En su discurso la noche de las elecciones, el presidente Santos aceptó que escuchaba el mensaje de los casi siete millones de colombianos que no votaron por él y pedían una paz con justicia y sin impunidad.
Por su parte, Óscar Iván Zuluaga, en palabras que lo enaltecen, reconoció el triunfo del presidente, lo felicitó y resaltó el papel de las instituciones. “En la política, las personas somos un accidente, lo importante es fortalecer las instituciones y que se valorice la democracia,” dijo.
A estos mensajes de conciliación, es necesario ponerles carne muy pronto. El presidente debería convocar a todos los grupos políticos, incluyendo, por supuesto, al uribismo y a toda la oposición, a un gran acuerdo de reforma política, no sólo para acabar la reelección presidencial, sino también para crear un estatuto de la oposición, incluyendo un estatuto de garantías electorales y la eliminación del voto preferente. El presidente Santos ya planteó enviar al Congreso una reforma constitucional para acabar la reelección.
Y, cuando hacen falta políticas de Estado en varios frentes, el Gobierno debería también convocar a la oposición a hacer parte de los diálogos de La Habana. La presencia de todos los sectores democráticos fortalecerá la capacidad de negociación del Estado y legitimará un proceso que deberá ser aprobado en un referendo por todos los colombianos.
Para financiar el proceso de paz, la mejora en la calidad de la educación y muchos otros programas, hacen falta más recursos públicos. Muchos analistas y centros de investigación, como Fedesarrollo, argumentan que es necesaria una reforma tributaria. Yo creo que es un gran error pensar que la paz y la educación es solo una cuestión de mayores impuestos. Por dos razones. Primero porque, como lo ha dicho el saliente director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, aquí no hace falta una reforma tributaria, sino que la gente pague los impuestos que le toca pagar. Pero, quizá, el argumento más importante para no apresurarnos a plantear una nueva reforma tributaria es que hay que revisar primero la calidad y cantidad del gasto público. Ese ejercicio no se ha hecho en Colombia.
No tiene justificación hacer otra reforma tributaria para que los recursos de los colombianos se malgasten en mermelada o en subsidios a los ricos, como se ha denunciado con muchos subsidios agrícolas o como lo ha mostrado el Ministerio de Trabajo con las pensiones públicas. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para que las regalías se inviertan sin opacidades? Más que una reforma tributaria, lo que hace falta en Colombia es más transparencia. Nuestro país necesita con urgencia un gran sistema de planificación financiera —un ERP— con un componente de consulta amigable en tiempo real para todos los ciudadanos, como lo tiene el Perú. Y, por su parte, la Contraloría debería comenzar a fiscalizar el gasto público, no sólo por entidades, sino por proyectos de inversión.
El sector privado, los gremios y todos los sectores democráticos del país debemos exigirles al gobierno nacional, a los departamentos y municipios muchas más cuentas. No tiene sentido apresurarnos a plantear una nueva reforma tributaria sin debatir primero qué van a hacer para que el gasto público se torne más eficiente y transparente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario