Sin una reforma, magistrados y jueces podrían hacer más eficiente la administración de justicia.
“Con el fallo sobre magistrados se inició la reforma de la justicia.” Así lo manifestó la presidenta del Consejo de Estado, la magistrada María Claudia Rojas, al referirse a la decisión que tomó la corporación de anular la elección del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte.
La magistrada aseguró que la medida sentó un precedente para cerrar la llamada puerta giratoria de las cortes. La determinación fue aplaudida porque, en opinión de expertos, como el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, “es un gran paso para acabar con la burocratización en la que han caído la justicia y las altas cortes”.
El exministro dijo que no es lo único que desde ya, antes de un trámite legislativo, se puede hacer para subsanar lo que no marcha bien en la justicia del país.
“Las decisiones que acaba de tomar el Consejo de Estado son el comienzo de un proceso que puede llevar a que la propia justicia vaya enmendando los errores de los que ha venido padeciendo”, señaló Esguerra.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, en entrevista con este diario, consideró que el Consejo de Estado ya solucionó sin una ley “el yo te elijo, tú me eliges”, pero se declaró en desacuerdo con la posibilidad de que a los magistrados se les cierre la puerta “para que puedan llegar a otras entidades dentro de la misma justicia o dentro del poder ejecutivo”.
De todas formas, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia vienen trabajando en una reforma, que esperan llevar al Congreso y que apunta a impulsar el sistema penal acusatorio.
Fuentes del Gobierno Nacional aseguraron que allí también se está preparando una propuesta de reforma de la justicia, que será socializada con la Rama y llevada al Congreso, la cual está basada en los lineamientos que ha entregado el presidente Juan Manuel Santos.
Facultad electoral
Para el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, “el sistema de elección de magistrados de las altas cortes, de candidato a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía ha traído politización e hizo crisis”.
En opinión de Gloria María Borrero, de la Corporación Excelencia en la Justicia, antes de un trámite legislativo, este asunto puede tener una salida en decisiones como la que tomó el Consejo de Estado, al anular la elección del magistrado
Francisco Ricaurte, pero también “con procesos serios para elegir candidatos que cumplan con los perfiles; que exista transparencia y se elimine el ‘lobby’ clandestino”.
Al respecto, el exvicefiscal Francisco José Sintura dijo que la única manera de lograr transparencia en la labor de elección que tienen los magistrados, antes de que una reforma les quite esa función, es a través del “cumplimiento de los procedimientos de mérito para elegir y no por razones políticas, como hoy ocurre”.
Choque de trenes
La Corporación Excelencia en la Justicia dijo que “son necesarias las sentencias de unificación para sentar precedentes judiciales, pero, además, que la Corte se regule frente a las tutelas contra sentencias. Deben hacer sostenible que ellos no legislan, que su misión es pedírselo al Congreso”.
El exministro Esguerra señaló, además, que “las providencias contra sentencias judiciales entre cortes deben ser una excepción”.
En este caso, ambos coincidieron en que son medidas que se pueden tomar sin tener que ir al Congreso.
La administración judicial
Exmagistrados y penalistas plantean que “los jueces pueden ser más severos con los abogados que abusan de los instrumentos y términos a su favor para sacarle ventajas a le ley. Los magistrados pueden aplicar las facultades que tienen para hacer llamados de atención, que casi nunca hacen, y así lograr que los jueces aprendan a medirse en su ejercicio”. Y Gloria María Borrero agregó que el Consejo de la Judicatura “tiene grandes fallas, como la implementación de códigos procesales, las cuales pueden ser remediadas sin necesidad de una reforma”. La eliminación de ese tribunal sí la requiere.
La tutela
El exministro Juan Carlos Esguerra planteó que la Corte Constitucional puede garantizar la adecuada aplicación de la tutela.
El exfuncionario dijo que es “necesario que se empiecen a delimitar los casos que sí son objeto de esta acción y se rechacen los que tienen otras formas de solución”.
El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, señaló que uno de los puntos que se trabajarán en la reforma de la justicia en cuanto a la tutela es el que tiene que ver con los instrumentos para que se aplique celeridad en los procesos. Aclaró, sin embargo, que está en manos de magistrados y jueces “hacer lo posible para aplicar en sentido estricto esas normas”.
Gloria María Borrero, de la Corporación Excelencia en la Justicia, afirmó que las cortes deben “buscar mecanismos prontos para luchar contra la mora en las tutelas porque es inaudito que magistrados de la Corte tengan tutelas sin resolver después de más cinco años”.
JUSTICIA
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