ello, el debate está en el uso que se les da a las cifras para presentar hechos reales o verdades acomodadas, pues, en el fon do, cada vez que se cuestiona al DANE se pone en tela de juicio su verdadera independencia.
Hace un mes, cuando el instituto nacional de estadística presentó los resultados del desempeño de la economía en el primer trimestre de 2019, dijo que esta había crecido 2,8 %. El problema con la cifra es que no está ajustada al efecto que tiene, por ejemplo, la Semana Santa, que no siempre cae en el mismo mes. Una vez se aplican esos filtros (lo que técnicamente se conoce como desestacionalización), la variación baja a 2,3 %. Ambos datos son válidos, ambos son oficiales y ambos se divulgaron; el error, para los expertos, fue que se destacara la más alta, que es, al mismo tiempo, la menos certera.
Rudolf Hommes, ministro de Hacienda entre 1990 y 1994, considera que este debate es más bien “una trivialidad”. En su opinión “le han dado una importancia gigantesca” cuando en realidad “el resultado no es bueno”, como tampoco lo es “compararnos con América Latina en lugar de hacerlo con el mundo”. También defendió el derecho de Echavarría a hacer una advertencia ante riesgos y problemas en política económica, aun si el Gobierno no quiere, así como su posición de “no ser complacientes con el resultado”.
Los economistas utilizan las series desestacionalizadas en sus análisis porque eliminan el efecto calendario, es decir, la diferencia entre los meses vacacionales y los laborales, por mencionar un caso, lo que permite comparaciones más certeras. Para evitar estas confusiones, los institutos de estadística en todo el mundo publican ambas, incluso algunos publican una tercera para días hábiles, y todas tienen metodologías estandarizadas internacionalmente.
El Espectador revisó los boletines técnicos de los últimos tres años y encontró que el DANE, si bien publica las dos cifras, desde 2018, cuando se modificó la metodología por una más acertada, por recomendación del Fondo Monetario Internacional, le da prioridad a la original, que no está desestacionalizada. Además, en las últimas presentaciones proyectadas el día que se revela el dato ante la opinión pública, solo se muestra la serie original.
El director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, aseguró que el DANE utiliza los datos sin ajustar de la estadística básica que produce Colombia, pues cifras como la producción de café, las cabezas de ganado o las cosechas de arroz no se estacionalizan; lo propio sucede con el índice de producción industrial y las encuestas manufacturera, de comercio y servicios. Sobre estos se aplica un procedimiento econométrico de ajuste estacional para hacer la síntesis de cuentas nacionales.
Oviedo cree que el día que se garantice que toda la estadística básica fue producida con ajuste estacional, esta serie paralela se podrá utilizar en Colombia. “Para llegar a ese 2,3 %, el DANE primero tuvo que haber llegado al cálculo de 2,8 %; para que el país cuente con la información más precisa se requiere todo un análisis”, aclaró el funcionario. También señaló que “más allá de pensar que es un sesgo una equivocación metodológica”, lo cierto es que los dos conjuntos de información se deben producir.

Para el caso particular del primer trimestre del año, la estacionalización permitió corregir el hecho de que en 2018 la Semana Santa fue en el primer trimestre (marzo), mientras que en 2019 fue en el segundo trimestre (abril), por lo que se entiende que la variación esté por debajo de la del año anterior. Esto se refleja en las estadísticas de manufacturas, un sector que pasa de un crecimiento de 3 % a 2,3 % cuando se estacionaliza.
Oviedo fue enfático en que tales críticas no tienen fundamento, pues las dos cifras están llamadas a convivir porque son reflejo de lo que produjo la economía colombiana y porque se dispone de ambas de diferente manera. “Todo el país, desde la base 2005, siempre ha hecho sus análisis de coyuntura con la variación anual del PIB trimestral calculado en su serie original, aunque algunos usuarios estadísticos deben mirar el ajuste estacional”, explicó.
Incluso señaló que las apreciaciones de Echavarría fueron tomadas fuera de contexto y que muchas personas asumieron que se trataba de cifras diferentes, una calculada por el DANE y otra por el Banco de la República. “Ambas cifras se han publicado históricamente. Tanto como decir que estamos escondiendo o maquillando la información. No. Oportunista sería que un trimestre diera el dato de la serie original y el siguiente el de la serie estacional para que diera más alto”.
De hecho, Oviedo se reunirá con Echavarría la próxima semana para explorar el cálculo del PIB y revisar en general las cifras con las que cuenta la entidad, pues para el director del DANE no hay sustento con el cual se pueda decir que la economía está estancada, sino que se trata de unos “nubarrones importantes” sobre tres sectores fundamentales (construcción, manifactura y explotación de minas y canteras) que se despejaron trascendentalmente. “Tenemos una evidencia contundente de que está saliendo el sol”, concluyó.
El economista José Roberto Acosta cree que el error fue de Oviedo, quien, “teniendo la posibilidad, alternativa y discrecionalidad de escoger una cifra, escogió la que más le venía al Gobierno; un dato sin purificar. Ahí pecó el director, aún teniendo todo el criterio, tomó una decisión política, no técnica, tomó partido, lo que desató la controversia y debilitó su credibilidad como persona al no mostrar al país lo dulce y lo amargo sino solo lo dulce”.
Para Acosta, revelar solo una parte de la información implica parcialización, eso puede encubrir realidades y poner en juego la credibilidad del Dane. “El director tiene que limitarse a dar las cifras sin ponerle música, que sean los analistas los que musicalicen porque se termina armando una sinfonía que no tiene nada que ver con la realidad económica”, dijo.
Jorge Restrepo, también economista, considera que, aunque no puede hablarse de una manipulación, sí hay una falta de conciencia en la divulgación y presentación de la información: “A veces se incluyen gráficas, a veces no. Si el DANE decide abandonar una cifra desestacionalizada o cambiar la manera en que se hace, debería informarlo previamente y permitir que un comité de usuarios de los datos acompañe esas modificaciones”.
El académico destacó que en este gobierno se han presentado más cambios metodológicos que en el anterior, lo que ha minado la credibilidad de la entidad, “la gente duda con tantos cambios y más cuando se hacen así en lugar de hacer una revisión general”.
Oviedo aseguró que a pesar de estas y otras críticas a los procedimientos del DANE, que se han conocido en las últimas semanas, no se quedará como la “víctima de un fuego cruzado” por estos ataques. “Lo que ha hecho el DANE, más allá de polemizar, hacer oídos sordos, decir si está de acuerdo o responder a críticas, es revisar estos comentarios con el mayor detalle para dar las explicaciones técnicas y de rigor sobre lo que estamos haciendo, y atender a las inquietudes con precisiones metodológicas”, concluyó.
Acosta cree que detrás del choque de trenes hay una posición sesgada y parcializada de Echavarría quien de manera controversial “rompió la prudencia que ha caracterizado a los gerentes del Banco Central”. Sin embargo, contrario a lo que dijo Carrasquilla, cree que son discusiones que al hacerse públicas se vuelven más constructivas: “Echavarría puso al país a hablar de un tema tan delicado como el manejo de la credibilidad del Dane, que creo tenemos que defenderla independientemente de quién se encuentre al frente”.
En ello coincidió Restrepo, quien opina que “es muy útil y positivo para el país que haya debates sobre el estado de la economía y la calidad de la metodología en la producción de la información. No debemos tenerles temor, pero sí conducirlos con profesionalismo y sin politizar”.

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