Luego del guayabo electoral, y habiendo sido ya reconocido el nuevo presidente de la República, bien vale la pena poner de presente los retos fundamentales que siguen a continuación.
El nuevo gobierno es en buena medida el resultado de un mandato para lograr la paz. La mayoría de las alianzas a quienes se les reconoció en el discurso poselecciones, lo hicieron alrededor del modelo de cese de violencia desarrollado en La Habana.
Está entonces en juego el lograr la firma de los acuerdos con las Farc y más adelante con el Eln, en el período más corto posible, y con el sueño esperado de incrementar el crecimiento del país y sus oportunidades. Se nos ha vendido de una y otra forma que los niños y jóvenes vivirán un país más próspero y con nuevas oportunidades, en el que la violencia será desterrada, y en el que habrá nuevos réditos para crecer a tasas más altas.
Lo primero a decir es que en este sueño no podemos caer en las cuentas alegres de quienes ven tasas de crecimiento del PIB de un 30 a 50% superiores a las actuales, en el corto o mediano plazo. Dice el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) que el país crecerá al 8,7% y llegará a un ingreso per cápita de US$16.700 dólares aproximadamente.
La realidad es que este sueño de la paz no produce tales efectos inmediatos, como no los ha producido en ninguno de los países en el mundo que han avanzado en la firma de acuerdos de paz. Lo primero a decir es que dichos acuerdos no implican necesariamente la reducción del conflicto y de que por ende no es posible ni en el corto ni mediano plazo reducir el gasto militar que viene a continuación de un conflicto armado. El mejor ejemplo son las bacrim (bandas criminales), que aun con la mejor desmovilización implicarán mucha más presencia militar para su control y manejo. Es igualmente necesario saber que hay costos adicionales por el cambio del rol del recurso humano militar y lo propio en costos asociados con la desmovilización de la guerrilla.
También es cierto que la reparación de víctimas puede ser fácilmente hasta de $70 billones. De igual forma, se estima que el efecto perdido en el PIB de la producción de droga por parte de la guerrilla oscila entre el 5 y el 8% del PIB.
De otro lado, la paz tiene que acompañarse de otros costos e inversiones, que son los que justamente garantizan una “paz estable y sostenible”. De esto alcanzamos a oír en el discurso del electo presidente, cuando habla de políticas sociales y de equidad. Una paz duradera supone muchas más inversiones en las regiones (incluyendo los municipios más pobres), presencia activa del Estado y su institucionalidad (justicia) en todo el territorio nacional, mejoramientos significativos en educación para la primera infancia y la educación superior (con alto componente de gratuidad), esfuerzos más agresivos en vivienda y salud, entre otros.
Todo lo anterior supone una financiación adicional, que o es por deuda pública o supone necesariamente un esfuerzo fiscal que desborda el actual ordenamiento y que supone una nueva reforma tributaria. Aquí, entonces, será necesario que la promesa de campaña de una eventual reforma tributaria sea todo un hecho.
El resultado se resume en un estudio de la prestigiosa consultora Raddar, que confirma que el posconflicto nos puede costar entre el 18 y el 20% del presupuesto nacional de los próximos 20 años. Recursos dirigidos a mantener la seguridad, a reparar víctimas, a la reinserción y a parte de la inversión social. Dicho monto no es menor, y desde ya supone que las “cuentas alegres” de una idea básica de la paz debemos financiarla y justificarla.
Bienvenida la paz como mandato, pero luego del guayabo electoral construyamos la paz sostenible en el largo plazo y pensemos en cómo la vamos a financiar y en qué priorizaremos para aumentar nuevos ingresos derivados de la mayor confianza en el país, así como estrategias que nos permitan crecer en lo social y en lo productivo de forma más equitativa.
jrestrep@gmail.com / @jrestrp
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