Estos resultados son estimulantes, pero creo que, más allá del entusiasmo y de las emociones que suscitan, tenemos que aterrizar el mandato de la consulta en propuestas concretas que apunten efectivamente a minimizar las probabilidades de que funcionarios y contratistas se roben la plata de los colombianos. Digo minimizar porque no creo que sea posible eliminar la corrupción completamente. Para ello sería necesario convertir a los seres humanos en ángeles y es utópico pensar que eso se logra con zanahorias y garrotes, como clases de ética, premios y honores al buen comportamiento, o con aumento de penas, cárceles y prohibiciones al malo e indebido. La imperfección de los seres humanos se ha argumentado desde tiempos inmemoriales, desde que Adán probó de la fruta prohibida y, quizá, muy pocos la expresaron mejor que Kant, cuando afirmó que “de la madera torcida de la humanidad no puede obtenerse nada que sea realmente recto”. Así, el sabio de Könisberg argumentó sobre la “insociable sociabilidad” de los humanos: su inclinación a formar sociedad, pero, al mismo tiempo, su persistente disposición a disolverla, impulsada por propósitos puramente egoístas.
Si dicha insociabilidad, egoísmo e inclinación a incumplir las reglas y a tomar riesgos estarán siempre presentes en la naturaleza de funcionarios y gobernantes, además de penas y castigos, las políticas contra la corrupción deben orientarse especialmente a medidas preventivas y de transparencia. Pero, sobre todo, a entender que un elemento crucial del diagnóstico de las condiciones que hacen que florezca la corrupción es la asimetría de información existente entre los gobernantes y ciudadanos. Si esto es cierto, hay que hacer un esfuerzo enorme por reducir dichas asimetrías. Los puntos tres y cuatro de la consulta apuntan especialmente en esa dirección, pero se quedan cortos porque su espíritu hay que extenderlo no solo a la preparación de todos los presupuestos, sino, sobre todo, a su ejecución.
En ese sentido, debemos primero entender y luego extender una plataforma tecnológica, como la del llamado SIIF II, del Ministerio de Hacienda, a todas las entidades del Estado y a los gobiernos nacional, departamentales y municipales. Ese es un sistema de gestión (técnicamente, un ERP) de presupuesto nacional, que permite que todas las apropiaciones del gasto y todas las novedades que se hacen con relación a dicha apropiación, como los compromisos, ejecución y financiamiento, se hagan solo dentro de este sistema, y que dichas novedades estén en línea y sean públicas. Además, dicho sistema debería extenderse al seguimiento de la inversión y, para ello, se debería revisar y ajustar el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) y el portal de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI), del DNP.
Hasta hace unos años, contar con un sistema de estos era impensable. Pero, con la tecnología hoy existente, es posible que todos los ciudadanos, en cualquier parte del país, puedan hacer seguimiento a la contratación y ejecución de un hospital hasta en el más pequeño de los municipios. ¿Qué esperamos para mejorar, extender y hacer públicos estos sistemas?
Reflexiones al tema pensiones
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