Del proyecto, a los caciques solo les interesa el
megafondo para recaudar los dineros del sector.
Y eso aterra.
La agenda de reformas pendientes del presidente Juan Manuel Santos a fines de su primer periodo es larga y sustanciosa. Los santistas aseguran que, para sacarla adelante, el Presidente tiene ahora un segundo mandato. En esa lógica, Santos seguirá en la Casa de Nariño como si se tratara de un repitente escolar, para hacer en el segundo periodo lo que no hizo en el primero.
Más allá del gracejo, lo cierto es que, aparte de los acuerdos de La Habana, que, con ventajas y limitaciones, deben quedar listos este año, es escasa la capacidad del Presidente para sacar adelante las reformas que dejó hundir o ni siquiera presentó en su primer periodo. Hipotecado por la maquinaria partidista, que garantizó, con miles de millones de pesos, su triunfo, no puede enfrentarse a esa misma maquinaria, mayoritaria en el Congreso, para aprobar unas reformas que no gustan a los caciques.
La reforma de la justicia debe apuntar a despolitizarla, a acabar con las roscas del ‘yo-te-elijo’ y ‘tú-me-eliges’ en las altas cortes, a poner techo a las multimillonarias pensiones de los magistrados y a romper los lazos que atan con firmeza esas roscas de magistrados con las mafias políticas del Congreso. Pero los caciques no lo van a permitir porque perderían el poder de nominación y su influencia en cortes y tribunales.
La reforma educativa, que un sorprendente movimiento estudiantil hundió en el 2011, no caminará. Primero, porque las organizaciones de izquierda a las que Santos debe una porción de su triunfo se le oponen. Y segundo, porque cualquier intento por meterle mano al aparato burocrático y de contratación de las universidades públicas rebelará a los caciques.
Unos porque tienen grandes cuotas en el sector, y otros porque prefieren una universidad pública débil, que no compita con las universidades privadas ‘de garaje’ que muchos políticos poseen.
La reforma tributaria, destinada a acabar con tanta injusticia fiscal, que pone a pagar a unos mientras exonera a otros, tampoco avanzará. Los lobistas de los sectores privilegiados financiaron las campañas de los congresistas claves –y también la del Presidente– y están listos a pasar factura, de modo que –si hay una nueva reforma tributaria– todo cambie para que nada cambie.
El año pasado salió adelante la ley estatutaria de salud, un catálogo de principios poco aplicables sin la ley para regularlos. Y esa ley, el proyecto de reforma de la salud, ya vivió su calvario en plena campaña y puede acabar en la cruz en el arranque del segundo mandato. Los intereses de los caciques se cruzan en demasía con el negocio de la salud.
Del proyecto, a los caciques solo les interesa el megafondo para recaudar los dineros del sector. Y eso aterra.
Es muy probable que la reforma pensional, que debe desactivar la bomba de tiempo fiscal, siga engavetada. Ni los presidenciables del gabinete, ni los del Congreso se le van a medir a una ley que apunta a más largos periodos de cotización como alternativa para evitar la quiebra del sistema. Y menos si esa reforma debe desmontar regímenes de excepción –como el de los congresistas– y limitarles a ellos las pensiones multimillonarias.
La enumeración podría seguir con otros temas. Pero, como es poco probable que avancen, me los ahorro. Son asuntos que no interesan a los liberales, que quieren tres ministerios. Ni a los de ‘la U’, que quieren otros tres. Ni a los conservadores insaciables, que fueron a palacio a llevarle su muy costosa factura al Presidente y que quieren los mismos tres actuales y hasta más. Y el lío para Santos es que, si no los complace, se queda sin mayorías: en el Senado, ‘la U’, los liberales y Cambio Radical no suman la mitad más uno. Así están las cosas. De modo que quienes han puesto a volar la mente con una avanzada reformista en el segundo mandato de Santos, más vale que la aterricen.
MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com
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