Diez mitos sobre su pensión...

dinero.com,  | 2017/10/03 

FREDDY CASTRO

El debate pensional requiere, ante todo, buena información. Estas son algunas de las falsas creencias que rondan en el imaginario de las personas.

El próximo Gobierno deberá reformar el sistema pensional. Uno de los frentes que combatirá será el del desconocimiento que lleva a la consolidación de mitos. Acá desmitifico los más comunes, ¿cuál es el suyo?

1. Nunca me voy a pensionar

Es posible, de no hacer las reformas necesarias. Sin embargo, elimine la idea de vejez sin pensión. Con las actuales reglas de juego es posible pensionarse si: i) cotiza durante 1300 semanas en Colpensiones, ii) cotiza 1150 semanas en una AFP (accediendo al Fondo de Garantía de Pensión Mínima), iii) tiene el capital suficiente, en una AFP, para adquirir una renta vitalicia del 110% del salario mínimo.

Incluso, también es factible hacer esta apuesta con sus propios ahorros. La clave: destine siempre una parte de su ingreso a su pensión.

2. Es mejor cotizar en Colpensiones

Ni es mejor Colpensiones ni es mejor un fondo de pensiones. Depende de su situación particular. Le recomiendo que se lea el artículo ¿Cómo debe usted pensionarse?, allí encontrará una referencia para decidir.

En todo caso, acérquese siempre a Colpensiones y a una AFP. Ellos están obligados a brindarle una doble asesoría antes de que usted se cambie de régimen, lo cual es posible hasta los 47 años si es mujer, o hasta los 52 si es hombre.

Visite: Periodista de Dinero gana tres premios con artículo sobre pensiones

3. El alto gasto en pensiones viene por cuenta de Colpensiones

No. De los $38 billones que se destinaron en el Presupuesto General de la Nación de 2017, solo $12 billones son de Colpensiones. Los otros $26 billones están distribuidos entre las pensiones de la fuerza pública, el Magisterio, Cajanal, Fonpet, entre otros regímenes. La mayoría de ellos adquirieron el derecho a la pensión antes de los cambios implementados por el Acto Legislativo 01 de 2005.

4. Los magistrados y congresistas tienen un régimen pensional especial

El Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que los únicos regímenes especiales o exceptuados, eran el del Presidente de la República y el de la fuerza pública. Pueden existir fondos especiales, como el de Fonprecon, pero tienen los beneficios del régimen de prima media (Colpensiones).

Esta línea fue reforzada por la Corte Constitucional en 2013 (C-258/13). Ese año tumbó definitivamente el régimen especial de magistrados y congresistas.

5. Todos los gobiernos han aumentado las edades de jubilación

Falso. El último cambio en la edad de jubilación se hizo hace 14 años (Ley 797 de 2003). Esta aumentó las edades de jubilación en dos años, cambio que se hizo efectivo en 2014. Ahora los hombres se jubilan a los 62 y las mujeres a los 57 años.

6. Lo que quieren hacer con la reforma pensional es aumentar las edades de jubilación 

También es falso. Una reforma pensional va mucho más allá de los parámetros (edad de jubilación, tasas de cotización, tasas de reemplazo, sustituciones pensionales, etc.). Lo de fondo es la estructura del sistema, la estabilidad de las reglas de juego y las fuentes de financiación.

7. La diferencia en edades de jubilación favorece a las mujeres

En general no. En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS, el de los fondos de pensiones) no. El argumento lo encuentra en la columna ¿Por qué aumentar la edad de jubilación de las colombianas?

En Colpensiones depende. Si a los 57 años ha cotizado 1300 semanas, obtendría una pensión subsidiada por el Estado, cuando le quedan varios años para disfrutarla. En el caso de no haber completado ese número de semanas está en un problema. Parafraseando a Héctor Abad Faciolince, la edad de pensión definida en una Ley decidió que se era “vieja” a los 57 años. Es posible que le cueste completar las semanas, porque al ser declarada vieja ya no logra emplearse.

Sin embargo, el núcleo de este debate está en temas culturales y en el mercado laboral de las mujeres. Eduardo Lora ofrece un buen contexto.

8. Quieren reformar las pensiones porque lo ordenaron el Banco Mundial, el BID y la OECD

Definitivamente no. La reforma se debe hacer porque soluciona problemas de cobertura, equidad y sostenibilidad. Se debe generar un buen contrato entre los colombianos de hoy y los de las próximas generaciones.

