El valor de una promesa
El presidente Juan Manuel Santos se comprometió con campesinos, profesores, indígenas, ambientalistas, estudiantes, bogotanos, deportistas... Prometió infraestructura, casas, acueductos, regalías... ¿Cuánto valen sus ofertas?
“Aparecen en elecciones unos que llaman caudillos, andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos, y al alma del campesino llega el color partidiso, entonces aprende a odiar hasta a quien fue su buen vecino, y todo por esos malditos politiqueros de oficio... Aparecen en elecciones unos que llaman caudillos...”.
La canción, A quién engañas abuelo, escrita por Arnulfo Briceño e interpretada por Garzón y Collazos, éxito de los 70, sí que refleja la más reciente campaña por la Presidencia de la República. Si algo hicieron muy bien los candidatos Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, en su intensa carrera por el liderazgo político del país, fue hacer promesas por doquier. Acabar con la guerra, con la pobreza y la desigualdad decía uno, crecer el PIB al 7% con más inversión en el campo, con más seguridad democrática, decía el otro. Iban de aquí para allá en correría por los votos, de los que tanto dan las promesas.
Por eso, después de los 7’813.115 que obtuvo Santos en la segunda vuelta, generosa cifra que le dio para hacerse al segundo período de mandato, hay que hacer caja y sacar cuentas de, a grosso modo, cuánto costarán sus promesas. Se las hizo a campesinos, profesores, indígenas, ambientalistas, estudiantes, médicos, deportistas... A bogotanos, atlanticenses, cordobeses, sucreños, santandereanos. Con casas, reformas políticas, acueductos, infraestructura y regalías. A ancianos y a taxistas.
A los campesinos, el sector más golpeado por la falta de competitividad, prometió subsidiarles “la compra de abonos y fertilizantes para reducir costos de producción. Se asignará a las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) un auxilio de $500 mil. El subsidio será anual y se hará efectivo a través de un bono”, detalló su campaña tras las declaraciones del reelegido presidente.
A los campesinos, el sector más golpeado por la falta de competitividad, prometió subsidiarles “la compra de abonos y fertilizantes para reducir costos de producción. Se asignará a las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) un auxilio de $500 mil. El subsidio será anual y se hará efectivo a través de un bono”, detalló su campaña tras las declaraciones del reelegido presidente.
Eso, cuentas más cuentas menos, para Rafael Mejía, presidente de la SAC, es muy difícil de calcular, pero fue enfático en que “tan sólo en riego y drenaje se necesitarían como $40 billones. Acá lo que nos interesa es que se garantice el incremento del presupuesto del agro. Cuando hablamos de bienes públicos, se debe diferenciar bien qué ministerio hará qué cosa”.
El valor de una promesa
A los barranquilleros les soltó una bien generosa tras conocerse la noticia en la que se confirmaba que los Juegos Centroamericanos y del Caribe serían en la capital del Atlántico en 2018. “Tenemos que desde ya planear esas inversiones en los complejos y escenarios deportivos, que nos permitan hacer unos juegos impecables, que dejen al país muy bien y que estimulen el deporte, que es tan importante para cualquier sociedad”. Les dijo que contarán con el Gobierno en materia de inversión. La cuestión es que, de acuerdo con Coldeportes, eso costará US$169 millones, pero sólo hasta dentro de dos meses se podrá calcular el valor real, que explica la entidad, podría ser mayor.
Los caucanos y nariñenses también aparecieron en la baraja. Allí germinó una de las protestas sociales más fuertes en contra del actual gobierno, en donde chocaron indígenas con militares, donde los primeros no querían que los segundos tuvieran presencia en sus tierras. Por eso, en una de sus correrías, Santos prometió “recursos adicionales por $2 billones para la atención de la población indígena y la financiación de proyectos de inversión social y de infraestructura”.
Fue enfático en que los recursos quedaron inicialmente comprometidos en un documento que será puesto a consideración y aprobación del Consejo Superior de Política Económica y Social (Conpes). Y agregó que una parte importante del presupuesto adicional que tendrá Nariño será canalizada en programas dirigidos a las comunidades indígenas de Los Pastos y Quillasingas. “Es un compromiso que adquirí con ellos”, apuntó el presidente, tras comprometerse también a la solución del problema de carácter contractual que mantiene frenada la construcción de la doble calzada Pasto–Rumichaca.
Y con los profesores, los mismos que en plena campaña habían anunciado un freno de actividades de cara a la primera vuelta electoral, también aparecieron las ofertas. Reclamaban mejor cobertura de salud, revisión salarial y cambios en el sistema de ascensos. La protesta, en comparación con la agrícola, no tuvo impacto y casi un mes después los docentes eran quienes estaban anunciando el apoyo a la campaña del candidato presidente.
