Luis Alberto Mendoza P., Portafolio (EL TIEMPO), Martes 2 de
noviembre de 2004
Desde
el principio el presidente Uribe Vélez y sus ministros han adelantado una
campaña para convencer a los colombianos que
la pensión es un privilegio, los pensionados son unos zánganos y, en últimas,
que la pensión es la gran responsable de la crisis fiscal y por tanto, gozar
este derecho es un crimen.
En
los 26 meses de este Gobierno, con la complicidad del Congreso ha promulgado
las leyes 797 y 860 de 2003, un referendo donde el pueblo no validó la reforma
pensional y después de dos fallos de la Corte Constitucional
declarando inexequible preceptos de las anteriores leyes, pretende una reforma constitucional para incluir lo que el
constituyente primario no respaldó en su oportunidad.
La
regla de oro del Estado moderno es que la soberanía reside en el pueblo. Para
Uribe esta regla no se aplica: el pueblo colombiano rechazó en el referendo la
eliminación de la masada 14, eliminar los regímenes especiales y lo pactado en
las convenciones colectivas de trabajo en ésta materia. Esa fue la voluntad del
constituyente primario, pero hoy, el Congreso mayoritariamente uribista,
apéndice del poder Ejecutivo, aprobó en la Comisión Primera de
la Cámara lo
que había sido rechazado.
Nadie
ignora que la principal causa del déficit fiscal no son las pensiones sino la
corrupción, la campaña reeleccionista que adelanta el gobierno y la deuda
externa con la banca mundial. Este año le pagamos 28 billones de pesos en
amortizaciones e intereses y el entrante pagaremos una suma igual o mayor.
Igualmente,
la crisis del régimen pensional en la que se encuentra el ISS y la Caja Nacional de
Previsión, tiene una sola causa, y es la de que con la ley 100 de 1993 se le
entregó al capital financiero a través de los fondos privados de pensiones el
derecho de apoderarse del ahorro de los colombianos. Tan es así, que hoy
estos fondos privados poseen 22 billones de pesos dedicados a la especulación
financiera, mientras el Estado a través de las reformas tributarias crea nuevos
impuestos y aumenta el IVA con el supuesto argumento de pagar las pensiones.
Ahí está el cinismo de este gobierno.
Son las dos caras de la moneda: el ISS agoniza y Cajanal se quiebra, los Fondos
privados especulan y obtienen grandes ganancias con el dinero de los
pensionados.
En
este gobierno todo es al revés. Mientras en el resto del planeta las pensiones
son un derecho natural que tiene el hombre para poder llegar a una vejez digna
que le permita sobrevivir los avatares de la vida, después de haber trabajado
durante más de 20 ó 40 años al servicio de un empleador y haber cotizado
permanentemente para la obtención de este derecho, en este país se volvió una
tragedia, porque no solamente les han aumentado la edad sino también las
semanas de cotización.
Cuando
anteriormente se necesitaban 500 semanas (10 años), en el 2015 se necesitarán
1.300 semanas (26 años de labores) y al mismo tiempo se ha disminuido en
importe de la pensión, ya que era del 65 al 85 por ciento del salario y hoy va
del 55 al 80 por ciento, pero además le quieren eliminar la mesada 14 y, para
terminar de condenarlos, desean imponer un impuesto a esas pensiones.
En
resumen, este gobierno, lo que quiere es que no haya pensiones porque
adquirirlas se convirtió en un crimen.
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