9. Los fondos de pensiones solo pierden plata

No. De hecho han obtenido buenos retornos desde su creación. Si en 1994 usted hubiese invertido $100, en julio de 2017 tendría:

• $527 a la tasa de inflación
• $1.090 a DTF
• $3.243 en una AFP

Pese a lo anterior, ese mercado requiere la llegada de nuevos actores que generen competencia. En este momento solo existen cuatro administradoras de fondos de pensiones y dos de ellas concentran el 80% de los afiliados.

10. La plata del Seguro Social (ahora Colpensiones) se acabó por culpa de los políticos

Esto tiene más de realidad que de mito. Aunque los cambios demográficos y la no actualización de parámetros como las tasas de cotización, las edades de jubilación y las tasas de reemplazo; indican que los recursos habrían sido insuficientes bajo cualquier contexto, las inversiones realizadas en una institución administrada por políticos, acabó rápidamente con los mismos.

Y no es una cuestión de malas intenciones. Quienes administran recursos públicos a veces tienen dificultades, las cuales hacen que tomen decisiones políticas para superarlas. En los noventa, por ejemplo, un Decreto hizo que el Seguro Social invirtiera en el Banco Central Hipotecario, medida que a la postre atentó con los recursos de quienes cotizaban al ISS.

Más allá de estas vicisitudes, el país no se la puede jugar por un sistema exclusivamente privado. Debe existir un componente público que facilite ingresos en la tercera edad a grupos vulnerables.

Revise el documento: “La inviabilidad de los regímenes de pensiones de reparto en países que aún gozan del dividendo poblacional: el caso de Colombia”. Despejará dudas sobre la coyuntura demográfica.

Contenido relacionado: Separarse por una mujer menor, ¿buena inversión?

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Dónde están?....

POR : MANUEL GOMEZ SABOGAL

“Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlo. ¡Nadie!” – Jaime Garzón

Venía conversando con mi hijo, quien se encuentra aterrado porque cada día escucha y lee sobre corrupción en todas partes. Me preguntó sobre quién había sido el “Che” Guevara. Me pidió que le hablara de mi época como estudiante universitario. Le conté mucho sobre mis momentos en la universidad. No éramos apáticos a nada. Había liderazgo estudiantil.

Cuando llegamos a casa, me puse a pensar en los jóvenes, en los universitarios. Recordaba mi época de estudiante y nuestra rebeldía, rechazo a muchas cosas que no servían. Había reuniones, discutíamos, hablábamos, había paros. 

Recuerdo cuando en 1971, salimos a protestar, a pelear por nuestra universidad. La policía se tomó la Universidad del Quindío y los daños causados por la policía fueron muchos, porque tumbaron puertas, tiraron gases, acabaron con ventanales. Y nosotros ahí. 

Hoy, cuando se habla de una corrupción que cabalga, galopa y anda desbocada, pienso en los estudiantes, en los jóvenes universitarios. ¿Dónde están? 

Es como si no les doliera el país o estuvieran de acuerdo con todo lo malo que sucede. No les importa o se hacen los locos. Me pregunto desde hace rato qué se hicieron los jóvenes, dónde están los líderes estudiantiles, los que quieren que este país cambie. 

La educación del celular los tiene maniatados, se perdieron, están escondidos o duermen como todos, anestesiados en un país que poco a poco se derrumba y cae al precipicio.

¿Dónde están? Hablaban, se reunían, formaron una mesa universitaria, pero desaparecieron como por encanto. No están en lado alguno. No los encuentro. Los busco y nadie aparece por lado alguno, pues la anestesia parece que es de por vida.

¿Dónde están? Porqué nada dicen y no reaccionan ante esto que está ocurriendo día a día. Los futuros abogados, médicos, empresarios, profesionales de todas las carreras ¿quieren seguir los pasos de los depravados que roban, roban y roban y vuelven a robar?

No puedo creer que los estudiantes universitarios de este país estén adormecidos, o chateando con sus amigos y no se enteran de los sucesos diarios. Robos, ignominia, atropellos, corrupción y mucho más, protagonizados por miembros de las altas cortes, senadores, representantes, políticos de los mil partidos miserables que hay en Colombia

¿Dónde están? Es inconcebible que los jóvenes no crean que lo que está ocurriendo es verdad. Cada día, detienen a uno o varios personajes de cuello blanco, miserables que olvidaron la ética, la moral, las buenas costumbres y se dedicaron a esquilmar el erario público. 