Fue ahí cuando Santos se comprometió a aumentar paulatinamente los recursos a la educación, “de modo que al final del próximo cuatrienio superen el 7% del PIB”, publicó la campaña (si tenemos en cuenta que el PIB son $715 billones, la suma estaría por los $6,64 billones). Dinero que se pondrá en infraestructura educativa, mejoramiento de las condiciones de los maestros, calidad educativa y programas como ‘De cero a siempre’ y ‘Todos a aprender’, así como a la creación de por lo menos 550 mil cupos gratuitos en educación superior para jóvenes de escasos recursos, entre otros. “Si logramos la paz, el presupuesto más importante se va a dedicar a la educación y no a la guerra”, sentenció.
Casas y más casas...
La cosa es que cuando se está en campaña, el ponqué tiene que alcanzar para todos los invitados a la fiesta. Si de casas se trata, éstas son el caballito de batalla del actual Gobierno, con la promesa de que a 2018 habrá liderado la construcción de 1’200.000 nuevas viviendas, de ellas 300.000 gratis, 200.000 adicionales a las que se prometieron en esta administración, pero que no alcanzaron a culminar.
El mismo Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda, le dijo a El Espectador que antes de terminar este gobierno “vamos a tener 80.000 terminadas; hoy contamos con 60.000”. Y agregó que las 100.000 viviendas gratis costaron $4,2 billones. Eso quiere decir que para la promesa de 300.000 se necesitará la bondadosa suma de $12,6 billones.
Junto con Germán Vargas Lleras, la fórmula vicepresidencial, en el cierre de campaña en Cundinamarca siguieron las ofertas: entre los dos anunciaron la construcción de 28.000 viviendas gratis, de las 300.000, en ese departamento, y aseguraron el impulso al aeropuerto alterno entre Facatativá y Madrid, la línea del Tren de Cercanías entre Madrid y Bogotá y la construcción de nuevos acueductos y alcantarillados. De acuerdo con los entendidos, un aeropuerto de este tipo está entre los US$800 y US$1.000 millones. Para seguir sumando.
Con los trabajadores también hubo promesas. “Santos restablecerá las horas extras”, decían los titulares después de uno de los tres debates a los que asistieron. “Ese proyecto está listo y lo vamos a presentar el 20 de julio. Estábamos esperando a que bajáramos el desempleo a un dígito y ya lo logramos”, dijo minuciosamente el presidente. Pero la realidad es que en el Congreso ya cursaba un proyecto que pretendía ese objetivo, redactado por el senador Alexánder López, que no tuvo suerte en el Legislativo y terminó hundiéndose esta semana.
“Al presidente Juan Manuel Santos le interesaban los votos de los trabajadores colombianos para reelegirlo, pero no le interesa el bienestar de los trabajadores. En campaña dijo que devolvería las horas extras que habían quitado el expresidente Uribe y su candidato Óscar Iván Zuluaga, sin embargo, dos días después de ser reelegido, su bancada enterró el proyecto de Ley 081 que les devuelve precisamente a los colombianos los recargos de las horas extras, dominicales y festivos”, manifestó López.
Era de esperarse. Los empresarios en varias ocasiones habían manifestado su contrariedad a ese postulado. Incluso los académicos. El rector del Cesa, José Manuel Restrepo, explicó que de aprobarse un proyecto de esa naturaleza sería un retroceso en productividad y generaría que los industriales cortaran las posibilidades de crear nuevas plazas laborales. “De crear empleo formal y de calidad”.
Y en Bogotá la campaña de Juan Manuel hizo lo propio. Aunque en medio de las discusiones por la escasa movilidad que se tiene en la capital del país ya se ha hablado por todos lados del metro, fue el mismo presidente Santos quien aseguró que la Nación estaba comprometida con financiar “hasta con el 70% de los costos que demande (su) construcción”, y recalcó que el Gobierno “apoyará (también) la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente”. Para cerrar con broche de oro, afirmó que contribuirá con la financiación de nuevas estaciones del Transmilenio.
Así las cosas, de acuerdo con William Camargo, director del IDU, la primera línea del metro está valorada en $6,8 billones y el 70% de eso sería $4,76 billones. Una suma importante para la capital colombiana. Además, cada estación del sistema de transporte masivo para Bogotá, que aclaró el mismo Transmilenio necesitaría una troncal como la de la Avenida Boyacá para ponerlas porque en las líneas actuales no hay espacio, requiere una inversión de $6.000 millones por cada una de ellas. Promesas. Muchas promesas para seguir sumando.
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