Con un PIB que viene en senda desaceleración y que a septiembre de 2017 acumula un crecimiento de apenas un 2% respecto al mismo periodo de 2016, la situación económica del país no es alentadora. Se espera que el 2017 cierre con un crecimiento de 1,8%, siendo el sector agropecuario el de mayor crecimiento con 5,1%, mientras que la minería y la industria manufacturera caerían un 4,2% y 1% respectivamente. Para 2018, se espera que la economía crezca 2,7%, y sectores productivos como el agro y la industria apenas crecerían 1,3% y 1,2% respectivamente.
El sector que jalonaría el crecimiento de 2018 sería el de establecimientos financieros con 3,8%, caracterizado por ser uno de los sectores que menos empleos genera en el país. Por el lado de la demanda, el consumo de los hogares presenta una seria desaceleración en su crecimiento, ya que para el cierre de 2017 se espera que apenas llegue a crecer 1,7% y para 2018 se espera que se recupere hasta 2,5%, ambas cifras por debajo del crecimiento del PIB esperado, lo cual muestra un deterioro en las finanzas de los hogares colombianos, aunado al aumento en el 38,9% de la moratoria con los establecimientos de crédito a octubre de 2017.
Aun sin tener todas las cifras consolidadas al cierre de 2017, es posible ver que varios indicadores apuntan a que el país no va por buen camino, resultado del mal manejo macroeconómico que le ha venido dando este gobierno y que se ha advertido con anterioridad en otros documentos.
Pareciera que el Gobierno Nacional volcará, de nuevo y erróneamente, su política económica a depender del aumento en los precios del petróleo, los cuales cerraron en USD 54 el barril y que el gobierno proyecta en promedio para 2018 en USD 55 por barril. Pero que hoy se encuentra en casi USD 70, mostrando un panorama favorable en las finanzas del Estado, lo que prende las alarmas de que la economía vuelva a depender de los recursos naturales para crecer, mostrándolo como un logro del gobierno, cuando en realidad es un factor que lesiona a la producción agrícola e industrial.
El modelo económico actual además de dilapidar los recursos de las bonanzas petroleras, ha estimulado reformas tributarias regresivas como las tres aprobadas durante el gobierno de Santos. En términos del recaudo neto de impuestos, la relación que introdujo la reforma de 2016 fue la mayor participación de los impuestos indirectos en el recaudo tributario. Así, los impuestos directos, aquellos que se cobran directamente sobre la ganancia de las personas y empresas (como renta y patrimonio/riqueza) siguen perdiendo peso en el recaudo tributario, de un 50,2% que representaban en 2016, pasaron a 48,6% en 2017 y se proyecta que lleguen a 45,9% en 2018.
La otra cara de esta situación son los impuestos indirectos, los cuales se cobran indistintamente de los ingresos que tengan las personas (como IVA, Impuesto al Consumo, Impuesto sobre la Gasolina, Impuesto al Carbono, 4X1.000, entre otros), que han venido ganando espacio en el recaudo tributario, lo cual da cuenta de que la mayor parte de colombianos están financiando los gastos del Estado; la relación pasó de 49,8% en 2016, a 51,4% en 2017, y se proyecta que pase a 54,1% en 2018.
Los resultados de algunos impuestos muestran esta tendencia de aumento en los impuestos indirectos. Tan solo en Renta y CREE el crecimiento para 2017 fue de apenas un 6%, mientras que el crecimiento del IVA fue del 23,7%. Esta situación termina de demostrar hacia donde vira la política tributaria del país después de 13 reformas tributarias en los últimos 27 años.
Los hogares no aguantan más presión tributaria, producto de salarios bajos y la falta de creación de empleos estables y de calidad. Asimismo, la presión tributaria sigue siendo baja en relación a las necesidades de gasto que tiene el país, apenas 13,8% del PIB para 2017, 0,2 puntos más que lo registrado en 2016. Para 2018 sería de 13,9% del PIB, por cuenta de excesivos beneficios tributarios, alta evasión, fuga de capitales hacia paraísos fiscales, entre otros problemas que deberá afrontar el próximo gobierno.
A pesar de que las finanzas públicas parecieran estar en relativa estabilidad, enmarcado en una regla fiscal, lo cierto es que el 2019 pareciera no tener un panorama alentador, ya que impuestos como el CREE, la sobretasa del CREE y el impuesto a la riqueza desaparecen definitivamente. La esperanza está principalmente en el IVA que se espera que obtenga un recaudo adicional por $ 8,3 billones, mientras las empresas dejarían de pagar $ 666.000 millones, durante ese año. Hay que recordar que por los cambios contemplados en el IVA se recaudarían $ 31,6 billones adicionales entre 2017 y 2020.
El déficit a financiar por parte del Gobierno Nacional Central llegó en 2017 a $ 33,5 billones, y se espera que en 2018 llegue a $ 29,6 billones, brecha que se tendrá que ir cerrando de acuerdo a las exigencias de la Regla Fiscal. Ante este panorama, Colombia enfrenta un duro reto fiscal de lograr mayores ingresos, más allá de las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo, los cuales han mostrado que si las bonanzas no se invierten productivamente el resultado inevitablemente llevará a reformas tributarias regresivas y/o a recortes o no aumentos en el gasto público en una sociedad que cada vez exige mayor inversión.
Es por ello que las próximas elecciones legislativas y presidenciales serán determinantes para revertir la tendencia de la política fiscal en el país.
Documento completo:
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Reflexiones al tema pensiones
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