¿Dónde están? ¿Qué se hicieron los universitarios de este país que no cambian a los dinosaurios de la política, a quienes quieren seguir ahí sin hacer algo bueno por el país?

No puede ser que sigamos condenados a leer, ver, escuchar que cada día roban, roban y vuelven a robar, pero nos cruzamos de brazos. 

¿Dónde están? Quiero ver que los jóvenes, que los universitarios de este país, que son muchos, sí saben qué es decencia, ética y luchan por algo diferente.

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Se venden ilusiones...

cronicadelquindio.com, Octubre 03 de 2017
Mayra Alejandra Ocampo Vega

"Al obtenerse el título universitario se da inicio a un proceso de desencanto social en la búsqueda de ofertas laborales".

Cuando se es adolescente se perciben todos los escenarios con gran ingenuidad, a tal punto que no percibimos límites o barreras para alcanzar cualquier meta que nos fijemos, somos aventureros, intrépidos, indagadores, nada nos detiene, tan convencidos de tener el mundo en nuestras manos. Aun así ingresar a la universidad es un gran reto, asumir responsabilidades, tomar las riendas de nuestras vidas, sufrir por el desempeño reflejado en cada parcial y en cada fin de semestre, nos compromete reflexivamente en el arte de crearnos a nosotros mismos, sobre esta base nos inquietamos por convertirnos en quienes queremos ser, nos idealizamos como grandes profesionales, se sueña con el título universitario que dará un mejor status social.

Es allí donde se cree que en posesión de este título se cumple con los requisitos necesarios para aprovechar las oportunidades del mercado actual. Desearía que esta creencia de universitarios y padres de familia tuviera un desenlace feliz, que compensara el esfuerzo de unos y otros al apostarle a la educación como camino de mejoramiento personal y social. Sin embargo, esta creencia pierde fuerza unos días después que la felicidad y el orgullo llena los corazones del recién graduado y su familia.

En el Quindío, por ejemplo, al obtenerse el título universitario se da inicio a un proceso de desencanto social en la búsqueda de ofertas laborales: primero porque dichas ofertas no existen, o no en la medida de las necesidades, porque empresas no tenemos; segundo, porque en las poquísimas ofertas laborales que hay piden amplia experiencia y los pagos son mínimos; tercero porque las fuentes de empleo fijas son la gobernación departamental y/o las alcaldías, y allí solo se accede si se cuenta con un padrino político, un amigo que esté en la mermelada, sino simplemente no existes y tus competencias y conocimientos no tienen mérito. En este caso, la falta de empresas, de innovación económica y el clientelismo estancan el futuro de los egresados quindianos.

Hay que sostener que las universidades venden ilusiones, títulos que nos ganamos con esfuerzo, dedicación, trasnochos, y méritos. Títulos donde la entrega de maestros y alumnos hacen posible soñar con una realidad que nace del conocimiento.

Frente a este horizonte desencantado, es preferible pensar que esto no es en vano, pues finalmente la educación, cuando es asumida con compromiso, permite a las personas tener una postura y un pensamiento diferente del mundo. 

Desafortunadamente, aquí, no ganan los universitarios, ni los profesores, tampoco las instituciones con deseos de ofrecer profesionales competentes. Nuestro contexto socioeconómico y político no da la medida para recibir la oferta de graduados, esta situación nos obliga a muchos a emigrar, arriesgar, lo que llaman comúnmente ¨salir de la zona de confort¨ me pregunto, ¿cuál confort?, si aquí no hay forma, no hay oportunidades.

Tener un trabajo en el departamento y en el dominio de lo que estudiamos es ya una proeza, un milagro, lo más triste es que existe respuesta a esta problemática de egresados y es la siguiente: En el Quindío no hay personas capacitadas para los cargos que se ofrecen, es por esto que nos toca traer los ávidos profesionales de otros lugares del país y del ¨mundo¨. Esta realidad duele.

Por último, un mensaje a dirigentes y líderes quindianos, señores y señoras a crear estrategias empresariales sostenibles, a ser leales con nuestra gente, en cualquier momento, casos se han visto, esta generación educada no regalará masivamente el voto por un apretón de manos y el golpecito amigable en la espalda. Exigimos un Quindío diferente.

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Corrupción y Estado

elespectador.com, 1 Oct 2017 
Por: Salomón Kalmanovitz

El Estado colombiano está a medio construir: no cuenta todavía con el monopolio legítimo de los medios de violencia, no ejerce el control de la tributación, muchos de sus funcionarios se lo roban o venden sus atributos. Fue sintomático de la carencia de lealtad de muchos políticos con el Estado que dos expresidentes, representantes de la unidad nacional en su momento, hayan acusado al gobierno frente al imperio, lo que pudo tener consecuencias graves para los intereses de la Nación.

Hemos progresado sin duda. En las últimas tres décadas se duplicó el tamaño del Estado y se fortaleció militarmente, reduciendo la delegación del ejercicio de la violencia en grupos ilegales y debilitando las organizaciones insurgentes. No obstante, hubo un uso ilegítimo de violencia por las fuerzas armadas en varias sentidas ocasiones y todavía hay un control de facto de grupos de narcotraficantes y paramilitares en muchas regiones del país. Proliferan el narcotráfico y la minería ilegal.

Aunque dotado de cierto poder económico, el Estado colombiano se basa “en instituciones débiles que no logran imponer el imperio de la ley y que, por consiguiente, deben estar en constante negociación con actores políticos” (Dejusticia, 2017). No se ha podido construir la necesaria autonomía del Estado frente a los agentes privados ni imponerles una tributación progresiva. No hay una burocracia reclutada por mérito, bien paga y estable que defienda lealmente los intereses colectivos. Ello permite la primacía de redes locales y regionales de poder que capturan las rentas públicas. El nepotismo es rampante.

El país nunca ha sido una democracia basada en partidos disciplinados que obedezcan reglas electorales de proporcionalidad, donde los ciudadanos puedan manifestar libremente sus preferencias. Por el contrario, las ideologías y el sectarismo han conducido a largos conflictos que han cercenado los derechos de los trabajadores, los campesinos y las minorías étnicas, y han causado masivas expropiaciones de sus modestas propiedades.

El sistema político se basa en el clientelismo de mercado en el que se intercambian bienes y servicios por apoyo electoral: los caciques locales compran votos, ofrecen materiales y camisetas, se hacen elegir al Congreso, donde logran partidas del Ejecutivo para sus regiones. Es así como pueden apropiar cuantiosos recursos para su pecunio y sus campañas futuras.

El Estado colombiano comanda hoy una quinta parte de la riqueza nacional, de la cual la contratación de obra pública, las transferencias regionales y los gastos en salud son capturados en importante medida por funcionarios, políticos y los financistas de sus campañas. Incluso segmentos del Estado, otrora dotados de cierta autonomía y administrados por una tecnocracia de alto nivel, han sido socavados por los intereses de los grandes contratistas y electores.

El sistema de justicia, que es fundamental para castigar la corrupción, es su mayor protector. Los mismos vicios del clientelismo mercantil lo hacen provisor de impunidad, que trafique con sus sentencias y las posiciones de que dispone. Los magistrados han logrado enriquecerse y se otorgan pensiones privilegiadas. Por eso mismo, una reforma a la justicia como la propuesta será insuficiente mientras no se construya Estado a partir de una tributación justa, competencia política y partidos fuertes, oposición vigilante, burocracias autónomas y organismos de control eficientes y probos.

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Promesas

elespectador.com,  30 Sep 2017 
Por: Armando Montenegro

Uno de los aspectos más destacados de la campaña presidencial en marcha ha sido la generosidad con que algunos precandidatos han anunciado la rebaja de impuestos, exenciones y descuentos tributarios. Estas promesas han sorprendido no sólo porque desconocen la apremiante realidad fiscal, sino porque, además, ponen de presente la creencia de ciertos políticos de que por medio de estos mecanismos se pueden estimular el crecimiento y la inversión, sin consideración alguna por la situación financiera del país.

Esta creencia, seguramente, está basada en las ideas del Partido Republicano de Estados Unidos, el mismo que, a partir del gobierno de Ronald Reagan, ha conseguido, cada vez que asciende al poder, rebajar los impuestos de las empresas y las personas con altos ingresos. Sus ideólogos, a pesar de que se autodenominan conservadores fiscales, sostienen que la rebaja de impuestos induce el crecimiento y que éste, a su vez, genera mayores recaudos tributarios, de tal manera que esta política, en su opinión, no conduce a la elevación sino a una reducción del déficit. Los economistas serios, después de desnudar la pobreza de estas ideas, las han denominado “voodoo economics”. Pero el desprecio intelectual no ha hecho mella en los planes de los republicanos y, mucho menos, en sus financiadores, de tal forma que en los próximos días, esta vez de la mano de Trump, intentarán una nueva reducción de los impuestos.

Ese tipo de ideas también ha tenido una importante difusión en nuestro medio y recibió un notable impulso en los gobiernos del presidente Uribe. Con el rótulo de “confianza inversionista”, se puso en marcha una política de generosos incentivos, exenciones y subsidios a empresas escogidas, con el propósito de estimular la inversión y el crecimiento de toda la economía. Varios estudios mostraron en su momento las débiles bases de estos planteamientos y señalaron, además, que el mayor crecimiento económico de aquellos años fue, en realidad, el resultado del gran auge inducido por los buenos precios de las materias primas, en especial los del petróleo (dicho de otra forma, el país habría tenido más o menos el mismo crecimiento sin los sacrificios fiscales que se comprometieron en la segunda mitad de la década pasada, muchos de los cuales todavía siguen afectando las finanzas públicas).

De acuerdo con las proyecciones disponibles, en agosto de 2018 el próximo gobierno heredará una situación fiscal muy delicada y tendrá que hacer frente a cuantiosas demandas de gasto represadas durante varios años y, si continúan las promesas de campaña, se topará también con las expectativas de mayores erogaciones y exigencias de una rebaja de impuestos.

Sin exageración se puede afirmar que, si el próximo gobierno desconoce las alarmas y, sin ninguna cautela ni previo ajuste, procede a realizar una política generosa de gasto y de menores impuestos, desencadenaría rápidamente una crisis fiscal, con un considerable impacto sobre el crecimiento, el empleo y la pobreza (¿recuerdan lo sucedido por esta misma razón entre 1998 y 2002?). 

Por este motivo, las distintas campañas harían bien en conocer detalladamente la realidad de lo que van a recibir —bien descrita, por ejemplo, en numerosos estudios de entidades como Fedesarrollo y Anif—, con el fin de situar sus programas en el incómodo e inquietante terreno de lo que es posible.

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¿Colombia necesita una reforma para aplacar la corrupción?

dinero.com,  9/28/2017

Los altos niveles de corrupción en el sistema judicial, y en general, hacen necesaria una profunda reforma. ¿Cómo lograr un ajuste sin que signifique un saludo a la bandera o un salto al vacío?

Una de las frases célebres de Vito Corleone expresa toda una forma de entender el mundo, una cultura, se podría decir. “Le haré una oferta que no podrá rechazar”, dice el mafioso al referirse a alguien con quien tendrá que ‘negociar’ la solución de un problema. Tal eufemismo retrataba un estado de cosas inexorable, inapelable, sin ninguna otra opción. La “oferta” de Corleone solo podría ser aceptada, porque en caso contrario, se padecería la violencia del capo.

Tal vez eso es lo que está enfrentando el país ahora mismo respecto de la corrupción. La sinsalida que queda en evidencia es el hecho paradójico de que los corruptos gozan de un cierto grado de impunidad, justamente porque la sociedad colombiana no ha encontrado el cauce eficaz para resolver el flagelo.

Eso es lo que explica que en el esfuerzo por plantear soluciones al problema de la corrupción –la mayoría con buenas intenciones– se lancen propuestas que significan prácticamente “refundar la patria”: “constituyente”, “referendo”, “reforma radical” son las expresiones de quienes quieren resolver el que es tal vez el gran problema de la sociedad colombiana hoy.

La necesidad de combatir la corrupción es una verdad de Perogrullo. Si se le aplica cualquier tasa a los costos de este flagelo las cifras resultan exorbitantes. Asumiendo que los corruptos se lleven 5% del Presupuesto General de la Nación, podría decirse que quienes se roban los recursos públicos tendrían asegurados el próximo año por lo menos $11 billones, mucho más de lo que se va a recaudar por la vía de la reforma tributaria, que implicó subirle tres puntos al IVA.

Todo indica que, a pesar de la indignación, al país todavía le falta avanzar con claridad en el diagnóstico del mal.

Pablo Sanabria es experto de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, de la Universidad de los Andes. El economista publicó en 2013 el estudio La forma de la corrupción: Colombia como estudio de caso.

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La principal conclusión es lapidaria: “La corrupción es un fenómeno social”, señala, al advertir que ese es el primer problema para encontrar salidas, porque la ciudadanía indignada plantea el asunto en términos de buenos y malos.

Que la corrupción sea un fenómeno social no significa que nadie tenga autoridad moral para liderar la lucha contra ese mal. Lo que quiere decir es que para combatir la corrupción, paradójicamente, no basta con mandar a los corruptos a la cárcel: existen prácticas comunes en forma de incentivos, atajos, prebendas, que deberían ser cambiados, modificados o eliminados para lograr la cura de la enfermedad.

“En el caso de nuestro trabajo, analizamos la presencia de sobornos en 55 ciudades entre 2004 y 2011. Encontramos que el nivel de corrupción es estable, pero varía dentro del mismo país. Ese tipo de corrupción es contextual y varía de una región a otra; no todos los lugares tienen el mismo tipo de corrupción. Hay unos elementos de entorno que explican por qué en unos sí y en otros no”, aseguró el experto.

Esto lleva a Sanabria a concluir que los esfuerzos anticorrupción deben ser locales, pues el asunto no es solamente el de modificar las leyes o plantear nuevos procedimientos administrativos o de control.

Así que, muy probablemente quienes están liderando las banderas de la lucha contra la corrupción deberían plantear con mayor claridad; por ejemplo, cómo van a lograr que el clientelismo desaparezca de las regiones colombianas para que ya no sea más la moneda de cambio para que algunos alcaldes, gobernadores, concejales o diputados ganen elecciones.

Problemas de diagnóstico

“No hay algo que esté peor diagnosticado en Colombia que la corrupción”, dice María Margarita Zuleta, quien hasta hace un par de meses dirigió la Agencia Colombia Compra Eficiente y fue zar anticorrupción durante la primera administración del presidente Uribe.

“Creo que no hay un entendimiento común cuando hablamos en el país de corrupción. La corrupción en Colombia es grave. Sin embargo, afirmaciones como que Colombia es el país más corrupto del mundo son simplemente falsas”, señaló.

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El primer aspecto a superar en este proceso de lucha contra la corrupción es el de las cifras.

Tanto Sanabria como Zuleta coinciden en que, en general, las mediciones de corrupción son de percepción y no tienen en cuenta los datos reales sobre lo que cuesta y las modalidades empleadas. Esas mediciones pueden resultar más efectivas en una campaña política para ganar votos que en un esfuerzo estratégico por combatir las prácticas corruptas.

“No hay mediciones objetivas de corrupción porque no es posible, puede haber medidas indicadoras. Vale la pena ver en el Latinobarómetro la brecha que hay entre percepción y vicitimización en el caso de Colombia”, advierte Zuleta.

Para la experta, la construcción de institucionalidad es el camino para lograr combatir el mal. Sin embargo, paradójicamente, lo primero que origina la corrupción es una pérdida de fortaleza de la institucionalidad, así que propuestas como las de una Constituyente o un referendo pueden llevar a la necesidad de crear una nueva capa de instituciones cuya consolidación puede tardar una década. Una salida intermedia, en la que se construya sobre lo bueno ya construido, puede ser una opción. Por ejemplo, como lo plantea el economista Juan Ricardo Ortega en su columna de esta edición en Revista Dinero, la práctica de crear agencias especializadas para sectores específicos es sana para empezar a erradicar malas prácticas en la contratación.

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En una ponencia presentada a comienzos de este año, Zuleta hizo un diagnóstico sobre el problema que estamos enfrentando y la dificultad para combatirlo: “Las manifestaciones de la corrupción cambian. Hace unos días oí al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, referirse a estos cambios. En la década anterior la corrupción del sector salud estaba asociada al pago de la Unidad por Capitación (UPC) para el régimen subsidiado(...). Hoy el contexto es otro y las manifestaciones cambiaron. La corrupción está asociada a la desviación de recursos en las empresas prestadoras de salud y al manejo de los hospitales públicos. Ahora debemos enfrentar, por ejemplo, el cartel de la hemofilia”.

Es necesario impulsar un cambio social para combatir la corrupció con eficacia. Por eso, los discursos grandilocuentes, que suenan bien para la galería, podrían representar pasos en la dirección equivocada. En materia de lucha contra la corrupción hay que ir con pies de plomo, aunque de manera ágil y evitando ir hacia el precipicio.

La sindéresis en el planteamientos de los cambios es una oferta que nadie podrán rechazar.

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